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Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que los diputados estudiarán con detenimiento la propuesta de referéndum planteada por el mandatario Rodrigo Chaves en torno a un proyecto de ley para debilitar los controles sobre la contratación pública, en especial los de la Contraloría General de la República (CGR).
Así lo afirmó Arias después de participar, junto con los jefes de fracción del Congreso, en una reunión con Chaves en Casa Presidencial. El gobierno solicitó a los diputados apoyar la convocatoria a consulta popular junto con el Poder Ejecutivo, para lo cual se requerirían 29 votos.
“Nosotros vamos a proceder con los pasos que establece el Reglamento legislativo. Es un tema que las fracciones van a querer estudiar a fondo, es un tema delicado y yo también voy a estudiar a fondo el proyecto de ley”, dijo el jerarca parlamentario.
La Asamblea Legislativa ya envió el expediente 24.364 al diario oficial La Gaceta, para su publicación oficial. Ahora, el texto entrará en el orden del día del plenario.
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Arias agregó que él es un defensor de la figura del referéndum, siempre que esté ajustado a la legalidad y a la Constitución Política. Recordó que, siendo él ministro de la Presidencia, en el 2007, se efectuó la única consulta popular que ha hecho el país: la del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, agregó que es necesario analizar con detalle lo que incluye el referéndum planteado por Chaves, “porque son temas bastante sensibles”.
En tanto, el jefe de Nueva República, José Pablo Sibaja, dijo que se discutirá si es necesario cambiar alguna palabra en el proyecto pero, en su criterio, el referéndum “va, porque va”.
Según la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, en la reunión se conversó sobre cómo hacer la convocatoria de referéndum lo antes posible, “porque no hay un plazo, pero hay voluntad para que se discuta”.
En forma conjunta, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo podrían convocar a referéndum con el voto positivo de 29 diputados. De no reunirse este apoyo, el gobierno apuesta por buscar el 5% de las firmas del padrón, unas 180.000, para plantear al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la solicitud por iniciativa popular.
El miércoles, la mayoría de las bancadas opinó que el plan anunciado por Chaves parece más un ataque a la Contraloría General de la República.
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El proyecto impediría al ente fiscalizador revisar los procesos de contratación antes de su ejecución, solo se le permitiría actuar en forma posterior. También, se le quitaría la potestad de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecte irregularidades o ilegalidades.
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Además, el texto establecería que la Contraloría “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”.
En el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría, donde se describe el objetivo del control y la fiscalización sobre la Hacienda Pública, el proyecto invertiría el orden en que se expresan los fines primordiales del ordenamiento legal.
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Hoy, el artículo establece, en primer lugar, el fin de garantizar la legalidad en el manejo de los fondos públicos y, segundo, la eficiencia de los controles internos. Con la propuesta, se priorizaría la eficiencia de los controles internos y, luego, la legalidad.
