Por unanimidad, nueve diputados de la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración aprobaron incluir a todas las instituciones públicas en la definición del salario global que establecería la reforma al empleo público para cada puesto en el Estado.
Si las instituciones no logran ponerse de acuerdo sobre los sueldos, las disputas tendrán que resolverse en el Tribunal Contencioso Administrativo, afirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
La propuesta número 295 se aprobó con votos del PLN, PAC, PUSC, Nueva República, el Frente Amplio y dos independientes.
Dicha moción introduce, dentro del artículo 30 que orienta los principios rectores de la remuneración, que las instituciones construyan la columna salarial en conjunto con Mideplán, la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Las instituciones incluidas en esa construcción serían los poderes Judicial y Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades estatales, las municipalidades y el resto de instituciones autónomas.
La norma no aplicaría para las empresas públicas en competencia ni para el Cuerpo de Bomberos, los cuales quedaron excluidos de la ley, excepto en la regulación de la negociación de convenciones colectivas.
Votaron la moción los liberacionistas Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong; Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); el frenteamplista José María Villalta; y los independientes Dragos Dolanescu y Zoila Rosa Volio.
También emitieron votos positivos el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y el fabricista Jonathan Prendas, a pesar de que ellos cuestionaron que, en el caso de las universidades, esta moción no arregla la exclusión introducida el pasado martes en el artículo 6.
En ese numeral, el PLN, PAC y Frente Amplio introdujeron un trato diferenciado para las ‘U’ públicas, al permitirles que, en materia de empleo público, se rijan por sus estatutos orgánicos y normativa complementaria de autogobierno.
Los diputados también aprobaron la moción 229, que incluye la misma redacción en el artículo 34, el cual versa sobre la construcción de la escala salarial global a partir de una metodología que también elaborarían la DGSC, el Mideplán y la Autoridad Presupuestaria.
Esta asignará puntos de remuneración a los puestos incluidos en cada una de las ocho familias laborales establecidas en el proyecto, y tomará en cuenta los factores del trabajo y la necesidad de profesionales.
Esa segunda moción se aprobó con 8 votos a favor y un en contra. Solo el independiente Dolanescu se opuso.
Para el abogado constitucionalista Rubén Hernández, estas redacciones son intrascendentes si su intención era evitar que las universidades públicas quedaran fuera de la regulación del proyecto.
Hernández explicó que el ajuste no evitaría el efecto de la moción 91 que fue aprobada el martes, la cual establece lo siguiente: “El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, y 87 de la Constitución Política”.
El abogado manifestó: “A final de cuentas, cada universidad internamente fijará sus salarios alegando su autonomía constitucional y la norma aprobada ayer (martes). La moción aprobada es muy clara en el sentido de que las universidades tienen autonomía para hacer lo que quieran en esta materia”.
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Disputas al Tribunal Contencioso Administrativo
En cuanto a la inclusión de todas las instituciones en la definición de la remuneración global, Rubén Hernández dijo: “La idea es buena, siempre que se entienda que, en caso de divergencia, prevalezca el criterio de las autoridades públicas, pero no se dice. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo?”, señaló el abogado.
¿Qué ocurriría si, en la construcción de una escala salarial, la Autoridad Presupuestaria, el Mideplán y la DGSC dicen, por ejemplo, que por asuntos de estabilidad fiscal el salario de determinada escala es de ¢1 millón y una institución involucrada asevera que debería ser de ¢1,5 millones?
Para la ministra Pilar Garrido, primero se deberá revisar el cumplimiento de la legalidad de la contrapropuesta y, de no haber acuerdos, el caso puede ser elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, donde un juez dictaría sentencia sobre cuál deberá ser esa remuneración.
“Yo creo que si se apela a un principio de coordinación interinstitucional no debe de haber tanto problema”, finalizó Garrido.
En criterio de los diputados Morales y Chacón, estos ajustes dejan claro que las universidades están dentro del salario global, aunque reconocieron que deben hacerse ajustes a la redacción del artículo 6.
El verdiblanco Chacón agrega que, al incluir a las instituciones en esa construcción, se respetan las normas de independencia y autonomía constitucional de las entidades que están fuera del Poder Ejecutivo.
La jerarca de Planificación, Pilar Garrido, explicó que, para las entidades el Poder Ejecutivo, la directrices en materia salarial les alcanza directamente, mientras que, para los poderes Legislativo y Judicial y el TSE, la construcción de la escala se elabora en conjunto.
Lo mismo ocurriría con entes autónomos, excepto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que, de acuerdo con la ministra, no tiene autonomía en empleo público y sí les alcanzarían las directrices gubernamentales.
Esa construcción con los poderes y las autónomas se efectuará con base a la metodología establecidos por la ley, haciendo la valoración puesto por puesto y los grados, otorgando puntos de remuneración que tomen en cuenta la realidad fiscal y los topes salarial donde el máximo salario sería el del presidente de la República.
“¿Qué aporta la institución autónoma? El conocimiento de sus perfiles. ¿Qué aportan los poderes? El conocimiento del servicio que tiene que prestar cada una de las escalas salariales”.
“¿Qué aporta Mideplán, la Autoridad Presupuestaria y el Servicio Civil? Velar por el adecuado cumplimiento de los postulados de la compensación, por la coherencia que a las clases de puestos iguales en otros lugares de la administración pública, el salario sea la misma si es el mismo trabajo”, expuso Garrido.