El dueño de empresas Pedregal, Rafael Ángel Zamora Fernández, el mercadólogo Iván Barrantes Ruiz y otras ocho personas recibieron bonos de deuda política de la campaña de Fabricio Alvarado, por ¢435 millones, que pasadas las elecciones no adquirirán ningún valor económico.
De acuerdo con una proyección elaborada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), estos certificados, correspondientes a la segunda emisión (categoría B) del Partido Nueva República (PNR), no podrán ser reembolsados debido a que los votos obtenidos en las elecciones nacionales por la agrupación política fueron insuficientes.
En tanto, la primera emisión por ¢3.000 millones (categoría A) solo obtendría alrededor del 76,5% de su valor facial, es decir, ¢2.296 millones. Nueva República entregó la totalidad de esos bonos a Consultores Financieros Cofin S. A. como garantía de un préstamo bancario para financiar los gastos de campaña.
La formación fabricista obtuvo 14,5% de los votos totales para diputados y presidente de la República el pasado 6 de febrero. Con esos resultados, el partido tiene derecho a ¢2.870 millones de deuda política en el supuesto de que el TSE avale toda la liquidación de gastos.
El 19,4% de esos recursos los debe reservar para gastos de organización y otro 0,6% para capacitación; lo que queda del monto restante debe destinarlo al pago de bonos, según la legislación electoral.
‘Estos son los riesgos con los que se juegan’, dice tesorero del partido.
Los tenedores de bonos que resultaron más afectados por los bajos resultados electorales de Nueva República son Rafael Ángel Zamora, dueño de las empresas Pedregal, así como Iván Barrantes, quien fungió como asesor de Fabricio Alvarado en la campaña electoral.
Zamora compró bonos valorados en ¢345 millones con 15% de descuento, en tanto Barrantes aceptó ¢51 millones en certificados, como una parte del pago de su contrato. Esos bonos ahora no son más que papeles sin ningún valor económico.
Entre las personas que adquirieron bonos B de la campaña electoral de Alvarado también está Gonzalo Delgado, propietario de Constructora Delgado y expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), al igual que David Zamora Mora, hijo del propietario de Pedregal. Delgado compró bonos por ¢9,25 millones.
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El tesorero de Nueva República, César Zúñiga, aseguró que todos los tenedores aceptaron las transacciones conociendo los riesgos que conllevan los bonos de deuda política.
“Contra toda colocación del certificado de cesión hay un conocimiento previo por parte del eventual tenedor de los riesgos que implica una inversión de este tipo. El mismo documento que se les entrega contra la adquisición desglosa puntualmente las condiciones bajo las cuales se materializa el acto. Dicho documento obedece a un formato y requiere del visto bueno del órgano técnico del TSE para poder ser colocado.
“En segundo lugar, como ocurre siempre en estos casos, la adquisición de certificados de cesión de deuda política constituye una inversión de los tenedores de los títulos valores, que se basan en el riesgo contra una prestación económica o descuento”, declaró Zúñiga.
‘Si la apuesta no resultó, no resultó', dice tenedor de bonos B.
La Nación se contactó con el dueño de Pedregal para conocer sus impresiones, no obstante dijo que este viernes no podía atender consultas.
En tanto, Iván Barrantes aseguró que es un asunto “normal” pues sabía el riesgo de los bonos y afirmó que los tenedores de certificados clase B “somos las víctimas del perverso sistema de financiamiento electoral que tenemos” en Costa Rica. Alegó que el sistema está diseñado para que “los bancos sí tengan ganancia”.
Las agrupaciones políticas con mayor expectativa de votación usualmente colocan las emisiones clase A en bancos, que son más seguras de obtener valor pasadas las elecciones, como garantías de préstamos bancarios.
Asimismo, son las mismas estructuras las que definen el monto que les asignan a cada una de las emisiones de certificados de cesión. También deciden poner bonos a la venta o si los entregan en su totalidad a un banco para obtener financiamiento crediticio.
El mercadólogo aseguró que aceptó los certificados clase B como método de pago por la asesoría brindada al candidato y al partido político.
“El Tribunal tiene un concepto de razonabilidad de mercado (para consultores). Yo lo invito a que usted vaya a cada partido para ver cómo le pagaron a cada consultor, va a ver que no va a encontrar nada. Eso es imposible de liquidarlo vía Tribunal porque el modelo es malo, está apalancado en modelos de desconfianza.
“Entonces uno tiene que irse a recursos como estos con bonos B, tratando de que la apuesta le resulte. Si la apuesta no resultó, no resultó”, concluyó Barrantes.
Resultados insuficientes.
El tesorero del partido, César Zúñiga, reconoció que esperaban una mayor votación para su candidato presidencial, el fundador y actual diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado.
“Nuestro candidato punteó casi hasta el final por el orden del 17% del padrón, lo que generaba interesantes perspectivas de recuperación. Al final, el porcentaje alcanzado anduvo por un poco más del 10% de la votación total. Con las tendencias tan volátiles del comportamiento electoral, estos son los riesgos con los que se juegan”, sentenció Zúñiga.
Por su parte, Iván Barrantes aseguró que los resultados no fueron malos, al argumentar que Nueva República participó por primera vez en las elecciones nacionales.
“El resultado electoral en sí, es un resultado electoral bueno para un partido emergente que no tiene tres años de existir. La gente insiste en hablar del 2018, pero eso fue un golpe de suerte para todos, tanto así que Carlos Alvarado fue presidente”, dijo Barrantes.
En la primera ronda electoral, Fabricio Alvarado reunió el 14,88% de los votos para presidente de la República y quedó en la tercera casilla, por detrás del exmandatario José María Figueres (27,28%) y el actual presidente, Rodrigo Chaves (16,78%).
A criterio del estratega político “lo que mató a Nueva República fue el quiebre de voto”, pues recibió menos sufragios para diputado.
Nueva República es la cuarta fuerza del Congreso con siete diputados, por detrás de los partidos Liberación Nacional (PLN), el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
De acuerdo con Barrantes, la campaña de Nueva República esperaba tener al menos un diputado por Heredia y Cartago, donde no obtuvieron representación, así como ganar otra curul en Puntarenas y pelear otras diputaciones.
