Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios rechazaron la propuesta del Gobierno de recortar ¢6.689 millones al sector de vivienda social para trasladarlos al Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo argumentó que el dinero era para fortalecer el programa de ciberseguridad y otras gestiones propias de la cartera.
La comisión aprobó una moción, con nueve votos a favor, incluidos diputados de gobierno, y ninguno en contra, que eliminó el ajuste planteado por el Gobierno en el segundo presupuesto extraordinario del 2022.
El legislador José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), argumentó que, de acuerdo con información aportada por Hacienda, del monto del ajuste solicitado por el Gobierno, menos de ¢100 millones se destinaría a ciberseguridad, por lo que avaló la moción que evitó el ajuste.
En general, los legisladores cuestionaron que se pretenda cortar inversión en un programa social como el de vivienda, cuando puede encontrar esos recursos de otras fuentes.
Así se pronunciaron Paulina Rampirez, José Joaquín Hernández y Gilbert Jiménez, del PLN; Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Jonathan Acuña, del Frente Amplio; y José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR).
El Poder Ejecutivo requirió el dinero para trasladarlo al Ministerio de Hacienda, a fin de fortalecer el programa de ciberseguridad y otras gestiones propias de la cartera.
Dagoberto Hidaldo, gerente del Banhvi, dijo a los diputados de la Comisión de Hacendarios que el recorte implicaría dejar de construir 648 viviendas y dejar desfavorecidas a 2.590 personas.
Añadió que el dinero alcanzaría para construir 27.520 metros cuadrados y generar 2.477 empleos.
Paulina Ramírez (PLN) y Carlos Felipe García (PUSC), presidenta y secretario de la comisión de Hacendarios. Foto: Asamblea Legislativa
