El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) pidió a los diputados evitar un recorte ¢6.689 millones solicitado por el Gobierno en el segundo presupuesto extraordinario del 2022.
El Poder Ejecutivo requirió el dinero para trasladarlo al Ministerio de Hacienda, a fin de fortalecer el programa de ciberseguridad y otras gestiones propias de la cartera.
Dagoberto Hidaldo, gerente del Banhvi, dijo a los diputados de la Comisión de Hacendarios que el recorte implicaría dejar de construir 648 viviendas y dejar desfavorecidas a 2.590 personas.
Según declaró, el dinero alcanzaría para construir 27.520 metros cuadrados y generar 2.477 empleos. El funcionario aclaro, ante consultas de la diputada oficialista Pilar Cisneros, que la afectación en vivienda solo incluye la infraestructura.
También señaló que el Banhvi, la institución que recibe anualmente más de ¢100.000 millones del Fodesaf, fue de las instituciones públicas que más recortes sufrió durante la administración de Carlos Alvarado.
Durante el 2020, el año que más afectó la pandemia, el ajuste fue de ¢16.528 millones, el año anterior de ¢20.833 millones y ¢21.476 millones para totalizar ¢58.837 millones.
Los recortes han generado, añadió el funcionario, el “cierre de ventanillas para la recepción de nuevas solicitudes del bono familiar de vivienda, desaceleración de la reactivación economía y acumulación de solicitudes por atender”.
Indicó que los últimos tres años se han dejado de construir 5.696 viviendas de interés social para 242.072 metros cuadrados, se afectó a 22.783 personas por falta de soluciones y se perdieron 21.787 empleos.
Hidaldo aseguró que el banco no tiene superávit libre o recursos ociosos para usarlo con otros fines, sino que cuenta con recursos en la Caja Única del Estado que ya fueron adjudicados.
En el segundo presupuesto extraordinario del 2022, el Gobierno propone destinar ¢6.689 millones provenientes de las transferencias del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) al Banhvi, para asignarlos al Ministerio de Hacienda.
Con ese ajuste, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, se revertiría un recorte por ese monto del Ministerio de Hacienda, en el Presupuesto Nacional del 2022, que se destinó a vivienda.
De acuerdo con Nogui Acosta, ministro de Hacienda, los recursos servirían para fortalecer programas de ciberseguridad en su cartera, así como la gestión propia del ministerio, incluyendo pago de servicios públicos. “Esto tiene que ver con la operatividad normal de la institución”, indicó el jerarca.
La solicitud del Banhvi goza de buen ambiente en la comisión de Hacendarios, al punto que legisladores de varias presentaron una moción de fondo para evitar el recorte.
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) presidenta de Hacendarios, lamentó que el Gobierno tome recursos del sector social, en este caso de vivienda, para restituirlos a Hacienda. Sugirió tomar recursos de otras fuentes para financiar lo que corresponda.
Carlos Felipe García, diputado del PUSC, sugirió que la plata podría provenir de las utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) o de los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR), entidades que ya realizan aportes parafiscales de sus ganancias.
La diputada Cisneros le cuestionó a Hidalgo que la CGR registra un superávit de ¢144.000 millones en 2019, de ¢131.000 millones al año siguiente y, en el 2021, de ¢17.000 millones. “¿Por qué los números de ustedes no calzan con los de la Contraloría?, le preguntó.
El gerente explicó que los presupuestos del Banco son plurianuales, y que la CGR les exige aprobar proyectos, lo cual no significa que vayan a ser desembolsados en el mismo año.
