Los diputados actuales son los que mayor cantidad de exoneraciones fiscales han aprobado desde el año 2002.
A falta de cinco meses para que finalice este periodo, el Congreso ha aprobado un total de 33 dispensas de pago de diversos gravámenes, las cuales han contado con el visto bueno de Casa Presidencial.
Dichas exenciones engrosan una larga lista de beneficios tributarios que se viene abultando y que el año entrante, según datos del Ministerio de Hacienda, provocará que el Gobierno deje de recaudar cerca de ¢2 billones.
Esta suma equivale al 5,7% del producto interno bruto (PIB), apenas 0,4 puntos porcentuales menos del porcentaje en que se estima cerrará el déficit fiscal este año, un 6,1% del PIB.
La administracion Solís, que impulsa gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) una mayor cantidad de bienes y servicios para atacar ese déficit, supera en número de exoneraciones aprobadas a los tres periodos anteriores.
Durante la gestión de Laura Chinchilla (2010-2014) fueron avalados 24 beneficios. En la segunda administración de Óscar Arias (2006-2010) se otorgaron 25 y en el periodo de Abel Pacheco (2002-2006) se crearon 21.
En cuanto a este tema, el último informe del Programa Estado de la Nación (PEN) difiere de las cifras suministradas por el Congreso, pues señala que las exenciones aprobadas durante este cuatrienio son 49.
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En el informe del Estado de la Nación, publicado hace dos semanas, se destaca que solo entre mayo del 2016 y abril del 2017 los actuales congresistas aprobaron 18 exoneraciones.
Según la Procuraduría General de la República, una exención fiscal o gasto tributario es la dispensa legal de la obligación tributaria que se le otorga a un contribuyente mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa. Tal beneficio tiene un carácter de excepción.
Entre las 33 exoneraciones avaladas durante el actual periodo, el informe del Parlamento enumeró principalmente aquellos incluidos en empréstitos que el Estado obtiene de organismos financieros internacionales.
En estos casos, las exoneraciones sirven para abaratar los costos de los bienes y servicios que el Estado adquiere para ejecutar los recursos.
También se cuentan las exoneraciones aprobadas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas en distintas leyes para crear impuestos. Un ejemplo de estas últimas es la legislación que revivió el tributo sobre las personas jurídicas, el cual no se aplicará a ese tipo de emprendimientos.
Del cúmulo de legislación creada para exonerar de impuestos, durante los últimos cuatro gobiernos destaca la que impulsó el expresidente Abel Pacheco para que las compañías de electrificación rural y de servicios públicos municipales no tributaran sobre los bienes y servicios que adquieran para la construcción, administración y operación de sus sistemas.
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También figuran las que se promovieron durante la segunda administración de Óscar Arias para exonerar del pago del impuesto de ventas sobre las loterías a la Junta de Protección Social (JPS) y para eximir al aguinaldo escolar del tributo sobre la renta. Según Hacienda, ambas han sido de las que más han afectado la recaudación.
Al respecto, el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez (cuya renuncia se anunció el pasado viernes), descartó que las exoneraciones aprobadas durante la actual gestión tengan un impacto negativo sobre el déficit fiscal, el cual es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central.
"Yo no le podría achacar la situación fiscal actual a las exoneraciones, no facilitan el tema, pero lo que nosotros hemos observado es que no necesariamente han movido la aguja del déficit. No hay grandes movimientos de exoneraciones de los últimos años para acá, no ha habido tratados de libre comercio, que son los que más establecen algún mecanismo exoneratorio, o alguna reforma importante de leyes de impuestos que establezca un mecanismo de exoneración", afirmó.
Empero, la última entrega del Informe del Estado de la Nación tiene conclusiones distintas sobre las consecuencias de las exoneraciones. "A pesar de la falta de solvencia de las finanzas públicas, el país sigue aprobando exenciones fiscales (...). Entre mayo de 2016 y abril de 2017 se aprobaron 18, de las cuales 11 se consideran indefinidas, pues no especifican el impuesto que se exonera", advierte el estudio.
Miles de millones menos para el fisco
Los propios estudios realizados por el Ministerio de Hacienda parecen dibujar otra realidad distinta a la que ve el viceministro.
Según una investigación realizada en el 2016 por la Dirección General de Hacienda y la División de Política Fiscal, en ese año los perdones de impuestos hicieron que el Fisco dejara de recaudar una suma de ¢1,6 billones, lo cual corresponde a un 5,3% del PIB.
El mismo documento estima que al finalizar el 2017, la cifra será de ¢1,7 billones y calcula que en el 2018 el Ministerio de Hacienda dejará de percibir ¢1,9 billones, es decir, ¢154.167 millones más que en el 2017.
Y mientras las exenciones pellizcando más y más recursos, el gobierno de Solís lucha en estos momentos para que los diputados aprueben una reforma tributaria liviana que apenas serviría para recaudar como máximo un 1,4% del PIB, es decir, ¢500.000 millones más al año.
A pesar de lo que evidencian los números, el viceministro Rodríguez cree que la exención fiscal es un instrumento tributario "válido" y pone como ejemplo los bienes y servicios que figuran en la Canasta Básica.
"Lo que uno quisiera es que no se abuse del mecanismo. Mucho del problema que hay con las exoneraciones es que la vigilancia que nosotros podemos hacer está limitada en función del recurso que tengamos para poder controlarlas. Se hacen fiscalizaciones, pero dependen de la capacidad y del número de funcionarios que haya", advirtió.
"Yo preferiría cambiar la exoneración por una devolución de dinero al contribuyente que uno pudiera controlar con más propiedad", cerró.
Durante el actual periodo, fracasó en el Parlamento un proyecto de ley que impulsó el Gobierno para eliminar múltiples exoneraciones tributarias. Actualmente, Hacienda pretende rescatar el capítulo de sanciones que contemplaba ese proyecto para castigar el mal uso de las dispensas fiscales.
Estado de la Nación señala errores
La investigadora Pamela Jiménez manifestó que durante el diagnóstico que elaboró el Programa Estado de la Nación sobre las exoneraciones fiscales se logró determinar que tales beneficios no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación.
Entre las características mínimas que se exigen para aprobar una dispensa tributaria figuran: 1- establecer el tipo de impuesto que queda exonerado y 2- fijar el plazo de vigencia de ese beneficio para un grupo de contribuyentes.
"Lo que sucede es que las exenciones están quedando indefinidas, abiertas, lo que significa que pueden incluirse un montón de impuestos que tal vez no eran en los que se pensó originalmente. Las exenciones indefinidas son producto de una mala práctica legislativa; en algunos casos ni siquiera se menciona si la dispensa tiene algún tipo de mecanismo de control", agregó.
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Sobre las exenciones avaladas en lo que va de la actual administración, Jiménez dijo que el Programa Estado de La Nación pudo determinar que una parte importante de estas no cumplen con los requisitos mínimos.