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Los diputados acordaron dictaminar, el próximo 8 de julio, la reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses. Originalmente, el texto permitiría entregar nacionales a otros países por narcotráfico y terrorismo, pero los legisladores evalúan incluir más delitos.
Así lo confirmó a La Nación el diputado Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional (PLN), presidente de la comisión legislativa a cargo de estudiar la propuesta.
El pasado 26 de junio, la comisión solicitó un criterio al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa respecto a cuáles tipos penales se podrían agregar. Un asesor de la Fiscalía de Colombia recomendó incluir el lavado de dinero y la asociación ilícita.
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Izquierdo, quien también es jefe de fracción del PLN, sostuvo que la reforma es necesaria. Su compañera Paulina Ramírez explicó que la consulta a Servicios Técnicos busca determinar si la inclusión de otros delitos podría afectar la conexidad del proyecto, en vista de que el texto original solo contemplaba narcotráfico y terrorismo.
“No queremos exponer o ir más allá de lo establecido, porque esto va a consulta a la Sala Constitucional y no quisiéramos que se caiga (el proyecto) por ampliar los conceptos. Pretendemos avanzar con la reforma, de manera que sea lo más limitada posible para no exponernos a un rechazo”, explicó Ramírez.
Actualmente, el artículo 32 de la Constitución Política prohíbe que los costarricenses sean compelidos de abandonar el territorio nacional. La reforma tramitada bajo el expediente 23.701 exceptuaría de esta protección a las personas cuya extradición haya sido decretada por un tribunal nacional.
Si la comisión recomienda aprobar el texto, requerirá de al menos 38 votos para ser aprobado en primer debate en el plenario, para luego ser enviado a consulta a la Sala Constitucional.
En caso de que los magistrados no encuentren vicios de constitucionalidad, el texto regresará a la Asamblea para su aprobación en segundo debate. Finalmente, se informará a la Presidencia de la República, para que el mandatario Rodrigo Chaves haga referencia a la reforma en su informe anual al Congreso.
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Recomendaciones de experto colombiano hicieron eco
Los diputados Eliécer Feinzaig y David Segura, de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR), dijeron a este medio que respaldaban la recomendación que hizo Gonzalo Gómez Escobar, asesor dos de la Fiscalía General de Colombia, de abrir la redacción para sumar otros delitos, que no limiten la reforma al narcotráfico o al terrorismo.
Feinzaig considera pertinente incluir los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita, “porque ambas son formas de crimen organizado y la mayoría de los casos de solicitudes de extradición involucran estos tipos penales”.
El legislador recordó que el exmagistrado Carlos Arguedas también sugirió incorporar una lista acotada de delitos sujetos de extradición, para encontrar menos objeciones en el análisis de constitucionalidad, al no dejar abierta la posibilidad de extradición para cualquier tipo de delito.
El asesor colombiano advirtió a los parlamentarios costarricenses de que la reforma era limitada y “generaría problemas de impunidad”. Como ejemplo, mencionó que, cuando Estados Unidos pide extraditar a una persona por narcotráfico, también incluye en la petición los delitos de lavado de dinero y conspiración.
El experto argumentó que, si la redacción queda solamente en términos de narcotráfico y terrorismo, la solicitud tendría que negarse, porque esas otras figuras legales no estarían contempladas en el artículo constitucional.
Por ese motivo, al igual que lo hizo el ministro de Seguridad, Mario Zamora, Gómez recomendó a los diputados ampliar la cantidad de delitos por los que se podría permitir la extradición de costarricenses.
“Mi recomendación sería abrirlo para todo tipo de delitos, porque nosotros tenemos graves problemas, por ejemplo, con el tráfico de personas, que es una tragedia humana inmensa”, sugirió el especialista colombiano, que dice haber participado en el trámite de más de 2.000 extradiciones.
El diputado David Segura confirmó que votará favorablemente la reforma, por considerarla una necesidad para atender las demandas actuales en materia de lucha contra la criminalidad.
“Ni Costa Rica ni el mundo es lo que era hace 75 años en 1949 —cuando fue promulgada la Carta Magna—. Por ello, debemos modernizar nuestra Constitución, pues el crimen organizado y el narcotráfico se mueven internacionalmente y los países debemos unirnos para luchar contra ellos”, expresó.
Pilar Cisneros: ‘Más diputados se han convencido’
La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, indicó que las audiencias con los expertos permitieron que más diputados se convencieran respecto a la necesidad de permitir la extradición de nacionales “que se meten a jugar en las grandes ligas del narcotráfico o del terrorismo”.
Cisneros aseguró que, de acuerdo con la experiencia de otros países como México y Colombia, contar con la posibilidad de extraditar a Estados Unidos, es una señal “muy poderosa” que se le envía a los capos de la droga.
“La policía local tiene identificados por lo menos a 50 capos que son naturalizados costarricenses, que se sienten muy seguros aquí, porque saben que no hay extradición”, añadió.
Se remitieron consultas a los demás integrantes del foro, pero no se obtuvo respuesta. La comisión la completan Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA) y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
