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Cuatro diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos dictaminaron de forma afirmativa un proyecto de ley que reduciría el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos para el año 2021, el cual es el principal componente del marchamo.
Sin embargo, incluyeron algunos cambios a la redacción, con tal de que la reducción del tributo se haga de forma gradual, otorgando mayores beneficios a los vehículos con un valor fiscal inferior a los ¢20 millones.
Según el texto dictaminado, se exoneraría el 50% del impuesto a los vehículos valorados en menos de ¢20 millones.
Así, por ejemplo, el dueño de un vehículo valorado en ¢1,6 millones, que pagaba ¢85.500 de marchamo, pasará a pagar ¢63.000. Ese es el efecto porque la reducción es sobre el impuesto, no sobre todos los componentes del marchamo. En ese caso, el tributo era de ¢45.000, que se reduce a ¢22.500.
Los demás elementos, como el seguro obligatorio, no varían.
En el caso de un auto valorado en ¢11,5 millones, la reducción será de ¢178.000. El marchamo total bajará de ¢387.600 a poco menos de ¢210.000.
En cuanto a los automotores que cuesten entre ¢20 millones y ¢50 millones, la reducción del tributo sería de un 25%.
Y, para los que cuesten más de ¢50 millones, la rebaja sería de un 5%.
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Los legisladores también dictaminaron exonerar a los motocicletas del pago del impuesto al valor agregado en el pago del marchamo 2021 y la reducción del 30% del pago del canon al Consejo de Transporte Público (CTP) para transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi, rutas regulares o servicios especiales (turismo, estudiantes, ocasionales).
Votaron a favor del dictamen afirmativo el socialcristiano Pablo Abarca y los liberacionistas Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate.
En contra votó Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien de forma airada reprochó a sus colegas que se esté beneficiando con las reducciones a sectores con alto poder adquisitivo, según reiteró.
En cuanto a la reducción del 50% del pago del impuesto a la propiedad de los vehículos, se incluyen las categorías de carga liviana y pesada, busetas, autobuses, de turismo y servicio público.
Los mismos diputados definieron que las naves, buques y aeronaves sí deberán cancelar el 100% de ese tributo durante el 2021.
En un principio, los legisladores pretendían exonerar el 50% del pago del impuesto de la propiedad a todos los vehículos.
Pero Hacienda advirtió que si no se encontraba una fuente de ingresos adicional, se generaría un hueco a las finanzas públicas. Por ese tributo, el Gobierno recaudaría unos ¢170.000 millones este año.
El proyecto aún carece de fuente alterna de recursos o de recorte al gasto.
Los cambios fueron propuestos por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC). En total, se aprobaron tres mociones de fondo al texto que posteriormente se dictaminó.
Asimismo, Abarca, Thompson, Niño y Ulate rechazaron más de 40 mociones provenientes, principalmente, del PAC.
La bancada oficialista buscaba reducir el beneficio a los dueños de vehículos con menor valor fiscal. También pretendía que los propietarios demostraran ante Hacienda una afectación sustancial en sus ingresos producto de la pandemia.
Por ejemplo, Paola Vega, diputada rojiamarilla, presentó 13 mociones. Ella proponía que ese beneficio solo lo puedan obtener los propietarios de vehículos con un valor fiscal menor a ¢3 millones o ¢2,5 millones o ¢2 millones.
La comisión también descartó una moción de fondo de Vega que pedía excluir a vehículos de funcionarios con altos cargos en el Estado como diputados, magistrados, alcaldes y vicealcaldes, presidentes ejecutivos y miembros de juntas directivas, entre otros.
Nielsen Pérez, también legisladora del PAC, intentó que se excluyera del beneficio a marcas de vehículos de alta gama como Aston Martin, Tesla, Rolls Royce, Porsche, Maserati, McLaren, Lexus, Lamborghini, Jaguar, Hummer, Ferrari, Bentley, así como las motocicletas Ducati y Harley Davidson.
Todas esas mociones de fondo fueron descartadas.
Previo a la votación por el fondo del proyecto, el diputado Carranza señaló, de forma airada, que los cambios aprobados “degeneran” aún más el texto, al incluir la exoneración del IVA en el pago del marchamo de motocicletas.
Acusó a sus compañeros de legislar en beneficio propio por no excluir a los diputados o magistrados de la iniciativa.
“Están exonerando el pago del marchamo a los diputados y eso hay que decírselo al pueblo de Costa Rica. Por eso me he opuesto a semejante barbaridad”, aseveró Carranza.
Llamó a tener responsabilidad con el Estado, debido que al disminuir ese tributo se afectaría, afirmó, proyectos de infraestructura vial. Afirmó que la clase media, a la que se pretende beneficiar, tiene vehículos de ¢5 millones o menos.
"Aquí hay vehículos de mucho valor de diputados, aquí hay vehículos que no es de gente pobre. Este proyecto exonera de impuesto a las clases más poderosas de este país”, subrayó el rojiamarillo, al tiempo que dijo sentir vergüenza por la iniciativa de ley.
El socialcristiano Abarca le aclaró que, precisamente, uno de los cambios del texto establecería una gradualidad en la reducción en el pago de ese impuesto, en el que los vehículos de mayo valor obtienen menos rebaja.
“Datos de Hacienda dicen que solo hay 22.000 vehículos con valor superior a los ¢20 millones. Cerca de dos millones son con valores inferiores a los ¢20 millones”, respondió el socialcristiano.
En todo caso, indicó Abarca, los efectos económicos de la pandemia la han sufrido todos los costarricenses y lo que se pretende con este proyecto es llevarles un poco de alivio fiscal, principalmente a las clases bajas y media.
“Hay gente de muchos recursos, claro, pero la mayoría son gente que la pulsea, que tiene emprendimientos, que ha perdido el empleo, ha sufrido reducción de jornada o suspensión de contrato. Es gente que ha sufrido disminución de ingresos”, añadió.
Tanto Abarca, como Thompson y Niño se mostraron dispuestos a hacer los cambios pertinentes al proyecto de ley, con tal de establecer filtros como la exclusión de diputados.
El verdiblanco manifestó la urgencia, según su criterio, de aprobar el texto durante el mes de octubre. Esto con el fin de darle sentido dado que el cobro del marchamo 2021 se inicia desde el 1° de noviembre próximo.
“Este proyecto tiene el propósito de equilibrar las cargas en un año muy complejo para una norme cantidad de gente. Muchas empresas que han tenido que cerrar, miles de personas han perdido sus empleos y sus ingresos. Quiero dejar claro mi compromiso para votar cualquier moción que excluya los vehículos de los diputados”, finalizó Thompson.
