Los contribuyentes se ahorraron ¢183.000 millones en el 2020 gracias a dos medidas que atacaron la dispersión de recursos públicos en numerosas cuentas bancarias y, en su lugar, los concentraron en la Caja Única del Estado.

La primera medida fue la aplicación de la ley 9.371, la cual obliga a las instituciones públicas a devolver al Ministerio de Hacienda los superávits libres que tengan más de dos años de estar ociosos.

Por este concepto, el erario recuperó ¢88.350 millones y $14 millones (¢8.680 millones) que estaban ociosos desde el 2015, para un total de ¢97.000 millones, precisó un informe de la Contraloría General de la República.

La segunda medida fue el decreto 42.267, mediante el cual el Gobierno ordenó a las instituciones cubiertas por el ámbito de acción de la Autoridad Presupuestaria trasladar a la Caja Única del Estado el dinero que solían tener en cuentas corrientes de bancos comerciales.

Las entidades pasaron ¢57.200 millones y el número de participantes en el modelo de Caja Única subió de 3.242 a 5.678, entre el 2019 y el año pasado, fundamentalmente por la incorporación de juntas de educación y administrativas que administran recursos de los centros de enseñanza.

Además, estas instituciones pasaron a la Caja Única un monto acumulado de ¢172.000 millones en redenciones anticipadas de inversiones en títulos valores.

La Tesorería Nacional estimó que, por este funcionamiento del modelo de Caja Única, el erario se ahorró ¢86.150 millones en el 2020, monto que equivale al 0,2% del producto interno bruto (PIB).

Ese es el dinero que los contribuyentes habrían tenido que pagar en intereses si Hacienda hubiese tenido que recurrir a más financiamiento para cubrir los gastos del Gobierno, al tener menos recursos en la Caja Única.

Para los años 2017, 2018 y 2019, este ahorro fue de ¢75.540 millones, ¢95.345 millones y ¢107.940 millones, respectivamente.

Con estas medidas, se reduce el ciclo que permite a las instituciones del Estado prestar sus fondos no utilizados al Gobierno mediante la compra de bonos de deuda pública, aunque ese dinero provenga del propio Gobierno o de otros aportes de los contribuyentes, por impuestos específicos, por ejemplo.

Así, se evita que los contribuyentes paguen para entregar recursos a diversas instituciones y que, después, también deban cancelar impuestos para que el Gobierno les pague los intereses si esas entidades invirtieron el dinero en bonos de deuda pública.

Según la Contraloría, aun con estas medidas, el país requiere esfuerzos institucionales para aumentar la cobertura de Caja Única, “como mecanismo de manejo eficiente de la liquidez”.

Por ejemplo, nueve instituciones todavía incumplen el decreto. Se trata del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) e Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

También figuran el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y Oficina Nacional de Semillas.

“Todos los esfuerzos dirigidos por la Tesorería Nacional a incrementar la cobertura de entidades en Caja Única son positivos. Se continúa con el proceso de incorporación de asociaciones de desarrollo comunal a Caja Única.

“Sin embargo, además de lograr una mayor cobertura de entidades en Caja Única, el reto pasa también por mejorar la oportunidad y la eficiencia con que estas entidades ejecutan los fondos públicos en la prestación de bienes y servicios para satisfacer las demandas ciudadanas”, expuso la Contraloría.

Hacienda trató incluso de integrar a las universidades públicas, que reciben recursos del Gobierno, a la Caja Única, pero no lo logró.

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Devolución de superávits

En cuanto a la devolución de los superávits, los ¢96.000 millones fueron destinados a la amortización de la deuda pública.

Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, explicó que la ley permitió a la Caja Única recolectar el dinero “poco a poco”.

“A esto hay que sumarle un esfuerzo importante que se hizo para sustituir superávits por transferencias. Eso también fue otra forma de reducir los montos de superávits que manejaban las entidades”, indicó.

Sobre las nuevas instituciones que pasaron al modelo de Caja Única, el subtesorero nacional señaló que las cuentas creadas para estas poseen, principalmente, dinero para infraestructura educativa, que es una de las partidas de más peso en las juntas.

La Tesorería Nacional agregó que, el año pasado, 139 entidades se incorporaron a la Web Banking de Tesoro Digital, la cual centraliza los fondos en una cuenta dentro del Banco Central y permite hacer pagos a entidades como bancos públicos y privados.

Con esa incorporación, el 2020 cerró con un total de 1.103 entidades dentro del sistema, el cual permite facilidades centralizadas de pagos electrónicos, contribuye a la eficiencia financiera y operacional, así como a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

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Con respecto a esta acción, el subtesorero nacional aseguró que ahora se aprovechan de mejor manera los recursos públicos porque permite ahorrar en el pago de intereses y evitar el pago de comisiones que los bancos comerciales cobran por el traslado de recursos.

Según indicó la Tesorería Nacional a la Contraloría, al cierre de 2020 el saldo promedio final en cuentas de Caja Única del Estado fue de ¢1.233.484 millones, equivalentes al 3,4% del PIB.

Este resultado fue superior al saldo promedio de 2019, cuando el monto fue de ¢1.192.426 millones. De esta forma, la diferencia entre ambos periodos fue de poco más de ¢41.000 millones.

Crece liquidez del Gobierno Central

Según el análisis del ente contralor, el promedio del Fondo General presentó un incremento de 7,3% en 2020 con respecto al 2019; sin embargo, se vio afectado por la pandemia.

Esta situación fue propiciada por dos factores: que el país contaba con buen flujo de caja producto de la venta de eurobonos y el apoyo financiero brindado por organismos internacionales para compensar la caída de ingresos.

Al respecto, el documento de la Contraloría señala que, al iniciarse el 2020, cuando aún no se había decretado la emergencia nacional por la covid-19, se contaba con fondos que ayudaron a solventar una parte de las necesidades.

“El flujo de caja en 2020 se vio favorecido en el primer semestre del año por el remanente de recursos de los eurobonos que ingresaron a las arcas del Estado en noviembre de 2019 y que cubrieron buena parte de las necesidades de pago”, indicó la CGR.

Sin embargo, conforme avanzó el año, la recaudación de ingresos se vio afectada principalmente por la aprobación de la Ley de Alivio Fiscal.

Esta ley, avalada por el Congreso en marzo del 2020, permitió postergar a los contribuyentes el pago de impuestos durante los meses de abril, mayo y junio de ese año.

Dicha caída fue compensada con los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por $500 millones, así como el crédito de $350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Según la Contraloría, el instrumento de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorgó al país $522 millones en setiembre, también ayudó a compensar el descenso en los ingresos.

Pese a que en el 2020 el saldo promedio presentó un incremento en comparación con el año anterior, para el mes de diciembre el flujo de caja obtuvo su valor más bajo desde febrero de 2019.