En medio de las mociones presentadas, hasta ahora, por los diputados para modificar el proyecto de reforma al empleo público, ninguna propone corregir uno de los defectos del texto que podría incrementar el gasto en salarios: la exclusión de la regla fiscal.

La regla fiscal, establecida en el plan de ajuste tributario del 2018, permite congelar los aumentos salariales del sector estatal por costo de vida en momentos de emergencia, cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

En la actual coyuntura, dicha norma entrará a regir en el 2022, dado que el endeudamiento del Gobierno Central de este año, que se usaría de referencia, superaría el 70% del PIB.

Sin embargo, la aplicación de la regla fiscal no fue incluida en el texto de la reforma al empleo público que fue dictaminado por la comisión legislativa de Gobierno y Administración, el cual propone crear un salario global para los empleados públicos.

Dicha omisión fue advertida por Pilar Garrido, ministra de Planificación, quien también señaló que el plan que se encuentra en el plenario legislativo tiene otro inconveniente que podría incrementar el gasto en remuneraciones, en vez de reducirlo como se pretende.

El plan implicaría crear un esquema de salario global en el que ya no existan los numerosos pluses que desequilibran los sueldos entre instituciones y que presionan con fuerza el gasto público, por factores como la simple antigüedad de los funcionarios.

No obstante, el texto actual facultaría a 28.640 empleados públicos –cuyos sueldos actuales quedarían por debajo del futuro salario global– a migrar de inmediato al nuevo esquema, lo cual generaría un incremento de ¢32.240 millones anuales en el gasto.

Además, Garrido advirtió que la redacción permitiría al resto de servidores actuales, los que ganan más del salario global, recibir aumentos por costo de vida durante los próximos 12 años, a pesar de que la regla fiscal ordena congelarlos mientras la deuda pública no baje del 60% del PIB.

Este último aspecto sí fue considerado por tres legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y la independiente Ivonne Acuña, quienes presentaron mociones que permitirían incorporar de manera gradual a todos los actuales empleados al nuevo esquema de remuneración.

Garrido estima que la inclusión de esta gradualidad, sumado a la aplicación de la regla fiscal, permitiría que el país se ahorre en pago de salarios hasta un 1,1% del PIB, durante un periodo de 42 años.

Mociones

Al igual que la independiente Ivonne Acuña, los diputados liberacionistas Silvia Hernández, Yorleny León y David Gourzong han presentado mociones individuales para propiciar un traslado gradual de los actuales servidores públicos al salario global.

Mientras, el legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca insiste en abrir la puerta a más de 28.000 trabajadores con sueldos inferiores al nuevo esquema, para que salten al global, aunque en su nueva moción sí se ajusta a la regla fiscal.

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Hernández propuso congelar el salario de los empleados que ganen por encima del global hasta que el monto del nuevo esquema los alcance. Una vez llegado ese momento, se realizaría su traslado automático.

Para quienes ganen por debajo, les mantiene la remuneración actual compuesta por salario base más pluses, hasta que alcancen el global. De ahí, emigrarían automáticamente al nuevo sueldo.

Lo mismo plantearon León, Gourzong y Núñez aunque con redacciones diferentes. De esa forma, se generaría un mayor ahorro.

Sin embargo, el impacto sería inferior al 1,1% estimado por el Gobierno, pues las mociones de los cuatro legisladores permiten aumentos por costo de vida para los funcionarios públicos actuales, lo cual pasaría por encima de la regla fiscal.

Garrido no explicó en cuánto disminuiría el ahorro de la reforma con solo establecer un traslado gradual de los actuales empleados, pero sin implementar la regla.

Sí dejó claro que un nuevo texto deberá indicar con claridad que los salarios compuestos de los servidores públicos, sin distinción del monto, estarán excluidos de los ajuste salariales por concepto de costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en la regla fiscal.

Abarca, por su parte, insiste en su moción en la posibilidad de trasladar casi de inmediato a los empleados que ganan por debajo del global, pero aclara que “los aumentos por costo de vida se darán en cumplimiento y según lo dispuesto en la Ley N°. 9635″ del 2018, que contiene la regla fiscal.

La liberacionista León dijo que, efectivamente, su moción señala que funcionarios, en su tránsito hacia el esquema de salario global, tendrán un aumento salarial por costo de vida.

“Desde la técnica legislativa nos parece innecesario adicionar a la moción lo que ya señala el artículo 13 de la Ley 9635, donde claramente está indicado que quedan congelados los salarios cuando la deuda del país sea igual o superior al 60% del PIB escenario en el que nos encontramos”, expuso.

Sin embargo, admitió que, en caso de ser necesario y, “en aras de evitar interpretaciones por parte de los operadores jurídicos de la norma”, se puede presentar una nueva moción donde se aclare la prevalencia de la regla fiscal.

“Importante es mencionar que el congelamiento del salario por todo el tiempo que la deuda del país sea igual o mayor al 60% del PIB ya es ley de la República (9535) y, por tanto, no es un resultado o un efecto que se obtendrá con la aprobación del proyecto de ley sobre empleo público”, aclaró.