Aarón Sequeira. 26 julio
El exdiputado Ronal Vargas Araya fue condenado por hechos que sucedieron durante la primera legislatura del periodo 2014-2018. Foto: Archivo GN.
El exdiputado Ronal Vargas Araya fue condenado por hechos que sucedieron durante la primera legislatura del periodo 2014-2018. Foto: Archivo GN.

Ronal Vargas Araya, exdiputado por el Frente Amplio en el primer año del periodo 2014-2018, fue condenado esta semana por hostigamiento sexual y laboral por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.

En la sentencia, dada a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), también se condenó al Estado a pagar, junto con Vargas Araya, la suma de ¢10 millones.

Los hechos por los que fue condenado el exfrenteamplista sucedieron durante la primera legislatura del periodo anterior, entre mayo del 2014 y febrero del 2015.

El guanacasteco anunció que dejaba la diputación el jueves 5 de febrero del 2015, en una intervención en el plenario del Congreso, con un confuso discurso que daba a entender que se retiraba del puesto por alguna especie de enfermedad.

Horas después, se conoció el trasfondo de la renuncia y quedó patente que estaba más bien relacionada con las quejas por hostigamiento sexual que había presentado una asesora suya ante las autoridades de la fracción parlamentaria.

En el comunicado de prensa donde informaron de la condena al excongresista, el Inamu refirió que “se demostraron (durante el proceso judicial) los hechos de hostigamiento sexual y laboral denunciados por la víctima”.

Además de pagar la indemnización millonaria por daño moral, Vargas y el Estado deberán pagar también por las costas del proceso.

Tanto Ronal Vargas como la Procuraduría General, en nombre del Estado, apelaron la sentencia de la primera instancia.

Aunque se intentó conversar por teléfono con el exdiputado, no respondió las llamadas que se le hicieron.

Sin embargo, en sus perfiles públicos, atacó que el Inamu anunciara la decisión, pues criticó que la entidad celebre esa sentencia “como victoria, sin esperar que el árbitro dé el pitazo final del partido”.

Asimismo, criticó a la jueza encargada de redactar la sentencia, a quien acusó de incoherencias, contradicciones y sesgos emocionales.

Patricia Mora Castellanos, hoy presidenta del Inamu y quien entonces era compañera de fracción de Ronal Vargas y presidenta del Frente Amplio, calificó la decisión judicial como significativa.

“Hoy las autoridades judiciales están reconociendo y sancionando el hostigamiento sexual como una manifestación de la violencia contra las mujeres”, manifestó Mora.

La ministra explicó que no solo se condenó a Vargas, sino también al Estado, porque como patrono tenía un “deber de vigilancia sobre las personas trabajadoras”.

“Si alguna persona trabajadora comete alguna falta o conducta que amerite resarcimiento o compensación, el patrono también responde por culpa in vigilando”, detalló la jerarca.

El Inamu difundió la información sobre la sentencia debido a que participó en el proceso coadyuvando a la víctima y también “participó activamente en la defensa efectiva y concreta de los derechos humanos que como mujer le corresponden”.

Según el exdiputado Vargas, Patricia Mora ignora las normas básicas de los procedimientos jurídicos costarricenses. Igualmente, la atacó a ella al calificarla de “títere de José María Villalta y piedra en el zapato del presidente, Carlos Alvarado”.

“Celebra como victoria el final de un momento procesal, para recibir aplausos de un sector de feministas costarricenses, más felices con que se condene a un hombre por el hecho de ser hombre, y no porque se le impute con pruebas un delito de forma contundente e incuestionable”, dijo Vargas.

Según el exfrenteamplista, el comunicado del Inamu contiene inexactitudes y vicios, sobre todo porque alega que el juicio en su contra “no ha llegado a su final”.

También califica ese proceso judicial como un “juicio político laboral”.

“La Procuraduría General de la República y este funcionario presentamos a tiempo nuestras apelaciones a la sentencia interpuesta en mi contra, porque consideramos que existieron tanto vicios procesales como interpretaciones más que subjetivas, infundadas y condescendientes con el poder político de algunos testigos estrella que poco o nada supieron del asunto que testificaron, más que simples chismes o conjeturas”, manifestó Vargas en su texto.