Expertos nacionales en el sector aeroespacial señalaron inconvenientes en el plan de ley para crear una Agencia Espacial Costarricense (AEC), aprobado por el Congreso y que ya está en manos del presidente de la República, Carlos Alvarado, para que lo firme o lo vete.
Duplicidad de funciones, escaso control, poca claridad sobre el uso de fondos, más burocracia y eventual conflicto con otras instancias públicas figuran entre las advertencias señaladas.
El plan establece que la agencia se financiaría por cinco años con un aporte obligatorio de instituciones públicas no financieras, excepto Gobierno Central, municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y universidades públicas.
El aporte será obligatorio para las otras entidades y equivaldrá a un 0,4% del superávit libre de cada año.
Desde junio de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) declaró su inquietud por los recursos que habrían de tomarse para costear el proyecto, en momentos enque el país afronta una crítica situación fiscal acrecentada por la pandemia. Reiteró esa preocupación el mes pasado.
El astronauta costarricense Franklin Chang Díaz reconoció la necesidad de una agencia espacial con solidez jurídica para actuar, pero “no un elefante institucional”.
“El tamaño es una cosa pero la integridad es otra cosa. No debe ser un gasto muy oneroso. Estamos en crisis fiscal y no es lo que se busca. Lo que le sugerí al presidente Alvarado, ahora que tiene la ley en sus manos, es cuidar cómo se implementa”, comentó a La Nación.
Chang admitió que no participó en la redacción del plan, ni tampoco ha leído “la letra fina”. Indicó que su única participación consistió en acudir, hace dos años, a una reunión con Aida Montiel, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), promotora de la iniciativa.
Montiel, por su parte, defendió su plan pues considera que la Agencia generará proyectos de altísimo valor agregado.
“Costa Rica no cuenta con una contraparte para poder hacer convenios de alto impacto con agencias espaciales de países amigos. Con la aprobación del proyecto de ley, se cumpliría con las exigencias de los organismos internacionales, pues Costa Rica tendría una contraparte formal y legalmente establecida”, manifestó.
A pesar de estos argumentos, para Rónald Chang-Diaz, ingeniero y empresario que fundó y dirigió la empresa Ad Astra Rocket Costa Rica (en Liberia, Guanacaste), el texto aprobado es una “ocurrencia”.
“Soy el primero en apoyar una agencia espacial costarricense pero no esta versión que parece una ocurrencia, pues limita a académicos los cargos directivos cuando en la realidad de estas agencias en todo el mundo se requieren perfiles de políticos, diplomáticos, empresarios, ingenieros y académicos”, indicó.
Además, cree que hay poca transparencia y claridad en torno a la construcción del llamado Centro Espacial de Guanacaste que sería una dependencia de la Agencia, de acuerdo con el proyecto.
Según el artículo 11, ese centro se construiría en Liberia y se ocuparía de “la implementación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación espacial, promoción de la ciencia del espacio y la gestión de servicios complementarios relacionados con el área espacial”.
“¿Cómo es posible que los diputados apoyen semejante idea con una crisis fiscal tan aguda y cuando no se aclara cómo se usará el dinero y tampoco existe un estudio de factibilidad o prefactibilidad para asignar fondos a un centro como ese u otras inversiones?”, cuestionó Ronald Chang.
A su criterio, este texto debería descartarse y organizarse luego, un encuentro más amplio donde más personas ligadas al tema puedan contribuir en la redacción de un plan para “una agencia espacial como realmente se merece Costa Rica”.
El propio presidente Alvarado reconoció, la semana pasada, que no hay dinero en este momento para poner a operar dicha oficina.
“Costa Rica puede tener una agencia como tal, porque tenemos desarrollos importantes en el espacio. Que se hable de lo que desarrolla don Franklin Chang, la parte de satélites que se están construyendo en Liberia.
“Dicho eso, ciertamente, este no es un momento en el que tengamos recursos para fondearlo, por lo menos en lo inmediato”, adelantó el mandatario.
Sin controles
También Jorge Oguilve Araya, directivo del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), criticó la propuesta aprobada por los diputados.
Para Oguilve, es necesaria una agencia, pero duda de la conveniencia de crear otra entidad pública. Una posibilidad, sostuvo, es que se conforme una organización adscrita a la entidad rectora como es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“Tal y como está el texto, la agencia sería un ente público no estatal con cierta libertad operativa pero supeditada al Micitt. Esto abre la puerta a colisiones sobre quién hace qué, posible duplicidad de funciones y escasa fiscalización”, indicó.
Otra de sus dudas es que el proyecto libra a la Agencia de controles y fiscalización de la Contraloría General de la República y de otras leyes.
El artículo 15 dice que la AEC no se sujetará al Libro ll de la Ley General de Administración Pública, ni a la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos (excepto en el tema de recursos de la Hacienda Pública) y tampoco a la Ley para el Equilibro Financiero del Sector Público.
Con respecto a su financiamiento, considera que sostener la agencia con subejecuciones presupuestarias en sus primeros años le traería inseguridad de operación, a falta de certeza de los fondos a recibir.
”Pienso que se deben buscar, desde un principio, otras formas de financiamiento más acordes a nuestra realidad actual, como por ejemplo alianzas público-privadas u otras formas y mecanismos de financiamiento comunes en este sector y acordes con la proyección futura del país”, anotó.