Tres de los cuatro funcionarios del Banco Popular detenidos este miércoles como sospechosos del delito de peculado, defendieron el 7 de octubre del 2015 que la entidad bancaria diera un crédito de $5 millones al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas, quien al final no pudo cumplir con el pago.
El hecho consta en el acta número 12-2015 del Comité Gerencial de Crédito Pleno del Banco Popular, de la cual La Nación tiene copia.
Se trata de los empleados de apellidos Delgado Negrini, Gómez Barrantes y Bogantes Brenes, que laboran en la Dirección de Banca Empresarial y Corporativa.
El otro funcionario arrestado es de apellidos Alpízar Hidalgo y es el director precisamente de Banca Empresarial. Este también participó en la reunión pero solo hizo uso de la palabra en una ocasión.
Aparte de esas personas, el Ministerio Público también ordenó la captura este miércoles de Javier Rojas Segura, gerente general de Sinocem Costa Rica y otro empleado de esa compañía de apellidos Cortés Zúñiga. Sinocem, propiedad de Bolaños, fue constituida para la importación y comercialización del cemento traído de China.
La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, informó que se les atribuye el delito de peculado, que es la desviación de fondos públicos para beneficio personal.
Los implicados fueron indagados durante la tarde y este jueves se les solicitará seis meses de prisión preventiva en una audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda en los Tribunales de Goicoechea.
En este mismo caso está imputado Juan Carlos Bolaños, quien guarda prisión preventiva, y por el momento no va a ser indagado, informó la fiscala Navas.
Este es el cuarto operativo que realiza el Ministerio Público en un lapso de cinco meses y que está relacionado con los créditos que dio la banca estatal para la importación de cemento chino.
El abogado Fernando Vargas Zeledón, defensor de Javier Rojas, gerente general de Sinocem y uno de los detenidos, calificó la acción policial como "un show mediático".
"Veo el caso como poco serio (...) Yo no sé por qué se traen a una persona que simplemente fue un empleado. Él declaró que realmente no firmó ningún contrato ni negoció con el banco. Él simplemente llevaba papeles", agregó.
Empresa sólida
Según el acta del Comité Gerencial de Crédito del Banco Popular, los funcionarios Delgado y Gómez explicaron que el crédito de los $5 millones originalmente era para Sinocem Costa Rica pero que por ser una empresa de reciente creación se determinó que mejor fuera para Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, de Juan Carlos Bolaños.
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"El cliente o deudor (...) –dijo Gómez– se dedica a las actividades de proyectos inmobiliarios, movimientos de tierra, venta de productos de construcción, específicamente cemento y a futuro otro tipo de productos como varilla de construcción. Actualmente, tiene varios proyectos, siendo el más importante el que está en Santa Cruz, además, posee proyectos de tipo inmobiliario a nivel habitacional y comercial en otros sectores de Costa Rica, en Grecia, en San José, en Santa Ana y Ciudad Colón".
Agregó, en alusión al Grupo JCB, que en "marzo (del 2015) importó 7 mil toneladas de cemento que en 15 días fue vendido. También, habían hecho una importación para proyectos propios del Grupo como carreteras y un dique que desarrolló; en agosto (2015) hicieron una tercera importación de 20 mil toneladas que están vendidas".
El gerente general del Banco Popular, Geovanni Garro Mora, así como el subgerente general de negocios, Juan Carlos Li, quienes formaron parte del comité de crédito, fueron quienes más cuestionaron la solidez de Grupo JCB y la calidad del cemento chino.
Garro incluso hizo mención a publicaciones periodísticas en las cuales se criticaba la calidad del cemento usado en la construcción de un dique en Nosara de Nicoya, el cual la Comisión Nacional de Emergencias contrató al Grupo JCB.
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Al respecto, Bogantes Brenes explicó: "una de las empresas del Grupo, que es la constructora y alquiler (SIC), brinda servicios desde hace muchos años a la Comisión Nacional de Emergencias, al Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), al MOPT (al Ministerio de Obras Públicas y Transportes). Uno de los proyectos que la Comisión licitó y ellos ganaron fue el dique de Nosara.
"El dique comenzó a cuestionarse por los vecinos y una asociación ecológica en cuanto a la calidad del cemento y el trabajo que se hizo. Cuando conversaron con la empresa entregaron copia de la licitación con la especificación que requiere el dique, la cual es 2,5 sacos de cemento por tonelada cúbica, cuando lo recomendado en este tipo de mezcla son 8 sacos, eso por un tema de costo. La Comisión no estuvo dispuesta a pagar ese costo adicional", dijo.
Geovanni Garro también preguntó sobre el riesgo que significaba traer cemento desde China y cómo funcionaban las pólizas.
Delgado explicó que los embarques venían asegurados desde la fábrica en China hasta las bodegas que el Grupo JCB tenía en Caldera y Escazú.
"Viene con un seguro 'puerta a puerta', el riesgo de comercialización siempre que hay un producto nuevo es latente y lo que ha hecho la empresa es ir buscando contratos con ferreterías de menor tamaño que les permitan vender el cemento (...) JCB busca con el financiamiento el poder contar con una continuidad de abastecimiento de cemento (...) la expectativa de ellos es abarcar un 20% del mercado", explicó.
El comité de crédito del Popular luego de analizar el caso decidió ese 7 de octubre del 2015, otorgar el crédito de $5 millones a Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB.
Para la Fiscalía, esa línea de crédito se autorizó pese a que "no se realizó un análisis de la capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías".
Asimismo, para el Ministerio Público, "Bolaños justificó al Banco Popular que ese dinero iba a ser utilizado para la compra de cemento procedente de China, pero presentó la misma Declaración Única Aduanera (DUA) con la cual justificó el crédito que le otorgó el Banco de Costa Rica.
"Las DUA son documentos que se entregan por cada importación que una persona haga, por lo que no puede haber una misma declaración para dos importaciones diferentes".
Emilia Navas dijo que, además, el 26 de abril del 2017, "el Banco Popular aprobó una operación de refinanciamiento por un monto aproximado a los $4,5 millones, por el plazo de 15 años, al margen de las alertas que debieron haber impedido un segundo giro de dinero, pues el empresario estaba en mora con el préstamo millonario del 2015".
Como lo informó La Nación desde el 21 de setiembre del año pasado, el Grupo JCB al final no respondió por el crédito que recibió del Popular, por lo cual, el banco se hizo de tres propiedades que Bolaños puso a responder, una en Grecia y dos en Tempate, en Santa Cruz, Guanacaste. Aunque fueron puestas a remate, nadie se interesó por ellas y ahora lo que procedería sería la venta.
Colaboró con esta información la periodista Natasha Cambronero