Natasha Cambronero. 21 enero, 2016
Antonio Álvarez del PLN y Ottón Solís del PAC cuestionan la falta de transparencia de las autoridades de la CCSS. | RAFAEL PACHECO
Antonio Álvarez del PLN y Ottón Solís del PAC cuestionan la falta de transparencia de las autoridades de la CCSS. | RAFAEL PACHECO

Legisladores de diferentes bancadas piden sanciones para los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se niegan a facilitar datos de salarios públicos, pese a los reiterados fallos de la Sala Constitucional, que declaró pública esta información y de acceso irrestricto.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez, considera que es necesario sentar un precedente legal, pues, de lo contrario, las trabas para acceder a información pública continuarán presentándose no solo en la Caja, sino también en otras instituciones estatales.

“Muy preocupante lo poco transparentes que son las instituciones (...). Es un tema de actitud de los funcionarios públicos. La Sala debería dictar condenas específicas por desobediencia a las reglas de transparencia”, expresó Álvarez.

Con él concuerda Ottón Solís, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), quien incluso pide la intervención del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para que inste a las autoridades de la Caja a acatar los fallos de la Sala IV.

“La institución que incumpla la legislación y la interpretación de esa legislación que hace la Sala, requiere del actuar primero del presidente en el ámbito político; y el actuar judicial si así procede, no es un tema menor. Quien nada debe, nada teme; entonces ¿por qué la Caja pone tantas trabas?”, sentenció Solís.

Una postura similar tiene Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, quien defiende la importancia de que la ciudadanía conozca en qué se gastan sus recursos.

“Necesitamos causas (judiciales) para quienes incumplan o evadan el cumplimiento de una orden de la Sala IV”, declaró el legislador cartaginés.

Este lunes, La Nación dio a conocer que, desde agosto pasado, la Caja se niega a facilitar ese tipo de información, omitiendo sentencias que datan de 1993.

Incluso, con su acción, la CCSS desconoce siete fallos de diciembre pasado, en los que los magistrados confirman el “acceso irrestricto” a las bases de datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la CCSS. Allí se reportan salarios y puestos de los empleados públicos.

Sin explicaciones. El jefe de la fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, calificó de “improcedente” el actuar de la CCSS.

“Pienso que la información tiene que ser pública. No entiendo por qué la CCSS se resiste a dar esa información. La Sala IV ha sido muy clara”, dijo Vargas.

Su homólogo del Partido Unidad Social Cristiana, Johnny Leiva, asegura que esa información tendría que publicarse mes a mes en la página web de la Caja.