Escuchar
El diputado independiente Dragos Dolanescu pidió excluir del proyecto de reforma al empleo público a los funcionarios de una de las instituciones con más pluses del Estado: el Poder Judicial
Dolanescu argumentó que, de mantener a la Corte en la iniciativa, se violentaría la independencia del sistema judicial.
El legislador hizo su planteamiento a través de una moción de fondo que reformaría parcialmente el artículo 2 del proyecto dictaminado en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración, de la cual él es parte.
Ese numeral indica que la reforma aplicaría para todo el sector público, incluidos los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el sector estatal descentralizado (autónomas, semiautónomas y sus órganos adscritos y las empresas públicas en competencia) y hasta las municipalidades.
Si sus intenciones se concretan, implicaría que los funcionarios judiciales, actuales y futuros, quedarían excluidos de la implementación de un esquema de salario global que, en principio, podría generarle al Estado un ahorro promedio anual equivalente a un 1,1% del producto interno bruto (PIB), por un periodo de 42 años.
LEA MÁS: Reforma al empleo público ahorraría 1,1% del PIB por año
La idea de la reforma al empleo público es detener el sistema de pluses que hoy provoca fuertes desequilibrios salariales, entre instituciones del Estado, y que incrementan el gasto público en forma desordenada.
Solo el Poder Judicial, por ejemplo, tiene 21 incentivos propios, aparte de los que existen en todo el sector público, como las anualidades.
Estos pluses propios, que demandan unos ¢60.000 millones anuales, constituyen el rubro más caro en el presupuesto de beneficios salariales de la Corte, el cual ascendía a ¢155.000 millones en el 2018.
De hecho, el Poder Judicial gasta más en incentivos que en salarios base, pues estos últimos costaban ¢102.000 millones en ese mismo año.
Por una decisión de la Corte Plena, precisamente, la reforma al empleo público requiere del voto positivo de 38 de los 57 diputados, pues los magistrados alegaron que el proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Convenciones colectivas
La propuesta de Dolanescu también excluiría a la Corte del resto de normas que los legisladores pretenden implementar a través de la iniciativa, como la regulación de los periodos de vacaciones y convenciones colectivas.
Sobre la negociación de convenciones colectivas, si el Congreso finalmente decide limitarlas, el Poder Judicial sería una de las instituciones donde quedarían prohibidas, por prestar servicios administrativos directos.
En estos casos, han dicho la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República (PGR), ese tipo de convenios pueden prohibirse.
Según la justificación de la moción de Dolanescu, su propuesta “obedece a la necesidad de evitar injerencias indebidas en el Poder Judicial, de modo tal que este y cada uno de sus funcionarios, cumplan -sin ningún tipo de influencia interna o externa- con la ardua misión de impartir justicia”.
Por otra parte, el proyecto también fortalecería las competencias del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), como ente rector del sistema de empleo público.
Esa cartera sería la encargada de establecer los lineamientos generales de la materia y elaborar la metodología de cálculo del salario global.
Este tipo de remuneración sería un monto único que solo se actualizaría por el costo de vida, sin necesidad de los pluses que hoy disparan el gasto público.
Sin embargo, la aplicación de las normas quedaría en poder de las oficinas de recursos humanos de cada una de las entidades públicas.
La justificación de Dolanescu asevera que la independencia del Poder Judicial debe concebirse “libre de injerencias de otras autoridades”.
“Además, particularmente para la Judicatura, como una garantía en la sociedad democrática en la cual se garantiza la labor del juez sin que existan presiones externas o temores que afecten sus decisiones”, añade.
Para que la independencia sea efectiva, aduce, además de ser organizativa y funcional, esta debe ser “económica”, a fin de prevenir, por un lado, “que la asignación presupuestaria pueda convertirse en un instrumento de intervención política en la función jurisdiccional”.
“Por otro, que el debilitamiento de las condiciones económicas de sus funcionarios -activos e inactivos- socave la carrera judicial y, con ello, la necesaria permanencia en la Judicatura de personas cuya idoneidad y solvencia moral, permitan asegurar el cumplimiento efectivo de aquella delicada labor.
“El salario de los jueces y juezas ha de ser proporcional al grado de responsabilidad que el cargo apareja y debe constituir un estímulo para mantenerse en el puesto, pues no cabe duda que su disminución y la de toda aquella batería de derechos laborales que apareja el cargo, representa un desestimulo no solo para el ingreso de valiosos profesionales, sino para la permanencia en él”, añade.
Esa “adecuada” remuneración debe existir, también, para el personal auxiliar de los jueces, indica.
Incluso, el diputado independiente argumenta que con el fin de brindar a los jueces, colaboradores y auxiliares estabilidad e independencia requeridas para asegurar su permanencia en la institución, se creó el sistema de pensiones del Poder Judicial.
Dolanescu presentó su propuesta el 9 de diciembre. Forma parte de un legajo de más de 70 mociones de revisión al texto dictaminado en la comisión de Gobierno y Administración, pero aún no han sido discutidas.
Coincide con magistrados
Casualmente, Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseveró la semana anterior que las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo afectan la independencia judicial.
Señaló la duda que existe con la implementación de la reforma fiscal aprobada en 2018, la cual en su capítulo de empleo público, nominalizó el pago de incentivos salariales, en vez de sostenerlos de manera porcentual, como se hacía antes.
De igual modo, el magistrado cuestionó la reforma al empleo público.
“Tiene otros problemas de estrategia política, concentración de poder, pero esos son temas sobre los cuales no me voy a pronunciar, un análisis que no corresponde hacer a profundidad”, evidenció.
Cruz hizo ver su inconformidad con que “el Ministerio de Planificación sea el que determine muchas de las cosas que tienen que ver con la administración de justicia”.
“No es que defendamos los pluses, claro ahora son los funcionarios públicos los responsables de todo. La solidaridad se la exigen a los funcionarios públicos y a los demás qué se les exige (...).
¿Dónde están las cifras que eliminando los pluses se resuelve el déficit fiscal, quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos los pluses dejamos de tener déficit fiscal. ¿Será cierto eso?”, cuestionó el jerarca judicial.
