Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron, este miércoles, una moción al Presupuesto Nacional del 2019 que le rebaja ¢1.390 millones al plan de gastos del Poder Judicial, con recortes a las partidas dedicadas a “transporte” de varios programas.

Se trata de una propuesta del congresista liberacionista David Gourzong, que reduce el dinero previsto para compra de vehículos nuevos en varias dependencias judiciales, específicamente la Dirección Administrativa, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

A la administración judicial se le recortan ¢397 millones; a los tribunales ¢105 millones , a los fiscales ¢206 millones, a la Defensa Pública ¢113 millones y al Programa de Protección de Víctimas y Testigos ¢566 millones.

La moción 24 del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República, para el Ejercicio Económico 2019, tuvo el apoyo de seis de los 10 legisladores que estaban presentes en el momento de la votación.

Esa propuesta del verdiblanco Gourzong se aprobó con los votos de su proponente y sus dos compañeros de fracción, Silvia Hernández y Gustavo Viales, además de Harllan Hoepelman y Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN).

También aportó su voto Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Los cuatro votos en contra de la iniciativa vinieron de Welmer Ramos y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), además de Rodolfo Peña y Ana Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

David Gourzong explicó que la idea es reducir el dinero que dispone el Poder Judicial para comprar vehículos nuevos en diferentes oficinas, salvo en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Hemos defendido todo lo que signifique la parte operativa del OIJ y que se mantenga el financiamiento, para la sustitución de vehículos y motocicletas, para que ese organismo pueda continuar con su trabajo”, dijo el liberacionista.

La propuesta de los legisladores es que el Poder Judicial se pueda aguantar al menos durante un año para cambiar los vehículos, con la idea de amortizar el servicio de la deuda pública y, con eso, tratar de “ganar un poquito más de confianza entre las instituciones financieras”.

“La idea es que Hacienda pueda negociar a más largo plazo y en condiciones más favorables el financiamiento. El problema es que cuando no estamos pagando y amortizando, nos ponen condiciones perversas”, explicó David Gourzong.

La decisión de los miembros de Hacendarios se toma luego de que, en agosto, el Consejo Superior del Poder Judicial impidiera utilizar, para diligencias administrativas, los vehículos asignados a las plazas vacantes de ocho magistrados propietarios junto con sus respectivos choferes.

En el Poder Judicial, cada uno de los 22 magistrados tiene un vehículo y un chofer asignado; sin embargo, hay vacantes como la dejada por Gilbert Armijo, en la Sala Constitucional, que ha estado desocupada por casi tres años.

Aunque el liberacionista Gourzong insistió en que no se toca la partida del OIJ, la vocera del Poder Judicial, Sandra Castro, dijo que hay mucha preocupación por esas rebajas presupuestarias.

“Hay mucha preocupación, porque se está comprometiendo la operatividad en el Ministerio Público y el OIJ, pese a que el martes (9 de octubre), el Poder Judicial le presentó el presupuesto a la comisión y se indicó que el crecimiento es cero, o sea, el presupuesto es exactamente es el mismo del año anterior”, apuntó Castro.

Cuando Fernando Cruz, presidente de la Corte, defendió el presupuesto institucional ante los legisladores, alegó que la mayoría de la partida de transportes era para renovación de la flotilla en el OIJ.

"Puede ser que haya algunos que no correspondan al OIJ, pero la mayoría por la naturaleza del servicio que presta la Policía de Investigación Represiva, ese es el componente.

“De esos cuatro mil hay bastantes, yo me animaría a decir que un 80% o 90% son del OIJ, porque tienen un desgaste muy amplio y la subpartida solo creció en un 1,30%, y la política de sustitución es cada seis años”, dijo el magistrado.

Ante consulta del diputado Gourzong, ese día, Cruz insistió en que la mayoría son de la policía judicial y alegó que, en todo caso, “es mejor no tener vehículos”.

“El tema es mejor no tengamos vehículos, porque cuando usted comienza a hacer los costos de cómo hacer el cambio, cuanto más años, más pierde. Pero, como tenemos una preocupación con el tema de los vehículos, a veces, yo he llegado a la conclusión de que es mejor no tener vehículos, porque la forma de establecer que usted lo cambie cada seis años, si usted dice lo cambio cada diez, entonces pierde más”, alegó el magistrado presidente.

Aunque la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández, reconoció que Presupuesto 2019 es “austero y comedido”, destacó que los recortes que se darían tienen la intención de que “todo sea para capitalizar deuda”.

“Algunos recortes van para pagar deuda de corto plazo y otros para deuda de largo plazo. La idea es frenar el crecimiento de esas deuda. El Presupuesto no crece, pero sí la parte de financiamiento de deuda”, comentó la congresista.

Hernández comentó que la idea de los recortes se daría, por ejemplo, en los ministerios donde la previsión presupuestaria se mantenga igual al 2018 más la inflación acumulada, que es del 3%.

“Luego de ese monto, el excedente es el que se podría valorar para rebajas, dependiendo de a qué partida esté dirigido, sin tocar partidas cruciales. Nada que tenga que ver con inversiones, salarios ni pensiones”, planteó la legisladora.

Tampoco se le acercaría la tijera a ninguna partida del Ministerio de Seguridad, agregó la verdiblanca.

PANI bajo la lupa

En el caso de las transferencias presupuestarias destinadas al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Silvia Hernández explicó que hay propuestas de Liberación por ponerse a discusión para que el presupuesto de esa entidad se le traslade en dos tractos.

La idea es que el Patronato no pueda acceder al segundo tracto del presupuesto si no ha ejecutado hasta un 95% del primer tracto.

El primer desembolso sería un 65% del total de gastos previstos. Hasta que se consuma casi ese total, el PANI podrá disponer del 35% restante.

“El PANI tiene enormes niveles de subejecución. No se trata de recortar, pues se les garantiza el monto, pero se les da en dos desembolsos”, indicó la presidenta de Hacendarios.

Entre las propuestas liberacionistas, hay otras vinculadas con transferencias a organismos internacionales, sobre todo el pago de membresías.

“Nosotros partimos de la idea de que para el 2019 no habría plata para pagar aguinaldos, ya la ministra dijo que hay una necesidad de ¢2 billones para cerrar el año y, si ese año no se puede pagar membresías, pues también es momento de socarse la faja y ponerse al día en el siguiente ejercicio económico”, comentó Hernández.

También hay una propuesta del PLN para reducir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en ¢5.000 millones, porque dijo que el acuerdo con las universidades era que el aumento fuera por la meta inflacionaria, que el Banco Central de Costa Rica fijó entre un 2% y un 4%.

Hernández añadió que, en ese caso, ellos prefieren que el monto de aumento para el FEES quede en ¢10.000 millones, o sea, un 2%.