Nogui Acosta, exviceministro de Hacienda, apoyó la moción del presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, la cual pretende dejar en manos del Ministerio de Hacienda la posibilidad de contratar un sistema de rastreo de licores para combatir el contrabando.
Benavides le presentó la moción al proyecto de ley del diputado Daniel Ulate, de Liberación Nacional (PLN), el cual hace obligatorio el sistema pese a que Hacienda sostiene que es demasiado costoso en relación con el beneficio que generaría.
Esa posición la expuso Acosta cuando compareció en el Congreso, este año, como viceministro de Hacienda.
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"Esa siempre fue mi posición. La acción del Gobierno, cuando se dispone de bienes públicos, es hacer un análisis de costo beneficio, porque a quien le toca pagar es a los costarricenses.
“Cualquier obligación al Estado puede prestarse para negocios subterfugios o permitir ganancias a quien obligatoriamente debe hacer el Estado”, declaró Acosta.
No obstante, la moción de Carlos Ricardo Benavides fue rechazada el miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
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De esta manera, el proyecto regresará al plenario para su trámite final manteniendo la obligatoriedad de contratar el sistema de rastreo.
El texto de Benavides mantiene el espíritu del proyecto de ley, como lo es prohibir la adulteración, falsificación e imitación de bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando. También faculta a las autoridades correspondientes a actuar en contra de esos ilícitos.
En esa línea, permite la trazabilidad fiscal y la identificación de bebidas alcohólicas ilegales.
Empero, propone que Hacienda “podrá establecer” un mecanismo de control a la importación legal y producción de bebidas alcohólicas. O sea, no establece la obligatoriedad de implementar el sistema de control.
Además, deja a opción de ese ministerio la posibilidad de aplicar esa tecnología a los productos que “así lo requieran”, siempre que se realicen estudios que demuestren una “real” actividad ilícita con respecto al producto; además, que determinen el costo y la eficiencia de la medida.
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En este aspecto, Benavides explicó que como ese tipo mecanismos de control lo terminan pagando los contribuyentes o los consumidores, se establecería que Hacienda “deberá evaluar, antes de imponer, el costo- beneficio de la medida”.
También la moción incluye que en caso de que Hacienda requiera contratar al proveedor del servicio, el proceso se deberá realizar a través de “licitación pública, abierta y transparente”.
Con una licitación de este tipo, dice la redacción, se pretende evitar manipulación indebida y se garantiza el cumplimiento de compromisos anticorrupción del país.
Se excluirán a los proveedores de esa tecnología que “posean antecedentes de corrupción tanto a nivel nacional como internacional por parte de la empresa oferente, sus filiales, sus directivos o representantes”.
La moción también establece excluir a los oferentes relacionados con la industria, para evitar posibles conflictos de intereses.
Antes de que el proyecto de Ulate sea sometido a votación en primer debate, Benavides tiene la posibilidad de reiterar su moción ante el plenario.
