Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron la solicitud del Gobierno de descongelar las plazas que están vacantes en los ministerios.
En el segundo presupuesto extraordinario del 2022, el Ministerio de Hacienda solicitó derogar seis normas de control presupuestario aprobadas por los anteriores diputados, entre ellas una que congela las plazas que queden vacantes para el segundo semestre y que ordena suprimir el contenido presupuestario de estos puestos.
Sin embargo, la Comisión de Hacendarios, donde se analiza el proyecto de ley, aprobó una moción que elimina el artículo 4 del proyecto que contenía la solicitud del Gobierno.
Votaron a favor Paulina Ramírez, José Joaquín Hernández y Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Alejandro Pacheco y Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR); Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA); y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).
Solo votaron en contra Pilar Cisneros y Ada Acuña, de la bancada oficialista de Progreso Social Democrático (PPSD).
Cisneros, jefa de la bancada de gobierno, pidió a los diputados valorar una derogatoria de la norma 10 que contiene la solicitud de descongelar plazas vacantes en los ministerios.
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La legisladora alegó que es una norma discriminatoria, porque solo aplica para el Poder Ejecutivo y no para el resto de poderes del Estado y las instituciones autónomas.
Cisneros dijo que el país está demandando la contratación de más policías para atender los problemas de seguridad ciudadana, pero que, producto de esta norma, el Ministerio de seguridad ha eliminado 350 plazas de policía.
También pidió que se derogue la norma 11 sobre que obliga a las instituciones a renegociar contratos de alquiler, cuando un estudio sobre costo-beneficio sea negativo para el Estado. Dijo que los estudios son muy costosos y que el Gobierno está revisando los contratos de alquiler.
Paulina Ramírez, diputada del PLN, defendió la existencia de normas presupuestarias para controlar el gasto del presupuesto.
Prueba de ello, argumentó, es que solo el año anterior las normas 10 y 11 le ahorraron a los contribuyentes más de ¢15.000 millones.
Asimismo, se mantuvo la norma que obliga a los ministerios a acudir continuamente a la Asamblea Legislativa por autorizaciones para mover dinero entre partidas.
