Política

Epsy Campbell ante criterio de Procuraduría sobre nombramientos: ‘No existían reglas claras’

Campbell alegó que sus antecesores efectuaron nombramientos similares, pues diez direcciones fueron llenadas así, con base en criterios jurídicos de la Cancillería. Por eso, se excusó a sí misma de haber cometido un error o de actuar con mala fe.

La vicepresidente y canciller, Epsy Campbell, negó este viernes haber actuado con dolo cuando nombró a tres directoras de la Cancillería como si fuesen cargos de confianza, pues alegó que “no existían reglas claras”.

Así reaccionó luego de recibir un criterio de acatamiento obligatorio de la Procuraduría General de la República (PGR), según el cual esos puestos no son de confianza y su designación se debe apegar a los requisitos establecidos en el Estatuto del Servicio Exterior.

“Era imposible corregir este tema hasta que no se conociera la posición de la Procuraduría”, afirmó la ministra.

Campbell alegó que sus antecesores efectuaron nombramientos similares, con base en criterios jurídicos de la Cancillería.

La ministra insistió en que desde el año 2000, se han nombrado 58 personas en los cargos de director como puestos de confianza, de las cuales 30 de ellos no tenían el rango de embajador y tres no eran funcionarios de carrera, requisitos establecidos por el Estatuto.

Durante los primeros meses de su administración, la canciller puso como puestos de confianza a tres directoras de Cancillería que no cumplen el requisito de tener el rango de embajadores que establece el Estatuto de Servicio Exterior.

“Antes de hoy no había ningún criterio jurídico que planteara lo que hoy la Procuraduría está planteando”, dijo la jerarca. “En ningún momento he mentido, he dicho la verdad absoluta”, aclaró Campbell.

“Queda absolutamente claro en esta resolución que, en efecto, las interpretaciones que se tenían en el pasado no eran las correctas, que los cancilleres y las administraciones pasadas no actuaron con dolo, sino que no existían las reglas claras”, señaló la canciller.

“Esta es la primera interpretación al respecto”, reiteró Campbell. “Jamás actuamos con dolo ni mala fe, sino con las interpretaciones legales”, destacó.

La ministra sostuvo esa posición pese a que el criterio del ente contralor indica que sí existían precedentes.

“Existe jurisprudencia administrativa acerca de los temas concernidos, que se constituye como fuente normativa del ordenamiento (arts. 2 de nuestra Ley Orgánica y 7 de la LGAP), y como tal, es de acatamiento obligatorio y debe ser respetada por toda la Administración Pública, so pena de incurrir en eventuales responsabilidades personales los funcionarios omisos”, dice el pronunciamiento.

Los siete directores que habían estado nombrados previa a esta aclaración renunciaron el lunes anterior, por solicitud de Campbell. La jerarca confirmó que a partir del criterio del ente procurador, los puestos vacantes saldrán a concurso el próximo lunes.

“A partir del lunes ponemos a concursos en todos los puestos, cinco direcciones y cinco direcciones adjuntas”, los cual esperan estar nombrados a más tardar el 15 de enero del próximo año.

Deben nombrarse a las 10 jefaturas de las direcciones de Cooperación, Protocolo, Servicio Exterior, Política Exterior y del Instituto Manuel María Peralta.

“Estamos aprovechando para hacer una transformación total”, indicó la jerarca.

La vicepresidente de la República aseguró que la interpretación jurídica es una reivindicación importante para los embajadores y los instó a participar en estos procesos.

La PGR envió el criterio cuatro días después de que Campbell, aferrada a su puesto de ministra, solicitó la separación los siete funcionarios y a la vez pidió a la Procuraduría que aclare el procedimiento correcto para nombrar a las personas que los reemplazarán.

Según la Procuraduría, los nombramientos en cancillería se rigen por el Estatuto de Servicio Exterior y no por el Servicio Civil, como argumentaba la dirección de Asuntos Jurídicos de este ministerio para sustentar los nombramientos en direcciones.

El ente procurador señaló, además, que “bajo ninguna circunstancia una práctica anómala o costumbre administrativa contra legem puede perpetuarse y convertirse en fuente de derecho, y mucho menos generar derechos adquiridos”.

Sofía Chinchilla Cerdas

Sofía Chinchilla Cerdas

Periodista en la sección de Política. Graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, en la Universidad de Costa Rica.