El Gobierno de la República propuso destinar ¢85.362 millones, provenientes del 10% de cinco créditos internacionales, a saldar la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dicha deuda se originó en la omisión de un incentivo salarial del MEP a la hora de pagar las cargas sociales.
Los recursos de los créditos externos aprobados por la anterior Asamblea Legislativa fueron incluidos en el segundo presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno ante el Congreso, el 22 de junio, con los que se cancelaría la totalidad de la deuda del MEP que ascendía a ¢163.941 millones, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
Los diputados anteriores establecieron que, de varios créditos externos, se debía destinar el 10% de los recursos a abonar la deuda del Estado con la seguridad social. En tanto, el gobierno de Carlos Alvarado llegó a acuerdos con la Caja para identificar la deuda del MEP y realizar los pagos.
La administración anterior dispuso de tres abonos para disminuir la deuda: uno de ¢38.364 millones, otro de ¢29.000 millones y un tercero de ¢11.201 millones, “por lo que la inclusión de estos recursos (¢85.362 millones) permitirá disponer de los recursos para cancelar la deuda total”, dice Hacienda en la exposición de motivos del segundo presupuesto extraordinario.
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El dinero para saldar la deuda del MEP lo componen ¢20.665 millones de un crédito de $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ¢33.436 millones de dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que suman $500 millones; y ¢20.387 millones de un préstamo de $300 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las instituciones que integran el Banco Mundial (BM).
Un quinto monto por ¢10.872 millones proviene de un crédito de 150 millones de euros contratado con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Los anteriores diputados habían excluido de la regla fiscal, las transferencias del Gobierno para la CCSS con recursos provenientes de los créditos del BCIE y el BID.
En tanto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que la totalidad de los recursos destinados al finiquito de la deuda de Educación con la seguridad social, en este segundo presupuesto extraordinario, están excluidos de esa norma que limita el crecimiento del gasto público.
El planteamiento ahora lo deben revisar y votar los diputados.
Origen de la deuda
La deuda del Ministerio de Educación con la Caja se deriva de las omisiones salariales del pago del incentivo de zona de menor desarrollo, conocido como el IDS; por el periodo comprendido del año 2003 al 2013 y de 2015 al 2016.
La deuda ocasionó miles con problemas para citas, medicamentos e incapacidades para los funcionarios del Ministerio de Educación, el mayor empleador del Estado, que requieren de atención médica.
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El MEP otorgó un pago adicional por laborar en zonas de menor desarrollo con el objetivo de atraer a docentes titulados a centros educativos ubicados en comunidades deprimidas, sin considerar el incentivo como parte del salario y, por consiguiente, no lo contempló en el pago de cargas sociales.
En principio, en el año 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que el incentivo no era de índole salarial y, en consecuencia, no estaba sujeto a las cargas de la CCSS. Tres años después, definió lo contrario, por lo que la CCSS decidió actualizar la planilla del MEP e incluyó, además, el cobro retroactivo.
En noviembre del 2021, la Caja le dio al MEP 15 meses para saldar en cuotas la deuda, como parte de un convenio firmado con el Gobierno.
Además de los recursos para la CCSS, el segundo presupuesto extraordinario que apenas inicia su recorrido por el Congreso, incorpora ¢682.781 millones de seis créditos externos y ¢188.546 millones de ingresos no tributarios y transferencias corrientes, y los cambia por ¢790.883 millones de deuda interna.
El plan extraordinario aumenta en cerca de ¢72.000 millones el gasto público, pero estos recursos son parte de la cancelación de la deuda del MEP con la Caja que están excluidos de la regla fiscal.
De los ¢188.546 millones de ingresos no tributarios y transferencias corrientes, ¢186.691 millones corresponden a superávit libre del año 2021 de los órganos desconcentrados que, mediante ley, deben ser pasados a la Caja Única del Estado para descontarse de la deuda pública.
