“Debe avanzar”. Esa es la posición del presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la reforma a las pensiones de lujo que objetan los magistrados de la Corte Plena por considerar que afecta la “organización y funcionamiento del Poder Judicial”.
La reforma la conforman dos proyectos de ley: los expedientes 21.035, de la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, y 21.537, del socialcristiano Pedro Muñoz.
El mandatario declaró estar dispuesto a incluir esa reforma en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (donde el Poder Ejecutivo dispone qué discuten los diputados), que se van del 1.° de diciembre al 30 de abril. “Sería, si no se aprueba antes, uno de los que convocaríamos”, añadió.
El lunes, por votación de mayoría, la cúpula de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de los dos proyectos de ley para tasar las jubilaciones altas.
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Alvarado indicó que el Poder Ejecutivo seguirá impulsando proyectos como el de la legisladora Xiomara Rodríguez “porque es lo oportuno”.
“Creemos que eso debe avanzar, y eso es consistente con lo que hemos hecho en esta administración y lo que hemos hecho desde antes”.
Recordó que su actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, siendo jerarca del Ministerio de Trabajo durante la gestión anterior, intentó activar el tope de ¢2,2 millones que estaba estipulado en la ley desde 1998, pero que nunca se había aplicado.
“A don Víctor, cuando era ministro de Trabajo, le correspondió reglamentar una ley que era de 1998, si no me equivoco, para ponerle tope a las pensiones, tema que fue llevado a la Sala Constitucional (por pensionados que reclamaron el rebajo)”, expresó Alvarado.
Agregó que él mismo tuvo que hacer frente al asunto cuando fue ministro de esa misma cartera.
“Cuando varios pensionados llevaron esos temas a la Sala, siendo yo ministro de Trabajo, recurrimos eso (la impugnación de los jubilados al tope), porque nos parecía que no era oportuno”, comentó.
Posteriormente, agregó el mandatario, él y su gabinete se presentaron ante los 22 magistrados del Poder Judicial para pedir que la Sala Constitucional se pronunciara sobe el tope.
“Fuimos y llevamos el tema a la Sala Constitucional para que hubiera una resolución sobre pensiones de lujo, y la Sala emitió su criterio (en diciembre de 2018)”, concluyó.
Los proyectos de ley de los dos diputados proponen el cobro de contribuciones especiales solidarias a una mayor cantidad de jubilaciones de lujo del Poder Judicial, Gobierno y Magisterio Nacional.
Los aportes solidarios son deducciones a las pensiones muy altas, en solidaridad con el resto de la sociedad.
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La iniciativa de la congresista Rodríguez pretende cobrar contribución solidaria a las pensiones mayores de ¢2,6 millones en el Poder Judicial, puesto que, en esa entidad, hoy solo se cobran a las jubilaciones superiores a ¢4,4 millones.
En tanto, el diputado Muñoz sugiere imponer este cobro a las jubilaciones mayores a ¢1,6 millones. Este monto corresponde al máximo pagado por una pensión en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero sin la postergación del retiro.
Las contribuciones solidarias promovidas por el socialcristiano se aplicarían entre un 10% y un 80% sobre el exceso de esos ¢1,6 millones, dependiendo de cuán alta sea la pensión.
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