El Gobierno insiste en la necesidad de descongelar las plazas que están vacantes en el Poder Ejecutivo, pese a la oposición expresada por diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
En el segundo presupuesto extraordinario del 2022, el Ministerio de Hacienda solicitó derogar seis normas de control presupuestario aprobadas por los anteriores diputados, entre ellas una que congela las plazas que queden vacantes para el segundo semestre y que ordena suprimir el contenido presupuestario de estos puestos.
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, adelantó que un grupo de diputados se opone a esa idea.
Consultado sobre esa postura, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, descartó que el Ejecutivo renuncie a su planteamiento y afirmó: “Solo los diputados pueden modificar los proyectos de ley. El Gobierno mantiene su interés de que se eliminen esas normas. En este sentido, será una decisión de ellos y seremos respetuosos de la decisión que tomen”.
En tanto, la diputada Ramírez respondió: “Si mantienen la solicitud, es probable que no la aceptemos. Correspondería eliminar el artículo 4 que contempla la derogación (de las normas de control)”, indicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
Otra de las normas presupuestarias que el Gobierno pide eliminar es la que obliga a las instituciones a renegociar contratos de alquiler, cuando un estudio sobre costo-beneficio sea negativo para el Estado.
La norma sobre plazas vacantes generó un ahorro de ¢14.100 millones en el 2021 y la de alquileres, ¢1.145 millones, en 13 instituciones, de acuerdo con informes de Hacienda.
No obstante, el ministro se ha quejado de que algunas de estas disposiciones obligan a los ministerios a acudir continuamente a la Asamblea Legislativa por autorizaciones para mover dinero entre partidas que, antes, podían ajustarse vía decreto.
Citó que esos movimientos internos pueden ser de ¢3 millones para eliminar una plaza en Hacienda o de ¢38 millones para la compra de computadoras, en el Ministerio de Economía, a fin de defenderse de los ciberataques.
En esa línea insistió en que se eliminen o, en última instancia, valoró la idea de buscar un consenso con los diputados. “Podemos negociar, pero no eliminarlas todas”, dijo.
No obstante, la diputada Ramírez aseguró que los diputados mantendrán vigentes las normas. Señaló que eliminarlas violentaría el ciclo de anualidad.
“Esas normas fueron aprobadas por los diputados anteriores para este periodo presupuestario, no aceptamos la solicitud de eliminarlas. Es que todas las que piden derogar significan ahorros importantes para el país, de acuerdo a informe de análisis presupuestario”, reiteró la presidenta de Hacendarios.
