Actualmente, en cambio, las instituciones guardan su dinero en diversos bancos, en donde muchas acumulan superávits al tiempo que el Gobierno les sigue trasladando recursos.

La Cuenta Única del Tesoro (CUT) busca generar ahorros de dos formas.

La primera es que este sistema reduciría el ciclo que permite a las instituciones del Estado prestar sus fondos no utilizados al Gobierno mediante la compra de bonos de deuda pública, aunque ese dinero provenga del propio Gobierno o de otros aportes de los contribuyentes, por impuestos específicos, por ejemplo.

El esquema actual provoca que los contribuyentes paguen para entregar recursos a diversas instituciones y, después, también deben pagar impuestos para que el Gobierno les pague los intereses si esas entidades invirtieron el dinero en bonos de deuda pública.

La idea de la CGR es que, gracias a un monitoreo permanente sobre los recursos disponibles de cada organización, sería posible detectar los fondos ociosos, los cuales podrían ser utilizados por Hacienda, para cubrir las necesidades del Gobierno, mediante empréstitos de bajo costo y así evitar emitir nuevos títulos de deuda.

“La implementación de la CUT propiciaría ahorros relacionados con la adecuada gestión de la liquidez, pues favorece la toma de decisiones sobre el endeudamiento, reduce considerablemente los costos del servicio de la deuda pública y las necesidades de reservas líquidas, y ayuda a maximizar el rendimiento de las inversiones del excedente de efectivo”, dice una reflexión sobre el tema publicada por la Contraloría.

Jessica Víquez, gerente de Servicios Económicos de la CGR, agregó: “Se propone que haya una normativa aplicable a la CUT, donde entre el Ministerio de Hacienda y el BCCR puedan hacer análisis y puedan utilizar los recursos que estén ahí ociosos, los que sean menos volátiles; que cada institución tenga acceso a retirar los recursos cuando los necesita, pero aquellos recursos que son demanda a largo plazo estén a disposición para ser utilizados por Hacienda, bajo ciertas reglas y ciertos parámetros”.

Este cambio podría propiciar un gran ahorro en el endeudamiento del Gobierno, que este año superará el 70% del PIB. Sin embargo, la Contraloría aún no tienen una estimación.

Quedarían excluidas las instituciones en competencia y las que necesitan colocar títulos en el mercado, por su naturaleza, como los fondos de pensiones.

Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), sostiene que es vital la necesidad de una CUT que permita erradicar las prácticas que han llevado a Hacienda a endeudarse con las propias instituciones públicas.

Actualmente, un grupo de instituciones públicas, que no están en los mercados de pensiones, bancarios o de seguros, tiene el 15% de los bonos de deuda interna del Gobierno.

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“En la actualidad tenemos el nefasto comportamiento de las instituciones que acumulan superávits de recursos propios o de la Administración Central, que los colocan en sus cuentas especiales o los invierten en bonos de Gobierno por seguridad y confiabilidad”, manifestó Delgado.

La liberacionista aseguró que estas situaciones afectan negativamente las finanzas de la Administración Central.

Sobre la necesidad de establecer tasas de interés que no generen pérdidas adquisitivas sobre los fondos, Delgado indicó: “Ese análisis es necesario hacerlo con detalle y, puntualmente, para evitar tomar decisiones que afecten más de lo que debería afectar”.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, se inclina por mantener el sistema actual de Caja Única del Estado y permitir al Gobierno disponer de los fondos ociosos de las instituciones, incluso sin pago de intereses.

“Hoy tenemos Caja Única y hacia allá debería ir todas y cada una de esas instituciones (...). Hay instituciones que tenían bonos y nosotros lo que hemos hecho es decirles que tiene que dejar esos bonos y, más bien, proceder a depositar en Caja Única, donde no les pagamos intereses. Habría que verlo con mucho cuidado”, aseguró el jerarca.

“Yo me traigo esa plata y no pago nada, es decir, el Ministerio de Hacienda no paga nada por esa plata”, manifestó.

Para el jerarca, centralizar las cuentas que hoy están en bancos estatales en el BCCR significa un “golpe fuertísimo”, ya que a su criterio no se podría manejar la liquidez que se tiene con la Caja Única.

Sí coincidió en que las instituciones públicas no tienen por qué mantener sus fondos en bancos comerciales, debido a que este dinero tiene que estar en manos de Hacienda, en la Caja Única del Estado.

“Pueden tener ahí (bancos) una caja chica, algo para el operativo del día a día, yo no les voy a decir que no, pero aquí el dinero que no están ocupando para el día a día debería tenerlo en Caja Única”, agregó.

Al respecto, la Contraloría señaló que ya se dio un primer paso para que el Ministerio de Hacienda expandiera la centralización de fondos de las instituciones públicas, el cual se materializó con el decreto N.° 42267-H, el cual instruyó a las instituciones, bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, a trasladar sus recursos hacia la Caja Única del Estado.

“No obstante, a la fecha, aproximadamente doce entidades no han acatado dicha norma. Cabe añadir, que aún queda la tarea pendiente de incorporar en una cuenta única al resto del Sector Público”, citó la Contraloría.

El segundo ahorro

El segundo ahorro que generaría la CUT tiene que ver con el costo de las transacciones financieras.

“Se requiere la implementación de un sistema de CUT, el cual ayude a consolidar los saldos de efectivo de todo el Sector Público, y a mejorar los sistemas de pagos y cobros de las instituciones, con una visión más amplia a la que presenta la Caja Única del Estado, siendo esta una cuenta más que se adiciona a la CUT”, señaló la CGR.

“Se plantean dos escenarios: en el primero, el escenario actual en donde los recursos se encuentran dispersos y los rendimientos de estos dependen de las tasas de interés del sistema financiero; y en el segundo, el escenario con los recursos ubicados en la CUT, y se da el aprovechamiento de los excesos de liquidez en la gestión de la Tesorería, cuyos rendimientos son homólogos a los antes mencionados. De esta manera, si se comparan ambos escenarios, se obtendría un ahorro potencial de aproximadamente 0,8% del PIB (¢295.677 millones) para el periodo analizado (de enero de 2019 a septiembre de 2020)”, dice el documento de la Contraloría.

La Contraloría añade que se economizaría aún más si al calculo se le suman las cuentas que las instituciones poseen en bancos no estatales.

Jessica Víquez, gerente de servicios económicos de la CGR, explicó a La Nación que la propuesta busca generar finanzas integradas para aprovechar los recursos disponibles y acortar el camino que deben seguir los fondos al pasar de una institución a otra.

“Si hablamos de alguna transacción de un colón, que pasa varias veces por varias instituciones, entonces, yo lo transfiero a una institución y esa institución a otra, y esa a otra, para que finalmente se cumpla el propósito”.

“Entonces, si están todos los recursos en este sistema, de una vez genero la transferencia a donde tiene que llegar para acortar ese trillo”, dijo Víquez.

Al respecto, la diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), expresó que este tipo de iniciativas han sido planteadas por la CGR ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios desde un abordaje más general.

“Me parece que es una enorme oportunidad de poder identificar estos espacios de eficiencia, que generen ahorro y que no lastimen los bolsillos de los costarricenses. Las rutas en esa línea deben ser aprovechadas y por supuesto estaré en la mayor disposición de estudiarlas” explicó Guido.

Plataforma integraría finanzas estatales

Para contar con un uso más eficiente de los recursos públicos la Contraloría insiste en la utilización de una plataforma electrónica que permitiría conocer a tiempo real cómo se están utilizando los fondos estatales.

“Un elemento clave para el éxito de la implementación de un modelo CUT, es la disposición de una plataforma tecnológica estable y robusta, capaz de soportar el volumen de transacciones que derivan de todas las instituciones públicas y que se integre a los esfuerzos ya realizados por éstas”, plantea la CGR.

La buena noticia es que este sistema ya existe y es ampliamente conocido por los costarricenses. Se trata del el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), del BCCR, por lo que no se debe de invertir en la creación de una nueva plataforma.

“Nosotros hablamos de esta plataforma porque ya existe, esa es como la idea, aprovechar plataformas del sistema financiero como del Banco Central y que son una oportunidad”, recalcó Jessica Víquez, gerente de servicios económicos de la CGR.

Víquez afirmó que ya existen alrededor de 33 instituciones que están haciendo uso de la plataforma de SINPE, pues “colocan su cuenta en el Banco Central y ahí manejan sus recursos”.

Según el artículo de la Contraloría, esta plataforma, que sería monitoreada por Hacienda, generaría información “en tiempo real, de forma ágil y confiable” sobre la liquidez del Estado, que se utilizaría para la toma de decisiones.

Además, la Contraloría pone el ejemplo de Brasil, que ha obtenido mayor transferencia y facilidad en el uso de los recursos estatales con la CUT.

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