El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este jueves la ley que endurece las sanciones a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas, al tiempo que fortalece la regulación.

Al hacerlo, afirmó que en Costa Rica aún puede haber mercados controlados por dos competidores.

“Puede que ese sea el caso en el mercado costarricense en algunas áreas y, cuando hay solo dos competidores, que hay poca competencia, hay un gran riesgo que le llaman la colusión. Eso es que dos competidores se pongan de acuerdo y establezcan precios con alta marginación y eso puede afectar, otra vez, el bolsillo de los costarricenses”, dijo el mandatario sin citar ejemplos.

De igual modo, mencionó que la “información imperfecta” de los mercados ocasiona que los usuarios no tomen una decisión “libre y justa” al momento de adquirir un bien o servicio, al tiempo que señaló la existencia de prácticas desleales entre empresas.

“Todo ese tipo de fenómenos afectan a los costarricenses en precios que pagan y afectan el día a día. Para ello se constituye una figura para regular y promover competencia con independencia, que no sea la política la que decida sobre el mercado, sino la técnica”, consideró el mandatario.

Se trata de la Ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia, la cual es uno de los requisitos que el país debe cumplir para poder ingresar a Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un club de más de 30 países que en conjunto elabora prácticas para el desarrollo en áreas económica y social.

En presencia de diputados y ministros del área económica y de tecnología, el presidente sostuvo que esta ley favorece el bolsillo de los ciudadanos al regular la competencia para mejorar precios y elevar la calidad de los servicios.

La legislación contiene sanciones contra prácticas monopólicas, las cuales podrán ser aplicadas por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). Como autoridad, este organismo tendrá mayor independencia económica, técnica y funcional, según la ministra de Economía, Victoria Hernández.

Como máxima sanción, la ley establece que las empresas paguen el 10% del volumen de sus negocios si incurre en este tipo de faltas. Sin embargo, posibilita la reducción las sanciones si la firma reconoce su mala práctica.

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La nueva legislación ley divide las infracciones entre leves, graves y muy graves.

Entre las infracciones leves están la de brindar información incompleta o sin justificación de la autoridad respectiva; notificar de una operación de concentración económica de forma tardía, pese a un mandato legal, o entorpecer una investigación ordenada por la ley.

Las graves son hechos como negarse a dar información a la autoridad competente sin justa razón o dar información falsa, alterada o engañosa. De igual forma, sería grave impedir la investigación o inspección de una autoridad de competencia.

Una infracción muy grave incluye las prácticas de monopolio relativas y absolutas, incumplir una resolución de la autoridad de competencia respectiva e incumplir una medida cautelar, por citar algunos ejemplos.

Las sanciones por infracciones leves tendrían multas de entre el 0,1% y el 3% del total de los negocios de la empresa, las graves contienen multas desde el 0,1% hasta el 5% del volumen de negocios, y por las muy graves un agente económico podría llegar a pagar en multas hasta el 10% del volumen de su actividad.

Las autoridades de competencia amparadas en la ley son Coprocom y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Esta última se regirá por la Ley de Telecomunicaciones para aplicar sanciones.

Tras firmar la ley, el mandatario aseguró que el país es considerado caro, en parte, por el encarecimiento de productos y servicios a través de prácticas fuera de la transparencia y de la sana competencia.

Por su parte, la ministra de Economía explicó que con esta legislación se aspira a tener un Estado fuerte y moderno en capacidades de control y fiscalización en materias de competencia; al tiempo que las empresas deben entender que tienen deberes y derechos, y que estas sean “responsables, leales y denuncien”.

“Que respalden con sus actuaciones la interacción en el mercado”, expuso.

Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior, insistió en que esta ley es uno de los requisitos que el país debe cumplir para ingresar a la OCDE.

“Que el Estado se convierta en facilitador de la economía y también proteger a los más vulnerables para alcanzar mejores índices de desarrollo”, expuso Jiménez.

Elías Soley, presidente de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), celebró la nueva legislación.

“Representa un avance significativo no solo en el proceso de acceso a OCDE, sino en que estamos elevando el estándar para hacer negocios en Costa Rica. Contar con una legislación robusta en el campo de competencia, incentiva a las empresas a competir e innovar constantemente.

"Eesto provocará un beneficio directo a los consumidores, quienes van a tener más opciones para adquirir bienes y servicios a precios competitivos”, comentó Soley.

El camino hacia la OCDE

Con esta ya son diez las leyes específicas aprobadas en el Congreso para cumplir requisitos para ingresar a la OCDE. Faltan otras cinco, entre ellas la de supervisión en el mercado financiero y la reforma que busca agregar dos asientos del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Jiménez añadió que otras leyes en general también contienen requisitos para ingresar a ese foro, como la reforma fiscal y la de empleo público.

De acuerdo con la ministra, en marzo próximo el comité económico y de desarrollo de ese organismo evaluará los avances del país en el cumplimiento de los requisitos.

Luego, probablemente entre abril y mayo próximos, ese foro decidirá si Costa Rica ingresa como país miembro a partir de 2020.