Directivos del Infocoop hablan de ‘puñales y corrupción’ en discusión sobre propiedades

El Infocoop, una entidad pública que administra una cartera de crédito superior a los ¢130.000 millones, con un alto porcentaje de morosidad (14%), presta dinero a las cooperativas a condiciones favorables, con un fin social y productivo. Parte de sus fondos los recibe del Banco Nacional (BN) y del Banco de Costa Rica (BCR) que, de sus utilidades, pagan cargas parafiscales por alrededor de ¢5.000 millones por año para que la entidad cumpla con sus objetivos.

En una sesión cargada de confusión, el pasado 5 de julio, los directivos conocieron un informe de la Auditoría Interna en el que se hace advertencias sobre propiedades que están a nombre de Infocoop, pero que no han sido desalojadas y son aprovechadas por sus dueños anteriores.

Las propiedades eran las garantías de operaciones crediticias no honradas por ¢3.100 millones, de manera que el Instituto se las adjudicó hace meses; no obstante, no han sido desalojadas y nadie se responsabiliza por el incumplimiento que señaló la Auditoría.

“No puede seguir esta institución que nace de un tema tan loable, cargándose con esta nefasta imagen de ineficiencia, de desorden, de descuido y ojo, de corrupción, porque esto se ve como corrupción y esto es imperdonable”, señaló la presidenta del Infocoop y ministra de Trabajo, Marta Esquivel.

La jerarca, una exjueza de la República, pidió explicaciones a la administración sin obtener respuestas. Ni siquiera se le pudo mostrar a los directivos una orden de desalojo de los inmuebles o algún documento necesario para recuperar esas propiedades.

Sus manifestaciones llegaron luego de que varios funcionarios se señalaran entre si la responsabilidad de lo sucedido.

El asesor legal, Mauricio Pazos, señaló al gerente Administrativo y Financiero, Héctor Díaz, y más tarde a la notaria institucional, Cristina Solís, quien dijo desconocer el tema y terminó por señalar que conoció que un asesor legal anterior, y que ya está fallecido, hizo un informe al respecto.

“El señor Díaz le expresa a la directiva Marta Esquivel que, con todo respeto, él no estuvo el año pasado en la institución en el cargo, tiene entendido que no existe esa orden así, no sabe si el señor Pazos conoce algo de eso, lo que conoce y lo que habló con la notaria institucional es que no se ha hecho todavía esa toma de posesión”, se consignó en el acta.

Seguido, respondió Pazos: “El tema de cobro no se lleva en la Asesoría Jurídica, se lleva en el departamento Administrativo Financiero y son ellos los que se encargan de hacer también el tema de la ejecución, le extraña mucho eso”.

Cuando ingresan a Solís a la sesión virtual, la abogada respondió que “desconoce el expediente judicial, eso quien lo lleva es la Asesoría Jurídica (de Pazos)”.

El director ejecutivo, Alejandro Ortega, por su parte, tampoco supo explicar sobre la orden de posesión.

Finalmente, ninguno confirmó la existencia de la orden de toma de posesión de las propiedades, por lo que los directivos ordenaron investigaciones.

Las propiedades

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Una propiedad es el Hotel del Sur, en Pérez Zeledón, que fue garantía del Consorcio Cooperativo Hotelero, por un crédito ¢2.000 millones. La otra es una finca en Heredia que perteneció al Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro, R. L. (Coocafé), pero que sigue siendo explotada por ese grupo, pese a que ya no le pertenece por no pagar deudas que suman más de ¢1.200 millones.

“Esa imagen que justamente se acaba de generar aquí, donde nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando, quién tiene o quién no tiene, quién conoce o no conoce”, fue cuestionada para el auditor, Guillermo Calderón.

Otro de los directivos, Óscar Alvarado, representante del sector cooperativo, afirmó que “se dieron cuenta todos de que hay un verdadero desorden”.

Geovanny Villalobos, miembro cooperativista y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), reconoció carencias en los procesos, aunque hizo un llamado a “no sobredimensionar” la situación.

“Quisiera llamar un poco a no sobredimensionar los temas, aquí ha habido temas muy graves donde reconoce que la administración ha hecho esfuerzos muy grandes para solucionar lo que le dejaron. Realmente le dejaron una institución dividida, partida en sí misma, como bien se dijo, gente denunciándose unos a otros donde ha imperado hasta el momento el serrucho, el puñal, el estarse golpeando unos a otros sin pensar en la institucionalidad”, expresó Villalobos.

De esta discusión ni siquiera pudo participar el cooperativista y miembro de la Junta Directiva del Infocoop, Óscar Campos, por estar asociado a Coocafé, consorcio que tiene demandada a la institución porque alega que le provocó pérdidas millonarias.

‘Serios problemas’

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La ministra Esquivel se refirió a esa sesión y aseguró que el Infocoop “tiene serios problemas de gestión interna” y que será un reto enfocar a la institución para no complacer, exclusivamente, los intereses de “ciertos grupos”, sino al servicio cooperativo.

Reconoció que lo revelado en ese caso es “desastroso” y “vergonzoso”, por lo que los directivos tendrán pronto una sesión especial para definir la ruta institucional. Pese a estos señalamientos, Esquivel descartó una intervención del Gobierno y afirmó que la anterior intervención no llegó a nada y dejó un ambiente laboral “caótico”.

En los gobiernos de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022), el Infocoop estuvo intervenido, lo que desató múltiples denuncias penales que terminaron en allanamientos en el 2017. Sin embargo, tras la intervención y cinco años después, según los directivos de la entidad, no se logró depurar la imagen de corrupción en la institución.