El empleo público no puede tener condiciones especiales frente a los demás, dice Carlos Alvarado
Afirma que muchos fallan en sus cálculos políticos porque la mayoría de la ciudadanía trabaja en el sector privado, el cual sostiene al público
Acto del Día Internacional contra la Corrupción. De izquierda a derecha: Fernando Cruz, presidente de la Corte; Eugenia María Zamora, presidenta del TSE; el presidente de la República, Carlos Alvarado; y la ministra de la Presidencia, Gianinna Dinarte.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó que el proyecto de reforma al empleo público, aprobado en primer debate el martes, es necesario porque corrige diferencias entre las condiciones laborales de los funcionarios públicos y el resto de la población que financia, con sus impuestos, los gastos del Estado.
“Yo subrayo un tema que es muy importante: el empleo público representa un 25% del empleo, el restante 75% y toda la sociedad y sus impuestos tienen que sostenerlo, y está bien porque así es como funciona, pero no puede ser que el empleo público tenga condiciones especiales frente al otro, y esto viene a cambiar esta situación”, señaló el mandatario ante la prensa.
Así reaccionó Alvarado al ser consultado sobre los oposición que afronta el proyecto de ley por parte de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y de parte de diputados del Congreso.
Carlos Alvarado manifestó que, mientras el sector privado no tiene condiciones para defender sus intereses, el sector público sí tiene condiciones para hacer presión en su favor.
“Ese 75% de personas que lo financian (al Estado), que necesitan sus servicios y que están en una situación desventajosa, pues no tienen un grupo que los aglutine, más que la opinión pública; el otro 25% sí tiene grupos que los aglutinen y que hacen presión. Pero yo creo que ahí el cálculo está fallando por muchos lados, porque hay una mayoría ciudadana que está en el 75%”, indicó el presidente de la República.
El miércoles, los magistrados de la Corte presentaron una consulta a los magistrados de la Sala Constitucional sobre el proyecto y, al día siguiente, lo hicieron 13 diputados, principalmente de la Unidad Social Cristiana (PUSC), de Integración Nacional (PIN) y del Frente Amplio.
Alvarado no omitió advertir que estas consultas ponen en riesgo el acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero confía en que el proyecto se convertirá en ley tarde o temprano.
“La consulta constitucional es una herramienta que existe en nuestro ordenamiento jurídico y es de respeto que se utilice; obviamente dilata el proceso y eso retrasa el cumplimiento, eso pone en riesgo el acuerdo con el FMI.
“Mi preocupación hoy es que se dilata y eso tiene una implicación en el país. Mi convicción es que ese proyecto va a ser ley, sé que va a pasar, espero que sea más temprano que tarde. Aquí el tema es cuánto nos va a tomar”, dijo Alvarado.
El proyecto de empleo público sustituiría el actual sistema de sueldos con incentivos por el esquema salario global en todo el sector público, con excepción las empresas públicas en competencia y del Cuerpo de Bomberos.
Esta reforma fue impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado desde abril del 2019. Fue aprobada en primer debate en junio del 2021 con 32 votos a favor y 15 en contra. Sin embargo, en una primera consulta, la Sala IV declaró inconstitucional que instituciones con autonomía o independencia fuesen sometidas a la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán), en materia de empleo público.
Los magistrados sí avalaron la introducción del salario global, así como la imposición de límites a la negociación de convenciones colectivas, en las cuales ya no se podrían pactar alzas salariales, incentivos o plazas.
Las instituciones del sector público pagarán este año hasta ¢134.000 en pluses salariales por cada ¢100.000 destinados a salarios base. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló a Costa Rica como el país que mayor porcentaje de sus ingresos gasta en el pago en salarios de empleados públicos, dentro de los países miembros de la organización.
Ello se debe en gran parte, señaló la OCDE, a la existencia de 260 pluses salariales en el sector público. Existen diferencias salariales de hasta el 600% para un mismo puesto, entre instituciones.
El Gobierno estima que la reforma al empleo público ahorraría hasta ¢394.000 millones por año.
Acto del Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre. De izquierda a derecha: Fernando Cruz, presidente de la Corte; Eugenia María Zamora, presidenta del TSE; el presidente de la República, Carlos Alvarado; y la ministra de la Presidencia, Gianinna Dinarte.
