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Cinco diputados de la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración aprobaron este jueves introducir, en el proyecto de reforma al empleo público, regulaciones en la negociación de convenciones colectivas en las instituciones del sector público.
La comisión aprobó la moción número 56, la cual propone prohibir que en estas negociaciones colectivas se pacten incrementos salariales, nuevos pluses, la creación de nuevas plazas o temas adicionales que afecten el presupuesto nacional o de las instituciones.
Votaron a favor los diputados Luis Fernando Chacón (Partido Liberación Nacional), Víctor Morales y Nielsen Pérez (Partido Acción Ciudadana), Pablo Heriberto Abarca (Partido Unidad Social Cristiana) y Jonathan Prendas (Nueva República).
En contra, se pronunciaron el liberacionista David Gourzong y el independiente Dragos Dolanescu.
La regulación sería para el sector público incluido dentro la reforma, lo que abarca a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como las instituciones autónomas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas y las municipalidades.
También sería extensiva a las empresas públicas en competencia como el Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o el Banco de Costa Rica (BCR), las cuales quedaron excluidas del resto de regulaciones del proyecto como la implementación de un salario global y la sujeción a la rectoría de Mideplán y del Servicio Civil.
Los diputados optaron por regular la negociación colectiva en todo el Estado, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) había aclarado que el Congreso, además de restringir su alcance, podría hasta prohibirlas en un determinado grupo de instituciones públicas sin que ello implique violación de normas constitucionales.
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Esa prohibición, según el abogado del Estado, podría darse en las instituciones que brindan servicios públicos, excepto en las empresas públicas en competencia donde son permitidos esos tipos de pactos.
La moción aprobada este jueves liga ese tipo de negociaciones a los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, legalidad e igualdad, legalidad presupuestaria y el de publicidad y transparencia.
Sobre legalidad y transparencia, se obligaría a las partes levantar un acta de cada sesión de la negociación que se publicaría como máximo al finalizar el proceso, junto con un acta de cierre que deberá contener las cláusulas pactadas, así como lo que se desechó o no se pudo sellar por falta de acuerdo.
Del mismo modo, se ordenaría al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a publicar en su página web, previo al proceso de homologación del convenio, el acta de cierre de la negociación.
Si en la negociación hay acuerdos que afecten el principio de legalidad presupuestaria, las cuales requieren de aprobación legislativa, estas quedarán condicionadas a la inclusión en el presupuesto de la República y su reglamento, dice la moción incorporada al proyecto.
Cuando se pacten normas que afecte el principio de legalidad presupuestaria, las cuales requieren de aprobación legislativa, estas quedarán condicionadas a la inclusión en el presupuesto de la República y su reglamento.
Del mismo modo deberán recibir la aprobación de la Contraloría General de la República cuando afecte los presupuestos de las instituciones, cuando esos planes de gastos requieran del aval del ente contralor.
Luis Fernando Chacón, uno de los firmante de la moción, explicó que las regulaciones parten del principio de que las convenciones colectivas son un derecho constitucional del trabajador, pero que se debe retomar lo dicho por la Sala Constitucional en la materia.
Chacón señaló que se han encontrado “diferencias de manera abusiva, de manera distorsionada y que realmente se escapan de la realidad país”.
“Debemos recordar que hoy el presupuesto ordinario de la República se financia en un 55% con deuda pública. Buena parte de esa deuda es para pagar salarios del sector público y resulta que, en la estructura de esos salarios, el 152% con respecto al base son pluses”, manifestó el legislador.
Debido a lo anterior, la intención de esas regulaciones es “poner orden” para garantizar estabilidad del empleado público y generar oportunidades para el futuro, añadió.
Sin citar el nombre, aseveró que solo una institución pública ha pactado más de 42 pluses salariales y que, en 2018, esos beneficios le costaron a los costarricenses alrededor de ¢29.000 millones y, en 2019, ¢35.000 millones.
“Precisamente queremos puntualizar que, en las futuras convenciones colectivas, se eviten negociaciones que generan desigualdad, pues, ahora, esa negociación distorsiona el empleo público y se come las arcas de los costarricenses, en vez de impulsar la actividad económica y generar más empleo”, finalizó el verdiblanco.
El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca dijo que la regulación pretende poner en regla el tema de convenciones colectivas.
“Era importante, algo fundamental de este proyecto, que esto luego no sea una letra muerta en función de que las instituciones negocian con sus colaboradores un instrumento de convención colectiva y puedan botar a la basura todo lo planteado en el proyecto”.
“De manera que la regulación estricta que se está planteando es un esfuerzo que hace esta comisión en el esfuerzo de poner orden y eliminar privilegios”, expuso Abarca, quien hizo énfasis en que todas las instituciones estatales están contempladas dentro de la regulación.
Otra moción aprobada por la comisión deja claro qué funcionarios tienen prohibidos negociar convenciones colectivas, por ejemplo, los jerarcas de las instituciones.
