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La orden de dar marcha atrás con el cambio de jornadas para 12.000 policías de todo el país, originalmente anunciada por el presidente Rodrigo Chaves Robles como parte del plan Costa Rica Segura, fue aplaudida por representantes sindicales que más bien llaman a dotar de equipos, patrullas y avituallamiento a los oficiales de seguridad.
Xiomara Rojas Sánchez, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), declaró que más allá de la improvisación que hubo para cambiar las jornadas sin previa negociación, lo que sí es necesario poner sobre la mesa son las condiciones en que laboran los policías.
Reveló que 125 de las 600 delegaciones de la Fuerza Pública tienen órdenes sanitarias por las condiciones insalubres en las cuales laboran los agentes. Igualmente, demandó discutir cómo mejorar la calidad de la alimentación y los menús en las comisarías y también definir un mecanismo para entregar nuevas botas de trabajo.
Las condiciones geográficas también inciden. No se puede aplicar, dijo, un horario igual en la ciudad, que en punta Burica, el punto más extremo del país en la frontera con Panamá, donde los policías tienen que salir por el lado panameño luego de una travesía de horas. Afirmó que en las fronteras no se puede sacar a los oficiales cada tres días, por el costo que eso implica.
Desde la Unión Nacional de Policías (UNP), el secretario adjunto, Marvin Vargas Castro, quien tiene 13 años de ser policía, también reclamó resolver la falta de patrullas y de motocicletas, así como por una mejor alimentación. Califica de “urgente” atender el pésimo estado de delegaciones y explicó que muchas veces trabajan los oficiales laboran más allá de las jornadas sin que les reconozcan horas extra, lo cual incide en la desmotivación del personal.
La situación de los vehículos para patrullar es crítica. La Fuerza Pública cuenta con 3.000 vehículos y el 40% está “en el suelo”, declaró el ministro de Seguridad, Jorge Torres a La Nación en una entrevista el 20 de marzo. Especificó que al menos 1.000 vehículos deben ser completamente reparados, lo cual, dijo, incluso sale más caro que comprar unidades nuevas.
Por ejemplo, en Limón, el 58% de las patrullas estaban, en febrero, en el taller para esperar por reparaciones debido a que no se dispone de dinero para comprar nuevas unidades. En esa provincia del Caribe, hay 43 patrullas y 69 motocicletas, pero, de ellas, 25 patrullas están fuera de servicio por condiciones mecánicas.
De hecho, hace un año, el 18 de abril del 2022, falleció el policía Michael López Cruz, de 31 años, quien llevaba nueve años en el oficio, cuando la patrulla en que viajaba por Bananito, Limón, volcó debido al estallido de una llanta que, al parecer, estaba totalmente desgastada.
Una bitácora escrita dos días antes del accidente por el oficial Arnulfo Barahona, indicaba que las llantas de la unidad 4091 estaban en “pésimo estado”; además el auto ya requería un cambio de aceite y tenía problemas en la rótula de dirección.
Mainor Anchía, de la seccional ANEP-Fuerza Pública, denunció desde el 26 de abril del 2022, en su cuenta de Facebook, que en ocasiones los policías solo comen gallo pinto, y nada más. En esa ocasión publicó fotos del plato.
“Hay más restricción en cuanto a alimentación, hay faltantes de botas, uniformes, patrullas en pésimas condiciones, delegaciones en mal estado. Ahora los oficiales nos han comentado que hay reducción en cuanto a los patrullajes preventivos”, dijo en ese entonces. Para sustentar su denuncia, divulgó fotos de patrullas totalmente deterioradas y con asientos hechos pedazos.
De acuerdo con la nueva Ley de Empleo Público, el Gobierno fijó para los policías que entran a partir de marzo un salario global desde ¢477.915 para el agente 1.
