Diputados detectan vacíos legales y cortan presupuesto extra de Gobierno en ¢231.000 millones
Pago del MEP a la CCSS queda en suspenso
19/07/2022. Jonathan Acuña (FA), José Joaquín Hernández (PLN) y Eli Feinzaig (PLP), diputados de la comisión de Hacendarios. Foto: Asamblea Legislativa
Jonathan Acuña (FA), José Joaquín Hernández (PLN) y Eli Feinzaig (PLP), diputados de la comisión de Hacendarios. Foto: Asamblea Legislativa
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios recortaron en un 26% el segundo presupuesto extraordinario del 2022 solicitado por el Gobierno al detectar vacíos legales.
En principio, el Poder Ejecutivo propuso destinar ¢85.362 millones de créditos externos para terminar de pagar la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por cuotas patronales no pagadas, así como la incorporación de ¢790.883 millones también provenientes de créditos externos para sustituir financiamiento proveniente de deuda interna.
No obstante, en el dictamen unánime de diez diputados, los diputados de Hacendarios decidieron eliminar los recursos destinados a la CCSS y casi ¢146.000 millones para el canje de deuda, lo que suma más de ¢231.000 millones (26% del ajuste inicial).
Las razones
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Sobre los ¢146.000 millones para canje de deuda, se trata de recursos provenientes de créditos externos que ya habían sido incorporados al Presupuesto Nacional en el primer presupuesto extraordinario del 2022, por lo que era innecesaria la solicitud de Hacienda de incorporarlos de nuevo.
Así lo hizo ver la Dirección de Análisis Presupuestario (DAP) del Congreso.
En cuanto a los ¢85.362 millones para la CCSS, la DAP concluyó que no se podían avalar porque están limitados por la regla fiscal, un instrumento de la reforma tributaria del 2018 que pone topes al crecimiento del gasto público.
Los anteriores diputados aprobaron una ley para excluir estos recursos de la regla fiscal. Sin embargo, según Análisis Presupuestario, la norma tiene problemas de redacción porque confunde los incisos que se citan y, aunque son errores materiales, generan un vacío legal y no se puede concluir que los recursos estén excluidos de la regla.
Además, existen discrepancias en la interpretación sobre el significado de la deuda del Estado con la seguridad social. Los diputados anteriores aprobaron que el 10% de cada crédito externo de apoyo al presupuesto se destinara al abono de la deuda del Estado con la seguridad social.
Sin embargo, Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, declaró que, la deuda del Estado corresponde al acumulado del Gobierno por obligaciones incumplidas con personas vulnerables como niños atendidos sin seguridad social, aseguramiento de adultos mayores o protecciones generadas por leyes especiales. El monto asciende a ¢2,5 billones.
En cambio, la deuda del MEP por ¢163.941 millones corresponde a cuotas obrero patronales no pagadas por la omisión de un incentivo salarial de Educación a la hora de pagar las cargas sociales.
Jonathan Acuña, jefe de bancada del Frente Amplio, dijo que, en consultas con el exdiputado José María Villalta, este le aclaró que la idea de destinar el 10% de los créditos de externo de apoyo al presupuesto, es abonar a la deuda general del Estado con la seguridad social, lo que incluye el monto del MEP.
Acuña sugirió plantear un proyecto de interpretación auténtica para hacer la aclaración.
“Esperamos resolver los problemas jurídicos con un par de proyectos de ley que podríamos aprobar pronto, para así reincorporar esta plata vía mociones de ajuste al presupuesto extraordinario”, indicó el frenteamplista.
En la misma sesión, previo al dictamen, los diputados rechazaron la solicitud del Gobierno de descongelar las plazas que están vacantes en los ministerios, así como derogar otras cinco normas de control presupuestarias planteadas en el proyecto.
Del mismo modo, la comisión descartó la petición de Hacienda de recortar ¢6.689 millones al sector de vivienda social para trasladarlos al Ministerio de Hacienda, a fin de fortalecer el programa de ciberseguridad y otras gestiones propias de la cartera.
También, rechazaron que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) use remanentes de varias subpartidas por ¢1.194 millones para la preparación de los Juegos Deportivos Centroamericanos.
Ahora, el texto pasará al plenario legislativo donde recibirá mociones de ajuste que luego serán discutidas en la misma comisión.
