Los diputados Antonio Ortega y David Segura, de los partidos Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR), chocaron el jueves en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos por un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión sexual.
Por terapias de conversión el texto se refiere a cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. El proyecto se encuentra en etapa de ajuste luego de que 40 diputados aprobaran mantener viva su discusión.
Ortega acusó a la bancada fabricista de hacer un “uso perverso” del reglamento legislativo al presentar 104 mociones al texto dictaminado y consumir los 15 minutos para defender cada iniciativa, a fin de limitar el avance de la iniciativa de ley.
El frenteamplista se quejó de que la mayoría de las propuestas solo pretenden cambiar comas y mayúsculas, además de vaciar de contenido el proyecto al pretender eliminar las siglas LGBTIQ, la población más afectada con ese tipo de prácticas, según Ortega.
“Esta es una manera tramposa, legal, más inmoral de usar el reglamento legislativo. Quiero señalar eso, hay una obstrucción”, criticó.
Segura le respondió al frenteamplista que su bancada hizo lo mismo en la Comisión de Hacendarios al presentar cientos de mociones para frenar el proyecto de jornadas laborales 4-3.
“Qué curioso que cuando sea Nueva República diga que se hace un mal uso del reglamento, pero no lo dice con su jefe de fracción. La presentación de mociones como las de Nueva República es una práctica totalmente sana en la Asamblea Legislativa de la que, en repetidas ocasiones, el Partido Frente Amplio ha hecho uso para modificar proyectos”, respondió el legislador de Nueva República.
Al defender cada moción, Segura pidió modificar la iniciativa, o bien, archivarla. El diputado insistió en que el texto solo atiende las presiones LGBTIQ, excluye a otras poblaciones y viola la libertad de expresión. Además, señala que el proyecto es una amenaza para el derecho a la patria potestad y la libertad científica en el ejercicio profesional.
La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), negó que la iniciativa violente la libertad de expresión.
Segura insistió en que el proyecto no permite la asistencia profesional y médica de quienes quieren revertir su “transición” de género y que, al mismo tiempo, abre portillos para la persecución religiosa. Dijo que el marco legal de Costa Rica ya contiene sanciones, por ejemplo, contra la tortura.
“Estoy seguro de que las intenciones reales de quienes están detrás de esta propuesta, es montar una cacería contra las organizaciones y ministerios que brindan consejería psicológica y atención espiritual.
“Bien podría uno de estos (ejemplos internacionales de personas que aparentemente se arrepintieron de su cambio de género) pedirle a un pastor o a un sacerdote que haga oración o le brinde algún consejo para abandonar la homosexualidad, algo a lo que una persona con vocación de ayuda, no se va a negar, y posteriormente es denunciado”, se quejó.
Ortega le replicó que el proyecto lo que busca es sancionar esta práctica que calificó como tortura y acusó a grupos religiosos de lucrarse al brindar esa terapia. Segura lo negó.
El frenteamplista alegó que grupos ultraconservadores, de corte homofóbico, persiguen la libertad de las personas.
“Ahora que el diputado habla de dignidad, yo no sé qué tiene de dignidad promover la tortura mental o física de las personas por medio de electroshock, por medio de terapias psicológicas sumamente violentas, por medio de ejercicios físicos supuestamente para probar o moldear la masculinidad”, reprochó el legislador del FA.
Ortega recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA) han sentado las bases para declarar que la homosexualidad no es una enfermedad.
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa presentada por el exdiputado del FA, José María Villalta, prohíbe terapias que pretendan suprimir, revertir o modificar a modo de “pretendida curación” la identidad de género u orientación sexual de cualquier persona, al tiempo que establece sanciones para quienes la apliquen.
“Queda prohibido coaccionar o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, así como a someterle a tratamientos aversivos de cualquier índole que pretendan convertir, revertir o modificar a modo de pretendida curación sus características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual y que representen una amenaza para su salud física y mental, bienestar y/o libertad individual”, dice el proyecto.
Además, el proyecto permite el tratamiento médico siempre que sea con estándares internacionales, para afirmar el género y la sexualidad, es decir, confirmar el cambio de género de la persona. Esta asistencia debe obedecer a la decisión de la persona con la finalidad de asegurar su derecho a la salud y a la identidad, añade el texto.
El plan también prohíbe la publicidad engañosa o ambigua que pueda perjudicar la salud de la persona o inducir al error público en asuntos relativos a su recuperación.
Por violentar las prohibiciones, el plan establecería de 60 a 100 días multas y la inhabilitación del ejercicio de la profesión por el colegio profesional correspondiente, hasta por un plazo de tres años si se trata de una persona física, así como la cancelación de la licencia o permiso sanitario de funcionamiento a la persona jurídica en casos de reincidencias.
