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Los diputados han planteado a la Sala Constitucional tres consultas separadas sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, alegando presuntos vicios en temas de fondo.
El propio 17 de junio, día de la aprobación del expediente 21.336 en primer debate, 15 legisladores presentaron una primera consulta facultativa de constitucionalidad, impulsada por José María Villalta, del Frente Amplio, enfocada en señalar lo que consideran violación a autonomías de diversas instituciones.
En el transcurso de esta semana, se presentaron dos consultas facultativas más ante el Tribunal Constitucional.
Una la promovió Pablo Abarca, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y la otra la plantearon Roberto Thompson, de Liberación Nacional (PLN), y legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La consulta planteada por Pablo Abarca, este martes 22 de junio, lleva también las firmas de los socialcristianos María Inés Solís, Aracelly Salas, Óscar Cascante y Pedro Muñoz, así como las de David Gourzong, del PLN; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), las independientes de Nueva República Marolin Azofeifa y Carmen Chan, así como el independiente Erick Rodríguez.
Ellos reclaman que hay una violación al principio constitucional de igualdad salarial en el transitorio XI del proyecto, por cuanto impide que cerca de 28.800 funcionarios accedan de inmediato a un incremento salarial.
Estos legisladores cuestionan el mecanismo establecido en un transitorio para los servidores públicos que ganen menos de lo que establezca el futuro salario global para su respectivo puesto.
El proyecto establece que seguirán recibiendo su sueldo con pluses hasta que alcancen el salario global, pues, de lo contrario, exigiría un fuerte ajuste económico al Estado de ¢32.000 millones anuales.
Para los consultantes, este mecanismo crearía una desigualdad en las remuneraciones.
También, estiman que es inconstitucional dejar por fuera del ámbito de acción del proyecto a las empresas públicas en competencia, pese a que consideran que los trabajadores de estas son también funcionarios públicos y deben someterse a estas nuevas reglas.
Adicionalmente, se plantea en la consulta del PUSC que las nuevas reglas sobre despido de funcionarios son violatorias de los principios de defensa, razonabilidad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.
Igualmente, dicen que darle la rectoría del empleo público al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) es una violación al principio de división de poderes, porque dicen que este tendría la competencia de definir procesos de reclutamiento y evaluación de desempeño, entre otras, para los tres poderes, universidades, instituciones autónomas y municipalidades.
Como vicio en el trámite del proyecto, aseguran los congresistas que se vulneró el derecho de enmienda de los diputados, pues alegan que la presidencia del Congreso se extralimitó al determinar cuáles mociones de reiteración se admitían para estudio en el plenario.
Contra la objeción de conciencia
Mientras tanto, la última consulta llegó a la Sala IV este 23 de junio, de la mano de Roberto Thompson, del PLN, y Enrique Sánchez, del PAC, se trata de una advertencia sobre un punto específico del proyecto, que es la cláusula de objeción de conciencia incluida en el texto a instancias del independiente Jonathan Prendas.
Esa norma fue incluida en el inciso G del artículo 23 de la Ley Marco de Empleo Público y permitiría que los servidores públicos puedan negarse a participar de programas de formación y capacitación “cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales”.
Específicamente, esta gestión ante la Sala IV dice que esa cláusula viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, de razonabilidad y proporcionalidad, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Lo que reclaman los congresistas es que, al permitir que los empleados públicos se nieguen a recibir capacitaciones sobre, por ejemplo, ciertos derechos de las personas, eso iría en detrimento de los servicios públicos que deben prestar e, incluso, de los derechos humanos.
Junto a Thompson y Sánchez firmaron esta última consulta los liberacionistas Gustavo Viales, Jorge Fonseca, Paola Valladares y Aida Montiel; los socialcristianos María Vita Monge y Erwen Masís, la oficialista Carolina Hidalgo y la independiente Zoila Volio.
La consulta planteada la semana pasada, en tanto, alega violaciones del proyecto a la autonomía de las universidades públicas, del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las municipalidades.
Esta la firmaron, además el frenteamplista José María Villalta, Franggi Nicolás, Karine Niño y Daniel Ulate, del PLN; Paola Vega, Welmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo, del PAC; Floria Segreda, del PRN; Aracelly Salas y Shirley Díaz, del PUSC; Patricia Villegas y Wálter Muñoz, del PIN, y las independientes Zoila Volio e Ivonne Acuña.
De acuerdo con la ley, existen dos tipos de consultas legislativas que se presentan ante la Sala Constitucional. El primer tipo es la preceptiva, o sea obligatoria y se aplica, principalmente, sobre convenios, tratados o acuerdos internacionales.
El segundo tipo es la consulta facultativa, que obedece a dudas, de fondo o de trámite, pero sin que sean obligatorias. Se puede plantear sobre cualquier proyecto, pero debe contar con las firmas de al menos 10 congresistas.
