La Fiscalía acusó a dos exejecutivos del Banco Popular (BP) de alterar datos para recomendar un crédito millonario en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, al tiempo que se habrían asociado con él para vender su marca en el país.
El 18 de diciembre del 2015, el mismo día en que el BP entregó el primer desembolso de $4,5 millones al Grupo JCB, propiedad de Bolaños, los entonces funcionarios Kendall Gómez Barrantes y Allan Bogantes Brenes inscribieron la sociedad anónima Akamsa ante la Autoridad Tributaria. Ellos figuraban como presidente y tesorero.
Según la acusación, aunque la inscribieron como una firma de asesoría financiera y actividades auxiliares, la sociedad tenía como fin la comercialización del cemento chino marca Sinocem, de acuerdo a lo negociado con Juan Carlos Bolaños.
El Ministerio Público sostiene que, mediante gestiones internas, aparentemente irregulares, el empresario del cemento chino logró acceder a una línea de crédito que le proveyó $13,5 millones en tres giros. Al final, quedó debiendo $4,5 millones que nunca pagó.
Los asesores bancarios habrían iniciado conversaciones para asociarse con Bolaños, para la distribución del cemento en el país, dos meses después de que, el 1.° de julio del 2015, el grupo JCB solicitó al Banco Popular la aprobación de la línea de financiamiento para capital de trabajo. En la sesión del Comité Gerencial de Crédito del Banco Popular, el 7 de octubre del 2015, los dos analistas de crédito defendieron la aprobación, la cual se dio ese día.
Para justificar la solidez de Bolaños, indicaron que en marzo de ese año “importó 7.000 toneladas de cemento que en 15 días fue vendido” y que en agosto hubo otra de 20.000 toneladas, que “están vendidas”. Por más cuestionamientos que hubo en la sesión, ambos respondieron a cada uno en favor del préstamo.
Juan Carlos Bolaños tenía un contrato de exclusividad con la marca Sinocem para los negocios en el país.
Como parte de sus funciones, Gómez y Barrantes tenían a cargo la emisión de un criterio al Comité General de Crédito Pleno del Banco Popular, para recomendar o no la aprobación de los préstamos que ellos tramitaban, de acuerdo con los lineamientos de la institución.
Ambos funcionarios habrían dado una falsa apariencia de solidez financiera por parte del Grupo JCB para justificar el otorgamiento de la línea de crédito, según la Fiscalía. Desde 2018, la Fiscalía, sostiene que el dinero se autorizó pese a que “no se realizó un análisis de la capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías”.
La Nación envió mensajes a teléfonos y correos electrónicos de los dos exfuncionarios del BP. En su respuesta, Gómez cuestionó la pertinencia de esta publicación y posteriormente aseguró que, por recomendación de su abogada, no daría declaraciones.
Hasta el momento de esta publicación, Bogantes no había respondido el correo electrónico que se le envió.
Este medio también localizó a Juan Carlos Bolaños, quien alegó que no ve necesidad de referirse al asunto al considerar que la cobertura de este medio sobre la acusación es tendenciosa.
El 13 de julio del 2022, la Fiscalía confirmó que acusa al empresario de 28 delitos.
Funcionario usaba celular del banco para comercializar cemento chino
Bogantes, uno de los imputados en el caso, argumentó ante la Fiscalía que creó la sociedad Akamsa junto con su compañero de trabajo para la importación del cemento chino, marca Sinocem, pero en asocio con una tercera persona, no con Juan Carlos Bolaños.
No obstante, en la solicitud de elevación a juicio, la Fiscalía manifestó que esa afirmación no tiene “mucha lógica”. Consideró que dentro de las pruebas que presentó se evidencia una amplia cantidad de llamadas entre ambos funcionarios y el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
También, señala que existía un contrato de exclusividad entre la marca Sinocem y el grupo de Juan Carlos Bolaños para la comercialización en el país, por lo cual, según el Ministerio Público, no resultaría “nada lógico que la intención de estos fuera importar de forma independiente el cemento”.
Incluso, la Fiscalía logró constatar que Gómez Barrantes, el segundo funcionario, utilizó el teléfono celular propiedad del Banco con el fin de comercializar el cemento. “Lo ofertaba en Internet e incluso el membrete de las facturas estaba a nombre de Sinocem”, señala la investigación.
El Ministerio Público agrega que, en todo caso, no resultaría lógico que la intención de los funcionarios fuera importar de forma independiente dicho de cemento, lo cual, igualmente generaba un conflicto de intereses ya que, de admitir ese argumento, la intención hubiese sido competir de forma directa con un cliente del Banco a quienes ellos atendieron.
En ese hipotético caso, alega la Fiscalía, los funcionarios hubieran priorizado sus intereses personales sobre los bancarios, debido a que su actividad hubiese podido generar “perjuicio para el Banco, ya que si su negocio resultaba provechoso, podría generar problemas en el plan de inversión del cliente del Banco”.
A Kendall Gómez la Fiscalía le atribuye tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica. A Bogantes, dos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica.
A Bolaños, en tanto, se le achacan tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública. La acusación incluye a otros tres personeros del Grupo JCB y a tres más del banco.
Empresa y funcionarios bancarios reportaron información falsa al Banco Popular
En octubre de 2015, los funcionarios Gómez y Bogantes, aparentemente asociados con Juan Carlos Bolaños, elevaron la recomendación afirmativa de aprobación de la línea de crédito a favor de Inversiones e Inmobiliaria S.A., del Grupo JCB.
Los ejecutivos emitieron ese informe con aval de su superior, de apellidos Delgado Negrini, quien también figura como imputado en la causa penal.
El ente superior acogió, en un primer momento, el informe emitido por los asesores bancarios. No obstante, luego surgieron dudas e inconformidades de los aprobadores, debido al seguro de caución aportado por Juan Carlos Bolaños.
Este reaseguro provenía de una agencia estadounidense llamada Savannah Insurance, la cual estaba inactiva y a la espera de un juicio de disolución, en aquel momento.
De esa manera, en diciembre de ese mismo año, el empresario del cemento chino ofreció una garantía real en sustitución. Se trata de una propiedad de 19,5 hectáreas ubicada en Grecia, Alajuela.
El Banco Popular aceptó la propiedad como garantía en la transacción crediticia. Con esa aprobación, Juan Carlos Bolaños obtuvo el primer desembolso el 18 de diciembre, dos meses y 11 días después de la aprobación en el comité de crédito del BP.
La Fiscalía sostiene que la propiedad de Bolaños, la cual tuvo que ejecutar el Banco Popular en 2017 por el impago del último tracto de $4,5 millones, en realidad está sobrevalorada.
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Ahí aparece otro funcionario del banco al que también acusa la Fiscalía. Se trata del perito institucional de apellidos Arias Silesky, a quien señala de haber introducido datos falsos para inflar la estimación del valor real del inmueble. La Fiscalía estima que tanto Gómez como Bogantes estaban al tanto de dicha situación.
El 9 de junio de 2016, al cumplirse seis meses, el Grupo JCB pagó el primer monto y solicitó, ese mismo día, el segundo. Los importadores justificaron la transacción ante la necesidad, según ellos, de ejecutar un plan de inversión para la importación y comercialización de cemento chino.
Para aprobar la emisión del segundo cheque, sin embargo, los asesores Gómez y Barrantes debían justificar ante la entidad financiera que Juan Carlos Bolaños efectivamente estaba cumpliendo con el esquema de negocio.
La Fiscalía sostiene que, por el contrario, el dinero se usó para pagar otra operación crediticia del grupo empresarial con el Banco de Costa Rica (BCR) y costear gastos personales de Bolaños.
Los funcionarios, supuestos socios del empresario del cemento chino, suscribieron un oficio mediante el cual recomendaron la aprobación del segundo subpréstamo, insertando información falsa, dice la acusación.
De acuerdo con la Fiscalía, señalaron que la empresa tenía capacidad suficiente de pago, cuando no era así. “Ellos tenían pleno conocimiento de que el deudor no era solvente para soportar el (nuevo) crédito a seis meses”, apunta la investigación.
“Otro aspecto que llama la atención es el hecho de que se había puesto como condición, por parte de los mismos imputados, que el desvío en el plan de inversión generaba la cancelación de la línea. Pese a que se dio el incumplimiento, no se procedió como se había pactado. Además de que consta en la prueba que se indica que se incumplió con el envío de la información por parte de la deudora, de los estados de cuenta auditados”, señala la investigación.
El Ministerio Público también señaló que, en apariencia, el Grupo JCB entregó al Banco Popular los mismos documentos de importación de cemento chino que reportaba simultáneamente al Banco de Costa Rica.
El esquema entre Juan Carlos Bolaños, Gómez y Barrantes lograron la justificación del segundo desembolso por otros $4,6 millones, que el grupo empresarial recibió el 12 de julio de 2016. No obstante, seis meses después, JCB incumplió con la fecha de pago por primera vez.
En diciembre de 2016, antes de que se presentara el atraso, el Banco Popular designó a otro funcionario de apellidos Thompson Camacho, como el encargado de analizar futuros desembolsos. Este colaborador logró evidenciar que la situación económica de Juan Carlos Bolaños resultaba “insostenible” y que ni siquiera aportaba los estados financieros de su empresa.
En febrero de 2016, cuando el grupo estaba en mora, Thompson entregó a la Dirección de Riesgo Corporativo un flujo de caja, combinando a todas las empresas de Bolaños, considerando ventas mensuales de 10.000 toneladas de cemento.
“No existe ninguna justificación ni evidencia de tales proyecciones”, alega la Fiscalía, quien también acusó a Thompson Camacho por el caso.
A pesar de que el Grupo JCB se mantenía en mora con el Banco Popular, los funcionarios Delgado, Negrini y Gómez (este último supuesto socio de Bolaños), aprobaron un refinanciamiento de la operación, por un monto de $4,5 millones, esta vez a un plazo de 180 meses.
El Grupo JCB, sin embargo, incumplió con el arreglo de pago que le ofrecía mejores condiciones.