El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, investiga el origen del dinero que se usó en la campaña presidencial de Fabricio Alvarado Muñoz, del partido Nueva República, en las elecciones del 6 de febrero del 2022.
“Se denunció que, aparentemente, se traería una cuantiosa suma de dinero para pagar deuda adquirida en el marco de las elecciones nacionales”, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público, por correo electrónico, ante una consulta de La Nación.
La investigación se abrió el 14 de mayo del año anterior, tras una denuncia anónima, bajo el expediente N.° 22-00594-0053-PE y, actualmente, se encuentra en la etapa de investigación.
“La causa se tramita en la Fiscalía General por investigarse a una persona miembro de los supremos poderes (...). Se tramita contra una persona de apellidos Alvarado Muñoz”, precisó ese departamento.
Fabricio Alvarado fue candidato presidencial y, aunque quedó de tercero, sí entró al Congreso como diputado porque tenía doble postulación.
En específico, se indaga la presunta comisión de un delito de recepción de contribución privada ilegal, el cual es regulado y sancionado por el artículo 275 del Código Electoral con penas de dos a seis años de prisión.
El inciso d de ese apartado castiga con esa pena a los candidatos que reciban contribuciones directamente.
Además, la Fiscalía General investiga si los hechos podrían constituir una violación al artículo 68 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Ese numeral castiga con “pena de prisión de 5 a 15 años a quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la legitimación de capitales, con el propósito de financiar actividades político-electorales o partidarias”.
Espera desestimación
Consultado sobre la investigación en su contra, el diputado Alvarado insistió en que “se trata de una denuncia temeraria y falsa”.
“Se corroboró que no tenía asidero. Quien denunció de forma anónima dio datos que la Fiscalía corroboró que no eran ciertos. Por eso se está esperando la desestimación pronta”, enfatizó.
Tras las declaraciones de Alvarado, este diario consultó al Ministerio Público ¿si está en proceso de redacción o en trámite una solicitud de desestimación en este caso? ¿Y si el trabajo investigativo elaborado hasta ahora ha llevado a descartar la denuncia o ha habido elementos para continuar con la pesquisa?
La Fiscalía General respondió, también por escrito, que “esta información no puede brindarse de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal, puesto que la etapa en que se encuentra el caso es privada”. Tampoco brindó más detalles sobre el caso y los hechos denunciados.
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Gastos de la pasada campaña
Ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Nueva República reportó que gastó ¢2.638 millones durante la pasada campaña electoral. Un 40% de esa suma (¢1.047 millones), la destinó para el pago de remuneraciones.
Para financiar esos gastos, la agrupación obtuvo financiamiento del banco Promérica, a través de un fideicomiso, cuyo fiduciario es la firma Consultores Financieros, Cofin S. A. Y como respaldo dio en cesión bonos de deuda política, serie A, por ¢3.000 millones.
Además, obtuvo ¢300 millones del dueño de las empresas Pedregal, Rafael Ángel Zamora Fernández. En un inicio, durante la campaña, se dio a conocer que él giró esa suma de dinero y como respaldo recibió certificados de cesión por ¢345 millones. Sin embargo, los bonos eran de clase B, y no cobraron valor ante el poco caudal electoral que obtuvo Nueva República en las urnas.
La Nación reveló que Zamora Fernández embargó las cuentas de la agrupación por ¢502,4 millones mediante una solicitud hecha al Juzgado de Cobro de Heredia. La gestión se debió al presunto impago de un préstamo que hizo al partido en diciembre del 2021, antes de las últimas elecciones nacionales.
De acuerdo con Gavridge Pérez Porras, quien es el representante legal de Zamora Fernández, se trató de un préstamo a corto plazo, que debía pagarse a inicios del 2022 y que no se canceló en la fecha acordada. Precisó que su cliente intentó llegar a un arreglo de pago con los personeros de Nueva República, pero no se logró, por lo que le aconsejó acudir a la vía judicial.
Precisó también que ese préstamo fue por ¢300 millones, que los ¢202,4 millones restantes era un estimado por intereses y las costas del proceso, y que como respaldo, su cliente cuenta con un pagaré firmado por los personeros de la agrupación.
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