Cada día se le suman a la deuda que tiene el Ministerio de Educación Pública (MEP) con la Caja Costarricense de Seguro Social un promedio ¢126 millones por la atención médica de sus funcionarios y los familiares que estos tienen asegurados. Esas facturas diarias se elaboran porque desde el 1.° de octubre el MEP está en la lista de patronos morosos.
El Ministerio cayó en mora por el incumplimiento de un convenio para pagar otra deuda por ¢149.217 millones correspondiente a las cuotas obrero-patronales vinculadas a un incentivo salarial sin reportar desde el 2003.
De esta forma, la deuda se convierte en una bola de nieve pues a la obligación se le agregan cada día más y más millones. Desde el 1.° de octubre hasta el miércoles 27 de octubre, la Caja le ha facturado al MEP ¢2.525 millones por servicios médicos y ¢898 millones por 6.997 pagos de subsidios. O sea, van ¢3.423 millones por 27 días.
Los cobros corresponden a la atención a 14.410 asegurados y sus familiares que en este mes han acudido a citas, retirado medicamentos o subsidios (como incapacidades).
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Mientras el MEP se encuentre moroso, la deuda irá en aumento. A modo de ejemplo, el 21 de octubre la Caja le había facturado al MEP ¢1.798 millones por 12.175 facturas de servicios médicos y ¢617 millones por 4.502 de subsidios. Un total de ¢2. 415 millones. En ese entonces las facturas correspondían a la atención de 9.230 asegurados y beneficiarios familiares.
En solo siete días, la obligación aumentó en ¢1.000 millones, como lo indican los datos suministrados por Luis Diego Calderón, director de Cobros de la Caja. Aparte de las facturas, también crecen los intereses de la deuda principal de ¢149.217 millones. Con los dos rubros, facturas e intereses, el monto aumentó a ¢153.623 millones.
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Incumplimiento de pago
De acuerdo con Calderón, el MEP cayó en morosidad por el incumplimiento del convenio de pago que firmó el 15 de marzo de 2021 con la CCSS y con el Ministerio de Hacienda para saldar la obligación derivada del incentivo salarial no reportado.
Ese convenio establecía que el Ministerio iba a realizar un primer desembolso, a más tardar el 15 de junio de 2021, por ¢36.958 millones, que incluía los aportes a la Ley de Protección al Trabajador y sus intereses de las planillas adicionales, más los intereses devengados desde la fecha de formalización hasta la fecha efectiva de pago.
Un segundo giro debía realizarse a más tardar el 25 de setiembre de 2021, por ¢10.000 millones. Ese monto incluía los intereses desde la fecha de formalización del convenio de pago hasta la fecha efectiva del depósito y la diferencia como abono al saldo del principal.
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Un tercer pago debía efectuarse a más tardar el día 25 de febrero de 2022, por ¢10.000 millones, que incluiría los intereses desde la fecha del segundo pago del convenio hasta la fecha efectiva del tercer desembolso y la diferencia como abono al monto principal.
El último pago debía realizarlo el MEP a más tardar el 10 de marzo de 2022, correspondiente al total del principal más los intereses respectivos a la fecha de pago.
Calderón afirmó que, como parte de ese acuerdo, el Ministerio de Hacienda les transfirió, el 9 de julio (casi un mes después de lo que se establecía en el convenio), ¢17.739 millones, que, según dijo el Ministerio de Educación, correspondía al primer pago establecido.
Sin embargo, según la CCSS, la fuente de donde Hacienda tomó los recursos para realizar ese primer pago provenía de la transferencia que debe hacer el Estado en cumplimiento de la Ley 9895.
Esa ley dispone que el Ministerio de Hacienda debe transferir a la CCSS el 10% de los créditos de apoyo presupuestario al pago de la deuda que mantiene el Estado con la Caja, por cerca de ¢2,04 billones. Por este motivo, como el dinero para abonar a la deuda del MEP venía de un crédito, la Caja apuntó ese pago a la deuda del Estado y puso al Ministerio en mora.
“Dado lo anterior, bajo el principio de legalidad, la suma indicada no puede aplicarse al pago del citado convenio por cuotas obrero patronales con el MEP, dado que no se recibieron los pagos pactados para el 30 de setiembre anterior. La CCSS dio por incumplido el convenio de pago, lo cual origina que el patrono MEP tenga la condición de moroso con la CCSS “, manifestó Calderón.
Al estar moroso, si uno de los 87.000 funcionarios de la institución o sus familiares asegurados necesita atención médica, la CCSS les presta los servicios, pero factura el costo de las atenciones a dicho ministerio, eso incluye los medicamentos, los internamientos, y todos los servicios y prestaciones económicas (incapacidades y licencias) que se brinden a sus trabajadores.
Los funcionarios del MEP que requieran un servicio de la Caja deben presentarse normalmente, pero se les requerirá pasar a la Oficina de Validación de Derechos para efectos de que la institución tramite la facturación de las atenciones al MEP.
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Calderón dijo que en este momento se encuentran en negociaciones con el Ministerio de Hacienda y el MEP para establecer un nuevo convenio. Mientras eso no ocurra y no se le quite la condición de moroso, todos los días la cuenta para la cartera de Educación seguirá subiendo.
El MEP había explicado a La Nación que la institución hizo un desembolso “de manera oportuna”, el 9 de julio de este año por ¢17.739 millones, pero que la CCSS no lo acreditó como abono, sino que, “unilateralmente”, lo acreditó en la cuenta general de deuda del Estado.
“Existe una discusión entre el Ministerio de Hacienda y la CCSS sobre la correcta acreditación de ese primer pago de ₵17.739 millones y, hasta que no se resuelva, el MEP no puede hacer el pago de las otras dos cuotas acordadas y cuyos recursos fueron autorizados. La situación anterior, y sin que medie responsabilidad alguna del MEP, llevó a que la CCSS declarara al Ministerio en estado de mora a partir del 1.° de octubre 2021″, explicó.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo cuando firmaron el convenio y se realizó el primer pago, no se tomó en cuenta que una parte de ese monto correspondía a obligaciones establecidas en la Ley de Protección al Trabajador, correspondientes al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de cada empleado.
“El pago se realizó, pero la Caja tiene que tomar primero una parte para trasladarlo a la cuenta de los trabajadores y, lo que nos señala la gente de la Caja, es que hay una diferencia porque ese dinero no le está quedando a la CCSS. En vez de aplicar el pago al MEP, la Caja lo aplicó al Estado como patrono, es parte de lo que se está conversando y se quiere corregir. Como la deuda es tan grande, estamos poniendo en orden todo para hacer un convenio adicional”, dijo Villegas.
Origen de la deuda MEP con CCSS
Según explicó el MEP a este medio, la deuda que genera el conflicto entre el Ministerio y la Caja se origina en el levantamiento de planillas extraordinarias, correspondientes a los salarios pagados entre 2003 y 2010 por concepto de Incentivo de Zona de Menor Desarrollo (IDS).
En 1997, el MEP acordó el establecimiento de un pago adicional por laborar en zonas de menor desarrollo socioeconómico (IDS), para atraer a docentes titulados a estos centros educativos, ubicados en zonas social y económicamente deprimidas. Este pago de incentivo adicional no se consideraba salario, y no estaba sujeto a cargas sociales.
Este criterio fue desarrollado técnicamente por la Dirección de Servicio Civil que avaló su pago como un componente no salarial.
La Procuraduría General de la República (PGR), en el 2014, mediante dictamen C-137-2014 de manera vinculante para el MEP, determinó, igualmente, que dicho estímulo no era de naturaleza salarial y que, por consecuencia, no generaba obligaciones obrero-patronales con la Seguridad Social.
Sin embargo, en el 2017, la PGR (dictamen C- 027-201) definió el IDS de naturaleza salarial, al manifestar, en ese momento, que sí era un componente salarial y que por consiguiente debía pagar las cargas sociales.
Amparado en dicha decisión de la Procuraduría, la CCSS procedió a levantar planillas adicionales para el MEP para esos años, generando una nueva deuda para el MEP de ¢149.317 millones