Política

Diputados del Liberal Progresista se oponen a ‘taxificación’ de Uber y DiDi

Bancada del PLP opta por borrón y cuenta nueva en planes para regular plataformas de transporte, en vez de avanzar con texto dictaminado por anteriores diputados

Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) quieren un borrón y cuenta nueva en torno a la regulación de las plataformas de transporte como Uber y DiDi.

Si bien los legisladores anteriores dejaron dictaminado un proyecto de regulación, el cual regularía el cobro del IVA y otorgaría indemnizaciones a taxistas, los congresistas del PLP optaron por presentar una nueva iniciativa legal.

Gilberto Campos, diputado del Liberal Progresista, argumentó que los proyectos anteriores pretendían “taxificar” este servicio de “naturaleza eminentemente privado”. Su iniciativa, por ejemplo, no exigiría a plataformas pagar canon alguno al Estado.

“Partían de una visión sectorial y no ponían en el centro de la política pública ni al usuario ni al microempresario que utiliza los métodos de interconexión digital para generar trabajo y reactivación económica”, argumentó Campos, quien dirigió en el pasado la organización Consumidores de Costa Rica.

El 19 de abril, los diputados anteriores dictaminaron el proyecto de Ley Reguladora de Servicios de Transporte por medio de Plataformas Tecnológicas, expediente 21.587, que está actualmente en el plenario legislativo. A esta iniciativa le resta el proceso de revisión y propuestas de cambio en el plenario legislativo.

El texto fue impulsado por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC)

Sin embargo, la propuesta del PLP es empezar de cero. Actualmente, unos 30.000 conductores brindan el servicio de transporte a través de plataformas como Uber o Didi.

Una de las más significativas entre el proyecto dictaminado y el del PLP es que el nuevo no contempla el pago de una indemnización a los taxistas formales que deseen devolver la concesión al Estado.

El plan anterior dice que la indemnización se pagaría con los ingresos provenientes del cobro del 13% del impuesto al valor agregado (IVA). Incluso, se crearía un Fondo Especial de Servicios de Transporte remunerado de personas, administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Según confirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, actualmente los servicios de Uber y DiDi sí cobran el 13% de IVA, pero el proyecto de Campos lo reitera para acabar con cualquier discusión legal al respecto, indicó.

Ambos proyectos de ley sí conciden en obligar a los conductores a registrarse ante el Ministerio de Hacienda para el pago de los impuestos.

Otra gran diferencia es que el texto impulsado por Campos no establece el cobro de licencias a las operadoras de plataformas. La iniciativa anterior les cobraría un canon anual hasta de ¢46,2 millones cada cuatro años.

En cuanto a las cargas sociales, el proyecto del Liberal Progresista establece la obligatoriedad de los conductores de cotizar, pero “autoriza” a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a reglamentar un seguro a la medida, de acuerdo con las horas laboradas.

El diputado Campos aclaró que la empresa o el conductor podría optar por un seguro privado, mientras el requisito sea validado por la empresa intermediaria.

Para los taxistas por concesión, el nuevo proyecto permite la posibilidad de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fije tarifas máximas y se autoriza que el taxista arregle precios diferentes con sus clientes, siempre que lo haga dentro de una plataforma tecnológica.

El plan con más avance es más riguroso en cuanto a los términos y requisitos. Por ejemplo, pone en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la rectoría y registro de los conductores, mientras que, en el plan del Liberal Progresista, el cumplimiento de requisitos queda en cada empresa tecnológica.

Ninguno de los dos proyectos contempla o regula el servicio de entrega; así como tampoco las condiciones laborales de los conductores.

Rebeca Madrigal Q.

Rebeca Madrigal Q.

Periodista de asuntos políticos y de gobierno. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica.

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