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A diferencia de la incertidumbre que predomina en las preferencias electorales de los costarricenses rumbo a las elecciones presidenciales de este domingo, el panorama que afrontará el nuevo presidente de la República, sea quien sea, está bastante claro.
Según el director del Programa Estado de la Nación (PEN), Jorge Vargas Cullell, el siguiente mandatario gobernará con los votos prestados, con un Poder Ejecutivo con una débil base de respaldo popular lo que, probablemente, le impedirá echar a andar grandes reformas que impliquen medidas impopulares, a no ser de que logre pactos con la oposición.
¿Por qué dice Vargas que al futuro gobernante le prestarán los votos para ganar las elecciones?
La respuesta está a la vista en las encuestas.
Según la última medición del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) el candidato que está a la cabeza en preferencias de los electores es Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional (PRN) con apenas un 17%, seguido de Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional (PLN), quien alcanza un 12,4%.
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Otros tres candidatos, Carlos Alvarado, de Acción Ciudadana (PAC), Juan Diego Castro (Integración Nacional) y Rodolfo Piza (Unidad Social Cristiana), se apiñan entre el 8,6% de Castro y el 10,6% con que aparece Alvarado.
Tomando en cuenta que para garantizarse la Presidencia de la República un candidato debe superar el umbral del 40% de los votos válidos, los aspirantes están muy lejos de Zapote, si contaran solo con su base electoral propia.
"Estamos ante un pleito de enanos (...). Digo que es un voto prestado porque aún el partido más grande del país, que en este caso es Liberación Nacional (PLN), tiene una afiliación en este momento cercana al 20% del total. El que quiera ganar ocupa más de un 40% y en segunda ronda debería tener más de un 50%. Es decir, de esa masa de votos, menos de la mitad son sus simpatizantes", dijo Vargas.
Las consecuencias de ganar una elección en esas circunstancias son previsibles. Al tener un partido político pequeño detrás de su administración, el próximo presidente de la República tendrá un margen todavía más reducido que sus antecesores para echar a andar cambios radicales, que impliquen medidas impopulares. El mejor ejemplo de una situación de estas es la crisis fiscal que afronta el país.
Es decir, el próximo que se siente en la silla presidencial estará desprotegido en todos sus flancos, pues, además de no contar con una base electoral propia y, un partido robusto que lo acuerpe, tampoco tendrá una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, que le permita gobernar con solvencia.
"Con un partido fuerte, usted tendría algo capaz de hablarle a su base, un organismo que lo proteja y lo conecte con las masas, que les explique para dónde va el partido y, que en los malos tiempos lo defienda y, además, le dé al Gobierno la retroalimentación de qué es lo que está esperando esa base que usted haga.
”Pero cuando buena parte del respaldo electoral que usted tiene es ese voto prestado, el que votó por un candidato pero pudo haber votado por otro, esa base de apoyo a usted se les esfuma en cualquier momento y, además, para conservar esa base, usted no se puede arriesgar a tomar decisiones complicadas. Si usted toma una decisión así, vuelve a ver hacia abajo y no tiene a nadie que lo respalde", dibujó Vargas Cullel.
Un reto impostergable
Dada la urgencia fiscal que se encontrará el nuevo mandatario, con un déficit de un 6,2% del producto interno bruto (PIB), Vargas Cullel vaticina que al futuro gobernante no le quedará más alternativa que buscar rápido negociaciones con la oposición en las que, en definitiva, su gobierno estará obligado a ceder.
"Si usted está en un 17% en las encuestas a dos días de la primera ronda y ,solo gana en una segunda vuelta con los votos prestados, con una bomba de tiempo como el tema fiscal y con una Asamblea Legislativa que es un picadillo, me parece que no tiene otra alternativa", recalcó el politólogo.
Pero al próximo Gobierno no le alcanzará, según Vargas Cullell, con demostrar voluntad de negociación franca con la oposición. Para lograr resultados, agregó el investigador, deberá ceder, irremediablemente, una cuota de poder a esta y espacio para que las demás fuerzas políticas incluyan sus propuestas dentro de la base del proyecto de reforma fiscal que, se pensaría, es la salida más rápida a la crisis fiscal.
Para tener una idea de la magnitud del problema del déficit que enfrentará el nuevo Gobierno, cada punto porcentual del PIB es el equivalente a ¢330.783 millones. Si la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno cerró en diciembre en un 6,2% del PIB, según el Ministerio de Hacienda, quiere decir que el hueco en las finanzas del Poder Ejecutivo es de más de ¢2 billones.
Desactivar una bomba de tiempo de ese calibre, agregó Vargas Cullell, implicará que el próximo presidente incluso llame a integrar su gabinete a figuras respetadas de los otros partidos opositores.
"Eso no se ha hecho nunca en Costa Rica, pero se va a tener que hacer porque a pocos días de las elecciones el partido que va ganando tiene un 17%. Esos partidos políticos saben que la realidad política es esa. Esto no sería un gobierno de unidad nacional en el sentido que usted mete a todo el mundo desde el Frente Amplio hasta el Movimiento Libertario, pero usted, Gobierno, sí deberá convocar a tres o cuatro partidos para negociar un acuerdo. Lo malo de la negociación fiscal que se deberá dar es que no implica hablar de la distribución de beneficios, sino de la distribución de sacrificios, quién paga qué", explicó.
A pesar de la urgencia de encontrar una solución al déficit fiscal, pues este ya tiene consecuencias sobre los pagos del Gobierno y sobre las posibilidades de aumentar el endeudamiento para adquirir recursos, los partidos políticos no abordaron el tema con la seriedad requerida durante la campaña que está a punto de terminar.
El Progama Estado de la Nación se dedicó a darle seguimiento a los temas que más se discutieron entre los candidatos y entre estos no estuvo nunca el del déficit fiscal.
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"Los partidos se comportaron exactamente como en el 2010 y en el 2014. EN el 2010 y 2014 se habló de empleo, pobreza y desigualdad. En el 2018 la cosa fue peor, porque ni de eso hablamos, sino que los temas fueron el 'cementazo' y la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. En ambas elecciones anteriores el tema fiscal se evitó totalmente y se comportaron en esta elección como cabía esperar", lamentó.
Durante la campaña el problema del déficit fiscal, el recorte al gasto público y el endeudamiento apenas se abordó de forma general en los debates y no tuvo relevancia en los spots que los candidatos escogieron para llegar a los votantes.
