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Un dudoso proyecto, que obligaría al Ministerio de Hacienda a contratar un millonario sistema de rastreo de licores, avanzó esta tarde en la Asamblea Legislativa con algunos cambios.
La iniciativa, presentada por el diputado liberacionista Daniel Ulate, no establece un sistema de financiamiento y continúa con su trámite a pesar de la advertencia de Hacienda de que su implementación les podría costar entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones anuales a los contribuyentes.
Debido a esos costos, Hacienda estima que aplicar esos controles impactaría negativamente en las finanzas públicas, debido a que costaría más de lo que se pretende ingresar, a menos que la recaudación de impuestos por este tipo de bebidas suba entre un 31,5% y un 357,5%.
Esta tarde, la Comisión de Asuntos Económicos discutió las 52 mociones de fondo presentada hace dos días, de las cuales rechazó 51 y aprobó una presentada por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, Paola Vega y Luis Ramón Carranza.
Entre las rechazadas destaca una del diputado liberacionista y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, que proponía dejar a criterio de Hacienda la posibilidad de implementar el mecanismo de control que opera con código de barras y etiquetado de botellas, siempre que se realizaran estudios técnicos que demostraran un beneficio en la relación costo-beneficio.
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La moción de Benavides fue rechazada por siete de los ocho diputados presentes. Votaron en contra los liberacionistas Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate; los legisladores del PAC, Paola Vega y Luis Ramón Carranza; Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Giovanni Gómez, de Restauración Nacional (PRN).
A favor votó María Inés Solís, del PUSC.
No obstante, Benavides tendrá posibilidad de reiterar su propuesta una vez que el texto sea discutido en el plenario, antes de ser sometida a primer debate.
En tanto, la moción aprobada con una votación de 7-1, mantiene la obligatoriedad para que Hacienda contrate un mecanismo tecnológico de identificación de bebidas alcohólicas para controlar su importación y producción.
Del mismo modo, establecería que, en caso de que ese ministerio “requiera” contratar un proveedor externo del servicio, deberá hacerlo con base en la Ley de Contratación Administrativa con los parámetros de licitación pública, cosa que ya exige la legislación actual.
Además, ordenaría excluir proveedores del sistema con antecedentes de corrupción a nivel nacional e internacional, o que esté directa o indirectamente relacionado con la industria de tal modo que genere un posible conflicto de intereses.
“Para determinar antecedentes de corrupción”, dice la nueva redacción, se entenderá como una sola empresa tanto a filiales como a sus directivos o representantes, así como a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras que formen parte de un mismo grupo de interés económico.
Respaldaron esos cambios los diputados Thompson, Niño, Ulate, Vega, Carranza, Muñoz y Gómez. En contra votó la socialcristiana Solís.
Vega defendió los cambios. “Me parece que se estaría garantizando transparencia cumpliendo el objetivo inicial que es trazabilidad fiscal y salud pública. Es más, evitar el contrabando y la adulteración y garantizamos que no se vaya a dar conflicto de intereses ni tráfico de influencias ni una contratación indebida”, expuso la congresista oficialista.
Dichos cambios aprobados estaban en la moción de Benavides que fue rechazada, así como en otra presentada por aparte por el presidente legislativo.
No obstante, la comisión no los acogió alegando dudas en su redacción y señalando que su contenido estaba cubierto en la moción aprobada.
Ulate afirmó que, con los cambios aprobados a su proyecto, se deja claro que no tiene injerencia en lo que vaya a determinar Hacienda al momento de contratar al proveedor, aunque sí se le obliga.
Descartó alguna relación suya con el expresidente José María Figueres, quien ofreció un servicio similar a Hacienda.
Figueres es presidente para América Latina de la compañía suiza SICPA, la cual ha obtenido contratos para vender a cuatro gobiernos de la región un mecanismo de códigos de barras y etiquetado de bebidas, similar al que propone Ulate.
Uno de esos contratos se desarrolló en Brasil, en donde el ex vicepresidente de la firma fue condenado por pagar sobornos por $15 millones a un alto funcionario estatal para ganar la licitación.
Figueres alega que ese “consultor” fue despedido.
“Él es un representante de nuestro partido y yo no sabía que él tenía su representación. No tengo relación ninguna con José María”, aseguró Ulate.
Ulate reconoce que no existen datos sólidos en el país sobre contrabando de licores y, tampoco, aporta datos de lo que podría costar el servicio. Ulate aduce que esto último no le corresponde.
Sin embargo, considera que los legisladores tienen la obligación de dar una herramienta legal.
También, afirma creer en la capacidad de los técnicos de Hacienda para desarrollar estudios que demuestren la rentabilidad de los controles, a pesar de que rechaza los actuales datos de esa institución que advierten de la inviabilidad del proyecto.
Alega que, en el mercado, hay 30 empresas que ofrecen ese servicio y no solo dos como lo ha considerado Hacienda.
