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Los diputados aseguran que el Gobierno estaría incumpliendo con las normas establecidas en la cláusula de escape de la regla fiscal, al momento de autorizar a tres instituciones gastar este año ¢104.300 millones adicionales por la emergencia provocada por la pandemia.
Como lo estipula la norma, el Poder Ejecutivo le comunicó a los congresistas que le permitirá gastar al Consejo Nacional de la Producción (CNP) ¢42.800 millones por encima del límite de este año.
Al Ministerio de Educación Pública (MEP) ¢41.500 millones para el 2021 y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ¢20.000 millones adicionales para el 2022.
En esa comunicación, del pasado 10 de agosto, Presidencia y Hacienda incumplieron las normas regulatorias de esa excepción, afirma la presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios, Ana Lucía Delgado.
Una de ellas es indicar los nuevos límites del crecimiento del gasto, al mismo tiempo que se informa a la Asamblea Legislativa de la salida de los controles, según la legisladora.
Además, la notificación carece de un plan para restablecer la regla en esas entidades, señaló la liberacionista.
“En mi criterio hay un incumplimiento de las normas que rigen la regla fiscal. Van más allá, incluso, del límite porcentual de crecimiento. Tiene que ver con las normas de restitución de la regla”, aseguró.
La regla fiscal incluida en la reforma tributaria del 2018 establece un tope al crecimiento del gasto que se aplica de acuerdo con las condiciones fiscales y el nivel de endeudamiento del país, siendo su peor escenario cuando la deuda supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
Para este 2021 definió un tope de crecimiento al gasto del 1,7%.
En casos de excepción sobre el gasto corriente, su regulación indica que cuando se restituya, esta se dará de forma gradual durante tres años, de manera que cada año se reduzca en un tercio la brecha que generó esa erogación.
Según Delgado, como Hacienda no comunicó ese plan, se estaría incumpliendo con la norma.
En ese escenario, añadió la diputada, le correspondería a la Contraloría General de la República (CGR) proceder como corresponda y a los diputados actuar en contra del contralor y contralor general si incumplen con sus funciones.
“No obstante, aún (el Gobierno) no ha contestado lo requerido y están en plazo”, avisó Delgado, sobre su gestión de aclaración ante el Poder Ejecutivo.
El jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, cree que el Ejecutivo estaría “incumpliendo con los requisitos”, pero no profundizó.
“Además, estarían usando de excusa la pandemia en instituciones que realmente tienen señalamientos de sobreprecios como el CNP y un manejo ineficiente de recursos como en el MEP”, consideró el vocero.
Abarca señaló que la notificación no es clara. Ante las dudas, anunció, su bancada valora fijar posición el próximo lunes sobre los créditos internacionales del Gobierno que se tramitan en la corriente legislativa.
Notificación a los diputados
En la notificación al Congreso, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, recuerdan que la reforma tributaria permite aplicar una válvula de salida en contextos de emergencia nacional.
Ambos citaron el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del año pasado que declaró Estado de Emergencia Nacional por la covid-19.
En la justificación, indican que el MEP requiere de esos recursos para la adquisición de equipos de limpieza en los centros educativos, darle continuidad a los servicios de alimentación y conectividad a internet ante la emergencia.
Del CNP no dieron detalle y en el caso del INA, el dinero sería usado en ampliar la cobertura del servicio de formación de las personas, “para un mayor reforzamiento de la empleabilidad”, según la notificación.
Falta de información
Yorleni León, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), cree que “quizás la preocupación obedece a la ausencia de información clara que demuestre la necesidad y justificación del acto”.
“Por ejemplo, con el CNP. ¿Qué justifica el levantamiento cuando atiende la misma población del año anterior y, si ha crecido, no será mucho? Los números no dan para tanto”, cuestionó León.
Su compañero de bancada, Carlos Ricardo Benavides, recordó que la válvula de escape, como excepción a la regla, debe estar absolutamente fundamentada y enmarcada en los supuestos que la ley establece.
“De ahí que resulta indispensable que el gobierno explique detalladamente y la Asamblea pueda medir si efectivamente se justifica”, sugirió.
De forma más dura se refirió Carlos Avendaño, legislador del Partido Restauración Nacional (PRN).
El restauracionista teme que Presidencia permita ampliar el gasto en esas entidades para cubrir compras distintas a la situación de excepción.
Avendaño señaló que, cuando se aumenta el gasto en situaciones de crisis fiscal como ahora, el Gobierno recurre a más impuesto para cubrir la brecha, lo cual repercute en la economía y el empleo.
“Restauración se opone a seguir abriendo la llave del gasto público. Si como país no tenemos disciplina para contener el gasto y no tomamos las decisiones necesarias para volver a echar a andar la economía, no vamos a superar esta crisis”, sentenció Avendaño.
Ministro: ‘Toda la información está ahí'
Consultado sobre los señalamientos, el ministro de Hacienda respondió que la información requerida por los legisladores está en la notificación, como los montos adicionales permitidos por institución y el periodo de ejecución.
“Se está indicando el monto máximo de gasto corriente que será excluido de la regla fiscal. Ya se envió. En segundo lugar, no se dice que la regla se suspende por siempre. No. Se dice en los casos concretos que se va a aplicar. Toda la información ahí está”, aseguró Villegas.
Para el ministro, los legisladores tienen confusión respecto a la implementación de la regla fiscal, dado que la cláusula de escape permite la excepción para todo el Gobierno, lo cual no ocurre en esta situación.
“Lo que se está diciendo es que en casos muy particulares aplicamos la regla en una parte del gasto, ni siquiera se suspende de manera total en cada entidad, sino de gastos extraordinarios por la emergencia”, machacó.
Villegas pidió evaluar caso por caso, aunque reconoció que se puede revisar la notificación para darle más claridad.
