Los diputados aprobaron este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, una moción de orden en la que exigen al presidente de la República, Carlos Alvarado, abstenerse de atentar contra el proceso electoral.
A favor del pronunciamiento votaron 36 congresistas, mientras que nueve lo hicieron en contra.
La moción obedece a que, el viernes, la Dirección General de Tributación cerró la sede del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en barrio Tournón, por un cobro tributario, dos días antes de que el PUSC celebrara asambleas provinciales, el domingo.
Los legisladores le solicitaron al ministro de Hacienda, Elian Villegas, un informe detallado de los hechos y de los responsables de la acción sobre la Unidad.
En la moción, se hace un “vehemente llamado de atención al presidente de la República” para que todos los altos jerarcas del Poder Ejecutivo se abstengan de promover actos que atenten contra la legitimidad, libertad y transparencia del proceso electoral.
El pronunciamiento fue apoyado por los diputados de prácticamente todas las fracciones parlamentarias, salvo los del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Este medio solicitó a Casa Presidencial una reacción y se está a la espera de la respuesta.
Pablo Abarca, jefe de fracción de la Unidad, aseguró que la moción busca enviar un mensaje directo al Gobierno y que lo sucedido no quede como un hecho aislado.
Tributación cerró la sede del PUSC por cinco días naturales, según corresponde a las sanciones por clausura parcial de negocios.
El partido alega que la acción obedeció a una retención vencida del año 2016, cuando efectuó con dos días de retraso el pago de un impuesto.
Se trata, según la agrupación política, del tributo correspondiente a una remesa enviada a un asesor externo que había sido contratado para una campaña.
El mismo viernes, el presidente del PUSC, Randall Quirós, presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y este, de inmediato, emitió una primera resolución en la que aclara que el cierre de la sede central no impedía que la agrupación política celebrara sus asambleas provinciales.
Por su parte, el director general de Tributación, Carlos Vargas, replicó que la medida no tiene relación con lo electoral, sino que es el resultado del incumplimiento del pago de obligaciones pendientes, las cuales no detalló.
“En consecuencia, ello dio lugar a la aplicación de la sanción del cierre de negocios donde, como cualquier otro contribuyente, tuvo la oportunidad de contar con todos los derechos necesarios para poder ejercer su defensa. Una vez en firme de la sanción del cierre de negocio, se procede el día con la ejecución material del cierre”, alegó Vargas.
Aunque el director de Tributación no detalló los impagos, la notificación al partido dice que la deuda en la actualidad asciende a ¢8,3 millones por incumplimiento de seis retenciones del impuesto de renta de los años 2014 y 2016.
Un monto por ¢723.900 data de enero de 2014 y un segundo por ¢7,5 millones de marzo del mismo año. Ambos equivalen al 98% de la aparente deuda.
Los ¢95.510 restantes serían de cuatro fechas del 2016.
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El diputado Pablo Heriberto Abarca declaró que el ministro de Hacienda debe abrir un procedimiento administrativo sobre los funcionarios que ordenaron el cierre.
“Como partido, entendemos este cierre como un mensaje contrario a una práctica democrática, en un país que se pregona de ser democrático, que es ejemplo en el mundo y que, además, está a punto de cumplir 200 años de independencia y no puede permitir que este tipo de actos se repita”, dijo el turrialbeño en el plenario.
Agregó que exigirán conocer la cadena de mando que se activó para ordenar el cierre del local del PUSC.
Abarca adujo que se trata de una deuda tributaria que se pagó con dos días de atraso, pero que ya no existía y que, probablemente, “ya la sanción estaba prescrita”.
“Esto se da en un contexto en que, si se hubiera extendido, habría generado que el partido no se hubiera podido inscribir en el proceso electoral, lo cual sería muy grave”, dijo el vocero de la Unidad.
La jefa del PAC, Laura Guido, justificó el voto negativo del oficialismo porque, si bien dijo que comparte la preocupación del PUSC, alegó que la moción hace afirmaciones muy graves.
“Ningún partido está por encima de la ley. Si un partido recibió una sanción, ni políticos, ni los diputados, ni el presidente de la República, como lo pretendía el jefe del PUSC, pueden evitar que esa sanción se aplique, si se dio a derecho”, apuntó.
Guido dijo, precisamente, eso es parte de una división de poderes que “aquí supuestamente están defendiendo”.
“Nosotros podemos coincidir con la necesidad de una investigación para ver si hubo alguna intención de parte de los mandos medios que perjudicar al PUSC”, apuntó la oficialista.
No obstante, la jefa del PAC afirmó que no pueden compartir las “afirmaciones temerarias” que se hacen en la moción, donde se hace un llamado de atención incluso al presidente de la República por un acto administrativo, en su criterio hecho conforme a derecho.
Guido indicó que el acto está justificado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y enfatizó que los partidos políticos tienen que cumplir con la legislación vigente, y no pedir tratos especiales por la relevancia en contexto electoral.