La Fiscalía General de la República abrió una causa penal para confirmar o descartar si una oficina asesora de Casa Presidencial accedió a datos confidenciales de los habitantes que están en manos de instituciones públicas.
La oficina de Prensa de la Fiscalía confirmó que abrió el expediente ante tres denuncias y un informe de la Defensoría de los Habitantes, entidad que le pidió un peritaje técnico al Ministerio Público.
“La investigación se encuentra en la etapa preparatoria, en la que se trabaja en la recolección y análisis de pruebas que permitan acreditar o descartar la existencia de una conducta delictiva en los hechos referidos, así como las personas presuntamente responsables”, informó la Fiscalía General
La Defensoría de los Habitantes abrió una investigación legal y técnica el lunes porque, el viernes, trascendió que un decreto publicado el 17 de febrero, el cual creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), le daba acceso a esa oficina a datos confidenciales en manos de las instituciones.
El viernes 21 de febrero, el presidente Carlos Alvarado derogó el decreto.
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El gobierno sostiene que la redacción del decreto es un error.
El lunes, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, ofreció acceso a las computadoras, e incluso mensajes, de esta oficina, pues sostiene que, en ningún momento, sus funcionarios accedieron a información sensible o confidencial de las personas.
De hecho, Morales envió una comunicación oficial, el mismo lunes, a la fiscala general, Emilia Navas, en la que afirmaba que la Presidencia se ponía a disposición de las investigaciones.
La UPAD es una oficina con tres funcionarios que asesora al presidente.
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