Janet Carrillo, una de las altas funcionarias de la Defensoría de los Habitantes que instó a renunciar a la defensora Catalina Crespo, relató detalles del porqué el Consejo de Directores de esta institución hizo este planteamiento el 26 de junio.

Todo gira en torno a la forma como Crespo manejó la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Carrillo, directora del Instituto de Educación en Derechos Humanos, explicó que conocieron de una preocupante cadena de errores, luego de reunirse con el equipo técnico que trabajó con la defensora de los Habitantes en la investigación.

La funcionaria detalló tres lineamientos usuales, dentro de los procesos preestablecidos para investigaciones de la Defensoría, que Crespo violentó:

1. Indefinición de la naturaleza de la intervención. La pesquisa inicia como una solicitud de información, se abre en el sistema como una investigación de oficio y concluye como una relación de hechos para la Fiscalía.

“En el informe que se envió a la Asamblea Legislativa, se dijo que era una alerta temprana. Toda esta indefinición en menos de una semana”, relató

2. Se conformó un equipo de investigación diferente al ordinario para estas investigaciones, en las cuales se incluyeron al jefe de informática y a la directora jurídica.

3. Se elaboró un borrador con la estructura de un informe con recomendaciones que, sin seguir el criterio técnico, se edita para remitir luego a la Fiscalía.

En cuanto al primer punto, Carrillo asegura que al equipo técnico no se le permitió dirigir la investigación y que aunque ese grupo solo emitió un documento sobre el caso, Crespo reveló la existencia de ocho borradores cuyo origen ellos desconocen.

La investigación cambió de responsables en el camino, aunque solo duró cuatro días. “¿Cómo una investigación de esta naturaleza se pretende hacer en cuatro días?”, se preguntaba el equipo.

Al conocerse el decreto de creación de la UPAD, el viernes 21 de febrero, la Defensoría le envió un oficio con una serie de preguntas a la Presidencia.

Pese a que los funcionarios con más experiencia le dijeron que era más prudente esperar a que Zapote respondiera, Crespo los citó el domingo 23 e insistió en hacer una precipitada visita a Casa Presidencial al día siguiente, lunes 24 de febrero.

La defensora decidió hacerle al presidente de la Reṕública, Carlos Alvarado, una serie de preguntas más periodísticas que técnico-jurídicas, según Carrillo, a pesar de la oposición del equipo.

Después, en Zapote, le advirtieron de que aún no era momento de dar declaraciones porque no contaban con información suficiente, pero la jerarca decidió hacerlo.

Luego, se extravío parte del audio de la entrevista al mandatario y, por si fuera poco, dos meses después, el 24 de mayo, Crespo les comunicó el hecho a los directores y les dijo que, si eran contactados por la prensa, no debían dar declaraciones.

Ante las declaraciones de la directora, La Nación envió una serie de consultas a la defensora por medio de la Oficina de Prensa de la institución.

Dicho departamento respondió así este sábado: “El despacho de la señora defensora indica que las preguntas ya fueron abarcadas en tiempo y forma, en el informe de la Comisión Legislativa en fecha 15 de junio del presente año”.

Además, remitió a un link en donde se puede observar la comparencia de la jerarca ante los diputados que investigan a la UPAD.

La gota que derramó el vaso

Janet Carrillo relató a La Nación los hechos conocidos por el Consejo de Directores de la Defensoría de la siguiente forma:

“Teníamos información vaga de que había algunos conflictos en el proceso, algunos problemas en la gestión de la investigación; y habíamos escuchado a la directora del proyecto, Hazel Díaz, en un Consejo, donde ella le dijo a la defensora que ella (Crespo) había violentado los procesos de control interno. A nosotros eso nos preocupó, pero nadie nos había dado la información”.

“Había muchos vacíos, que es parte de lo que hemos reclamado.

“Con doña Catalina he tenido una excelente relación, pero este no es un asunto personal , es un asunto institucional, es un asunto de credibilidad.

“Los pronunciamientos y las recomendaciones de la Defensoría no son vinculantes. Las recomendaciones se basan en lo que llamamos magistratura de influencia, que es la credibilidad que tenga la institución y, obviamente, la cabeza de la institución. Y han venido pasando algunas acciones de improvisación, de falta de rigurosidad, de falta de dominio de temas en algunos casos; nos preocupaba la credibilidad de la institución.

“Hemos venido en este proceso y esta investigación fue como la gota que derramó el vaso.

“Ella no es una persona de mal trato; no es que exista un problema de relaciones humanas. Es un problema de gestión, de fondo.

“La mayoría de nosotros somos profesionales de muchos años en la gestión pública.

“Sobre el extravío del audio, no estábamos enterados en lo absoluto. No teníamos ningún conocimiento hasta que, el 25 de mayo, ella nos llama a un Consejo y nos habla de la pérdida de un tal audio que ni sabíamos y pues, en ese Consejo, ella lo que nos dice es que, si somos llamados por la prensa, que no demos declaraciones, sino que pasemos las recomendaciones al despacho.

“Nosotros reaccionamos por cómo nos enteramos, porque ella no solamente dice que se perdió, sino que se envió al Ministerio Público y a nosotros, obviamente, eso nos preocupó.

“Le preguntamos que cómo este órgano colegiado de delegación y consulta no tuvo la oportunidad de conocer lo que estaba pasando, sino hasta que todas las acciones fueron hechas. No sabíamos absolutamente nada .

“En este Consejo (el día 26 de junio), el equipo técnico expuso el proceso de la investigación; estamos esperando la minuta. Ahí empieza el equipo a manifestar algunas inconsistencias en el proceso, en un caso de esta naturaleza.

“La Defensoría es una institución que se caracteriza también por la formalidad de sus actos en la defensa de los derechos de las persona, pero hay casos de casos.

“Cuando estamos hablando de que usted entra a la Casa Presidencial a hacer una investigación, donde está involucrado el presidente de la República, por la investidura que tiene, merece una rigurosidad, porque usted sabe que es probable encontrar eso, pero sabe que es probable que eso pueda ir a parar a estrados judiciales y, como lo hemos dichos una y mil veces, la forma es tan importante como el fondo”.

‘Hubo errores desde el principio'

“Hay correos, todo está documentado, de advertencias que los compañeros le vienen haciendo a la señora defensora con un interés, que es algo que nos interesa mucho y se ha tratado de desvirtuar, y es que jamás el equipo ha querido que no se hiciera la investigación.

“Porque parte del interés de algunos es decir que queremos ocultar la información, porque seguro queremos proteger al Gobierno. De ninguna manera, no es este el estilo y nunca lo ha sido, no de la Defensoría en su conjunto, ni de nosotros en el ejercicio de nuestras funciones.

“En la pequeña investigación, porque duró una semana, una investigación que se hizo en cuatro días, es otra cosa que el equipo decía: ¿cómo una investigación de esta naturaleza se pretende hacer en cuatro días?, era algo preocupante”.

“Esto empezó de esta manera y tuvo cambios en el procedimiento de la investigación, en la dirección de la investigación y en el resultado final. Estas cosas están documentadas por los compañeros.

“Entonces, nosotros no logramos entender cómo esta investigación, que es tan importante, porque estamos hablando de un tema de protección de datos, en lugar de ser el fondo de la investigación el tema de la noticia, termina siendo la noticia el problema de la gestión de la Defensoría y termina estando la Defensoría en el centro de la discusión, cosa que es absolutamente inusual.

“Cuando usted empieza un procedimiento mal, es muy probable que termine mal y, como los compañeros le advirtieron a la señora defensora, en un asunto de tan alta naturaleza, el fondo es tan importante como la forma.

“Hubo errores desde el principio, por ejemplo, errores de esta naturaleza: cuando sale el decreto publicado (sobre la creación de la UPAD), el área de Gobernanza que tiene como directora a la señora Hazel Díaz, es quien alerta a la defensora y le dice ‘mire señora defensora, acaba de salir publicado este decreto, creo que tiene algunos vicios de inconstitucionalidad que nos interesa ver por el fondo’.

“Entonces, mandan una carta al presidente; esto fue ese viernes. El domingo, ella llama a los compañeros y decide que va hacer una visita el lunes. Los compañeros, con toda la experiencia en el abordaje de este tipo de temas, le dicen a la señora defensora que por qué no esperar a que la Presidencia conteste la carta y así saber qué fue lo que pasó y así saber qué tipo de investigación vamos a realizar, esto no fue aceptado y dijo que quería ir y, bueno, los compañeros obedientes la acompañan a la reunión.

“Como hemos dicho siempre, ella llevó una serie de preguntas que no fueron elaboradas por el equipo técnico, y hubo una discusión con los compañeros al respecto de que las preguntas eran más periodísticas que técnico-jurídicas. Entonces, los compañeros cuestionan las preguntas.

“Como ella les dice que no y que esas son las preguntas que va hacer, entonces van, hacen las preguntas y ya aquí empiezan a haber dificultades en el manejo; y todavía aquí no hay ninguna investigación abierta.

“Estando los compañeros en Casa Presidencial en la tarde (24 de febrero), entrevistando a los profesionales que tenían a cargo esta tarea, en una investigación que es la que hacemos nosotros en sede administrativa, se enteran por las audiencias de que la señora defensora va abrir una investigación de oficio.

“La señora, de una vez, empieza a dar declaraciones a la prensa y los compañeros le dicen a doña Catalina que todavía no se contaba con la información suficiente, que estaban empezando a recabar información y que es mejor que no dé declaraciones.

“Entonces, empieza a haber dificultades por el manejo que se le da, que es más periodístico que técnico, sin haber acabado un tema tan importante”.

Asumir responsabilidades

“Otro de los temas que preocupa es que el equipo técnico entrega un expediente con el formato que se utiliza. Nosotros tenemos un macroproceso, dinde vienen exactamente los pasos a seguir en las investigaciones y allí la señora defensora violentó parte de este macroproceso y, si bien es cierto tenemos claro que un jerarca puede apartarse de los criterios técnicos, tiene que justificarse el apartarse de ese criterio técnico y luego tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, no echarle la responsabilidad al equipo técnico de las decisiones tomadas por ella.

“Los costarricenses a veces dicen que los mandos medios quieren ser los que tomen las decisiones y aclaro que no es así. Una de las fortalezas que tiene el Estado costarricense es la estabilidad laboral, porque hay continuidad en las políticas públicas y las acciones y hay memoria institucional. Y el jerarca tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones e incluso de apartarse del criterio técnico, pero lo fundamental, sostiene y asume la responsabilidad; pero este caso no ha sido así.

“Lo digo una y mil veces, este no es un asunto personal; ella es una persona agradable. Es su estilo de gestión, su falta de rigurosidad en el manejo de la gestión de lo público que ha puesto a la Defensoría en la mira en un momento realmente importante.

“¿Cómo es posible que estemos en esto cuando tenemos que estar velando por los intereses de las personas que están sin empleo, investigar los posibles abusos policiales que puedan haber y de los cuales mucha gente se ha quejado en distintos lugares, y estamos en un conflicto interno?

“Lo que nosotros hemos dicho es que lo mejor es que la señora se retire, porque es muy difícil recobrar la credibilidad en la cabeza de la institución.

“En este momento, en el que hay una corriente a nivel internacional antiderechos, donde hay sectores que están esperando para entrarle de lleno a la Defensoría de los Habitantes, no puede ser posible que sea nuestra defensora quien abra el espacio a esas voces que se escuchan desde hace mucho tiempo y que piensan que la agenda de derechos humanos es construida antojadizamente, sin tener claridad de que hay compromisos que el Estado ha adquirido internacionalmente.

“Cuestionar a esta institución abre la puertas para que unos de estos sectores que pretenden incluso cerrarla, porque les molesta; les molesta por el matrimonio igualitario, por la fertilización in vitro, por todos esos temas que no son temas sexys, que no les agradan a todas las personas, pero que nosotros tenemos la obligación de hacerlo.

“Entonces, nos preocupa porque en este momento hay muchos sectores deseando tener la oportunidad de decir que se requieren recursos y que se cierre la institución, y esta institución tiene un papel fundamental que cumplir, sobre todo en este momento de crisis que atraviesa el país.

“Por eso, creemos que es fundamental que la señora tome la decisión, con todo el respeto y el cariño que le tenemos, de retirarse de la institución, porque levantar la credibilidad de la institución en el nivel donde está va a ser sumamente difícil.

“Esta investigación es cambiada al final y se convierte en una relación de hechos, para pasarla al Ministerio Público. La investigación no fue hecha para eso. Esta investigación cambió de responsables en el proceso del sistema de una dirección a otra; esto tampoco se acostumbra, no se acostumbra, no, no está establecido de esta manera. El equipo técnico responsable de esta investigación no tuvo la oportunidad de dirigir esta investigación ya que realmente fue dirigida por la señora Defensora.

“Este macroproceso es como la guía que tenemos los investigadores.

“En lugar de estar viendo por el fondo lo que pasó con la oficina, si se manejaron o no los datos, lo que entra en la discusión es la forma de la investigación por, precisamente, los malos manejos y las formas irregulares como se manejó”.

El caso de los borradores

“La señora defensora dice en la Asamblea Legislativa que hubo ocho borradores y el equipo técnico nos dice que ellos solo presentaron uno y que nunca vieron ningún borrador. O sea, nosotros preguntamos ¿cómo un asunto de esta naturaleza, tan técnico y tan político y tan delicado al mismo tiempo, cómo el documento es mandado por otras personas que no fueron la personas investigadoras?

“Y cuando nosotros les preguntamos cuáles son esos ocho borradores, ellos (los miembros del equipo técnico) nos enseñan los correos y nos demuestran que ese es el único que enviaron y nos dicen que desconocen que hubo ocho.

“Le preguntamos a la jefa de despacho que si había otros documentos, ¿quién asesoró, quién trabajó? y ella dijo: ‘Yo desconozco, pero hubo ocho documentos’.

“Esos documentos no los conoció el equipo técnico. Entonces, eso es terriblemente preocupante, sobre todo por el tema, porque estamos hablando de la Casa Presidencial, del presidente de la República y de un tema de proteger datos de todos los costarricenses.

“El equipo técnico, que tiene experiencia, desde el primer momento le dijo a la defensora que este no es un caso cualquiera.

“Le dijeron que este tema puede terminar en la vía judicial, así que tiene que ser tratado con mucha rigurosidad y eso no fue manejado de esa manera y el resultado fue el que estamos viviendo.

“¿Quién está cuestionada?, pues la Defensoría de los Habitantes, porque si la señora que es la cabeza de la institución obviamente mostrara interés por lo que le va a pasar a esta institución, creo que se retiraría.

“Ella es joven, tiene posibilidades por delante y no puede en este proceso ponerse en entredicho la institución nacional de derechos humanos sobresaliente en América Latina”.

Preocupa la pérdida de credibilidad

“Lo que nos preocupa es qué va a pasar después, cómo vamos a calificar de nuevo a esta institución cuando hasta internacionalmente ya se mandaron cables. Esto nos preocupa porque llegar a ser una institución modelo en América Latina nos ha costado casi 30 años y no puede ser posible que se la traigan al suelo.

“Veíamos cosas que tal vez para ella no son importantes, pero para nosotros sí. Un ejemplo es la informalidad en el proceso y no tener en cuenta la pérdida de la credibilidad.

“Ella toma la decisión de que vayamos a hacer una inspección a las escuelas cuando inicia el curso lectivo, a ver cómo está la infraestructura educativa. Eso lo hemos hecho muchas veces y nos parece muy bien, pero la vía técnica respectiva le dice a la señora que es mejor no ir el primer día de clases, que es cierto que la prensa está, pero que los docentes están atendiendo a los niños que llegan y es difícil evaluar.

“Le decimos que no la haga porque no se puede hablar con los directores, con los docentes y, como ella insiste, ella es la jerarca y hay que ir. Entonces en los medios sale que la Defensoría estuvo, pero el resultado no es de impacto porque no logramos hablar con los docentes.

“O, por ejemplo, cuando iniciamos la pandemia, sale una campaña por radio sobre la violencia contra las mujeres. Esa campaña se saca sin el asesoramiento técnico y viene toda una crítica válida de todas la organizaciones para las mujeres, de que el tratamiento que le damos a la violencia intrafamiliar no es el adecuado, y se saca (la campaña) de circulación.

“Hay algunas preocupaciones cuando se van a hacer visitas a los hospitales, pero sin seguimiento posterior y nos preocupa la credibilidad. Si vamos a hacer una visita a un hospital, que sea para tener impacto en mejor calidad y estas cosas que empiezan a pasar, empiezan a preocupar.

“Tenemos una responsabilidad los que llevamos más años por los que vienen, y el Estado costarricense. Y muchos gobiernos están desde hace tiempo con problemas de credibilidad y nosotros trabajamos en eso, porque la gente debe creer en estas instituciones”.