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Los diputados impondrían cuatro filtros para que las personas accedan a la moratoria bancaria que sería creada por ley, en la Asamblea Legislativa, para ayudar a los afectados por la crisis económica desatada por el coronavirus.
La moratoria consistiría en aplazar, por un periodo de hasta cuatro meses, el pago de la deuda principal, intereses y otros cargos de los préstamos de personas y negocios golpeados económicamente.
Las cuotas suspendidas deberían cancelarse una vez que venza el crédito, en un periodo similar al de la moratoria, establece el borrador que se construye en la mesa legislativa sobre préstamos.
El primer filtro del marco regulatorio es que el periodo de gracia aplicaría para los créditos personales, de vivienda, vehículos y consumo (incluidas tarjetas de crédito).
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El segundo filtro es que, para acceder al beneficio, el deudor debería demostrar su afectación a cada banco.
En el caso de los asalariados, tendrían que suministrar la carta de despido, de suspensión del contrato laboral o de reducción de la jornada de trabajo, por parte del patrón.
Para los negocios o independientes, se exigiría una declaración jurada autentificada por un abogado, o una certificación de un contador público autorizado, que demuestre el cierre de operaciones o una reducción de más del 20% en los ingresos.
Un tercer filtro es que, para acceder a la moratoria, los clientes no deberían tener una mora mayor a los tres meses a partir de la aplicación de la iniciativa.
Como cuarto filtro, tampoco podrían acceder a la moratoria las operaciones hipotecarias y prendarias que cuenten con una póliza de desempleo en la que una aseguradora se comprometió a pagar las cuotas del crédito por 11 meses, mientras la persona se reubica.
Además, se excluiría del periodo de gracia el pago de las cuotas de seguros de cada crédito.
Aplicarían para la moratoria los créditos que cumplan con requisitos tanto formales como los que no son regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), según el texto en borrador.
Pablo Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aclaró que este texto todavía es un borrador que recoge las observaciones hechas en la mesa legislativa sobre créditos. Por lo tanto, añadió, será sometido de nuevo a consultas y podría sufrir variaciones.
‘No es en automático’
Abarca, quien coordina la compilación de acuerdos de ese foro legislativo, dijo que la idea no es establecer una posposición de pagos para todos los que tienen deudas.
“La moratoria no sería en automático. Es para quien haya sufrido una suspensión de contrato de trabajo, una reducción de jornada o un despido. Y para un trabajador independiente que haya presentado un problema de flujo de caja o contractual. No es en general como se había planeado en principio”.
“Es un doble filtro: el producto, que hay que definir cuáles son los que finalmente quedan en la propuesta, y quién verdaderamente tiene una afectación dentro de ese producto.
"Nos garantizaríamos de que hay una aplicación a quien verdaderamente es afectado y que realmente el mecanismo de pago que se esté estableciendo es sin costos adicionales para la gente”, explicó el socialcristiano.
Abarca indicó que esta última versión se consensuó la tarde de lunes y se encuentra en consulta con el jerarca de la Sugef, Bernardo Alfaro; el titular del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent; y el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero.
Por su parte, Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que, a pesar de que algunos bancos ya están renegociando créditos por iniciativa propia, la propuesta de los congresistas sí tiene sentido debido a que establecería un marco regulatorio para esas acciones.
Este martes, las organizaciones financieras reportaron readecuaciones en cerca de 935.000 operaciones crediticias.
Por ejemplo, la Asociación Bancaria Costarricense afirmó de que 14 instituciones afiliadas, públicas y privadas, han ajustado operaciones de 701.000 personas y de 72.000 empresas afectadas económicamente por la pandemia.
Por su parte, la Cámara de Bancos aseveró que sus agremiados están haciendo ajustes en 935.000 créditos. Estos incluyen préstamos de emergencia a sectores como el empresarial, refinanciamientos, prórrogas, readecuaciones y periodos de gracia.
“Las instituciones podrían tener mayores instrumentos para atender con mayor premura y mayor certeza a los clientes. Sería un instrumento jurídico para poder seguir adelante en el proceso de readecuación y eventual moratoria de muchos de los créditos a partir de la flexibilización de la normativa”, aseveró el legislador Roberto Thompson.
Sin embargo, el verdiblanco sostuvo que los diputados deben ser muy prudentes a la hora de elaborar una normativa de este tipo, debido a las advertencias de Sugef de que una moratoria muy abierta podría generar un problema de liquidez que arriesgue la estabilidad del sistema financiero.
“Por eso está establecido en el texto, como una de las condiciones, que las decisiones que tomen las instituciones financieras no lleguen a afectar la liquidez”, puntualizó.
En ese sentido, Thompson confirmó que preparan, para esta semana, una reunión con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, a fin de que se refiera a la propuesta.
Sobre el tema de liquidez, el documento autoriza al BCCR a establecer un programa especial de apoyo a las entidades que apliquen la moratoria.
“El Banco Central de Costa Rica queda autorizado a contratar y renegociar empréstitos con entidades bilaterales y multilaterales, con el propósito de contar con recursos para reforzar su situación de reservas internacionales, para financiar la suspensión de cobro establecida en la presente ley”, indica la propuesta.
Mientras tanto, faculta al Conassif a permitir las readecuaciones de deudas y ajustes en las carteras de créditos que sean necesarias para la normalización de las operaciones, hasta dos años después de la emergencia.
El liberacionista recordó que, en el seno de la mesa de trabajo, también se ha discutido el alto nivel de endeudamiento en créditos de consumo.
“Por eso se pensó en incluirlo, pero siempre bajo la idea de que esta es una propuesta inicial sujeta a revisión. Al ser tan altos los créditos de consumo, podrían generar problemas de liquidez a los bancos”, puntualizó Thompson.
