Aarón Sequeira. 29 septiembre
El cobro del marchamo empezará el 1.º de noviembre. Antes, los diputados intentan reducir varios de los rubros que se cobran ahí. Foto: Archivo GN.
El cobro del marchamo empezará el 1.º de noviembre. Antes, los diputados intentan reducir varios de los rubros que se cobran ahí. Foto: Archivo GN.

Ante la intención de diputados y diputadas del PUSC y el PLN, principalmente, de reducir a la mitad el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos, sin definir una fuente alterna de recursos, el PAC intenta frenar el avance de la iniciativa con 32 mociones.

Se trata de un proyecto del independiente Dragos Dolanescu, presentado en la Comisión de Asuntos Económicos, que busca reducir ese impuesto en un 50%, el cual se paga dentro del marchamo, y que generaría unos ¢170.000 millones este año.

(Video) PLN critica al PAC por llenar de mociones plan sobre marchamo

El Ministerio de Hacienda se opone a dicha propuesta, porque no plantea una fuente alterna de recursos a ese hueco en los ingresos; el Instituto Nacional de Seguros (INS) advirtió de que también recibiría parte del golpe, si le reducen los ingresos por el cobro del SOA a los motociclistas, como plantearon diputados de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se manifestó contra la iniciativa y presentó, desde la semana anterior, 13 mociones de fondo sobre el expediente, con el objetivo de que solo puedan acceder a ese beneficio los propietarios de vehículos que puedan demostrar, ante Hacienda, una afectación sustancial de sus ingresos por la pandemia del covid-19.

También, propuso que ese beneficio solo lo puedan obtener los propietarios de vehículos con un valor fiscal menor a ¢3 millones o ¢2,5 millones o ¢2 millones, entre otras modificaciones.

Además, este miércoles, otra oficialista, Laura Guido, llevó 19 mociones para modificar el texto e intentar que el golpe a las finanzas públicas no sea el predicho por Hacienda.

Catorce de las propuestas de reforma al texto son, una por una, para evitar que ciertas marcas de vehículos de alta gama se vean beneficiados con la reducción del impuesto a la propiedad de los vehículos.

Entre las marcas que sí tendrían que pagar el impuesto completo están Aston Martin, Tesla, Rolls Royce, Porsche, Maserati, McLaren, Lexus, Lamborghini, Jaguar, Hummer, Ferrari, Bentley, así como las motocicletas Ducati y Harley Davidson.

Otras mociones de Guido pretenden dejar por fuera a las personas jurídicas catalogadas como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales; las entidades públicas financieras y no financieras, así como los vehículos inscritos a nombre de zonas francas, o bajo categoría de vehículos históricos y de pensionados.

Asimismo, la legisladora intentará que ese beneficio no cubra a los vehículos de diputados y diputadas, así como a sus parientes hasta segundo grado, y tampoco a las sociedades mercantiles cuyo beneficiario sea un diputado o diputada, o sus parientes.

En otras mociones, excluye de los beneficiarios de la reducción al presidente y vicepresidentes de la República, ministros y ministras, magistrados y magistradas, alcaldías, regidurías y otros jerarcas de la administración pública.

El presidente Carlos Alvarado, por su parte, se pronunció en contra del proyecto.

“Tengo que cumplir con decirle a las personas que podemos tener una reducción en esa materia de marchamo, pero va haber una afectación severa en la red nacional de caminos”, afirmó, pues parte del impuesto a los vehículos financia obras públicas.

Además de las mociones de fondo de Vega y Guido, hay tres mociones firmadas en conjunto por Roberto Thompson, Daniel Ulate, Karine Niño, Franggi Nicolás, David Gourzong, Pablo Abarca, Shirley Díaz, Rodolfo Peña, Pedro Muñoz, Aracelly Salas y Dragos Dolanescu, pero con la intención de ampliar el recorte de esos pagos.

También, hay varias mociones de forma: una de Paola Vega, para consultar el proyecto a varios ministerios y otras entidades públicas y una para revisar esa eventual votación; una de Luis Ramón Carranza para consultar oficialmente al Ministerio de Hacienda, y otra para consultarlo a la Contraloría, así como otra para que el ministro, Elian Villegas, comparezca personalmente en el foro.

Entre las 47 mociones presentadas al proyecto, también hay tres de la liberacionista Karine Niño, para que la reducción del impuesto a la propiedad de los vehículos no sea del 50%, sino una de dos opciones: 10%, 25%, o bien el 50%, pero las tres vías pagando en tres tractos.

Finalmente, una de las mociones dentro del fajo propone un texto sustitutivo, propuesto por Roberto Thompson, Pablo Abarca, Rodolfo Peña, Franggi Nicolás y Karine Niño, de diferentes formas:

-Los vehículos con valor fiscal inferior a ¢20 millones, así como toda la maquinaria pesada, busetas y autobuses, turismo y servicios público, pagarían la mitad del impuesto.

-Los automotores con valores fiscales entre los ¢20 millones y ¢50 millones, pagarían el 75% del impuesto.

-Los vehículos en categoría particular y carga liviana con valor fiscal superior a ¢50 millones pagarían el 95% de la tarifa del impuesto.

PLN molesto

Ante la gran cantidad de mociones de las oficialistas, el presidente de Económicos, Roberto Thompson, alegó que no se debería utilizar ese mecanismo para atrasar el avance de un proyecto de ley.

Para enfatizar ese reclamo, hizo suyas las palabras del jefe del PAC, Enrique Sánchez, quien este martes en plenario apoyó al verdiblanco Carlos Ricardo Benavides contra el freno que aplicó José María Villalta al plan para eliminar el pago de anualidades por dos años.

“Hay 22 mociones firmadas por doña Laura Guido. Yo esperaría, no las he visto, que tengan el propósito de aportar a un proyecto que es urgente y necesario. Eso me recuerda lo que manifestaba el señor jefe de fracción del PAC sobre la necesidad de no entorpecer el avance de los proyectos”, enfatizó el alajuelense.

Dijo que, si ese proyecto no se resuelve y se dictamina, no tendría sentido antes de que se empiece a cobrar el marchamo, en noviembre.

Una semana atrás, Pablo Abarca y Rodolfo Peña atacaron a Vega por sus 13 mociones, y la señalaron por bloquear el avance de la iniciativa.

Vega dijo, en la sesión de Económicos de este martes, que ella no tiene la intención de “obstaculizar por obstaculizar” la iniciativa y alegó que ella, como diputada, ha sido “víctima de que fracciones de todas las banderas” le presenten mociones a sus proyectos, solo para cambiar puntos y comas.

“Todas mis mociones contienen propuestas para mejorar el proyecto donde veo que haya un problema técnico. Si alguna se aprueba, yo tendría toda la voluntad de retirar el resto", comentó.

Ante el poco avance de la iniciativa, los miembros de Económicos decidieron, luego de un receso amplio, suspender el trámite este martes y establecer, para el miércoles, una mesa de trabajo para definir un punto medio.