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La comisión investigadora de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, sesionará de forma secreta. Así lo decidieron los diputados al alegar que la publicidad podía entorpecer la investigación.
De esta forma no se podrán conocer los testimonios de las personas llamadas a comparecer, los cuales se referirán al manejo que Crespo le ha dado a la Defensoría. La comisión debe emitir un informe el día 7 de setiembre.
“Siendo que la comisión de la defensora de los Habitantes podría conducir a una destitución y ante lo que señala el artículo 75 del Reglamento Legislativo, la publicidad de la misma podría violentar los derechos de los investigados. Si bien ese artículo tiene un recurso de inconstitucionalidad, el mismo no ha sido resuelto por la Sala, por lo que está vigente. Ante ello, dichas sesiones no serán transmitidas”, informó esta mañana el departamento de Prensa y Protocolo de la Asamblea.
El artículo 75 del Reglamento Legislativo señala: “Las sesiones de las comisiones serán públicas. No obstante, sus respectivos presidentes podrán declararlas privadas si lo estimaren necesario”.
María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta de la comisión investigadora, expresó que, debido a que se trata de un proceso sancionatorio-disciplinario, la sesión debe ser privada.
La legisladora dijo que se ampara en la Ley General de Administración Pública y en una consulta hecha por el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
“Se hace para resguardar el derecho constitucional de la confidencialidad de los datos sensibles que existen en el proceso. De no ser así, traería un vicio de nulidad por no haberle garantizado a la persona investigada”, manifestó Solís.
La legisladora enfatizó que les corresponde “investigar y analizar la denuncia, garantizar el debido proceso y emitir un informe”.
En la respuesta de la consulta hecha por el presidente de la Asamblea ante el departamento de Servicios Técnicos, esta oficina señala que el cargo de la defensora de los Habitantes es un asunto que “se considera de gran interés para el país”.
Este lunes asistieron a comparecer Laura Fernández, directora de la Defensoría de la Mujer; Álvaro Paniagua, director de Igualdad; Hazel Díaz, directora de Gobernanza Pública; y Jeannette Carrillo, directora del Instituto de Educación.
“Hoy acudimos a la Asamblea Legislativa ante la solicitud que hiciera la comisión que investiga a la señora defensora. Tres directoras y un director que formábamos parte del antiguo Consejo de Directores nos hicimos presentes para dar declaración a los señores diputados sobre las denuncias que anteriormente habíamos hecho”, expresó Jeannette Carrillo.
Carrillo expresó su aprobación por mantener las sesiones secretas en aras de llevar el mejor proceso para la investigación. Asimismo, expresó que espera la decisión final de los congresistas “contribuya a retomar el rumbo de esta institución en momentos tan difíciles que vive el país”.
Sala IV a favor de la transparencia
En el 2012, se declaró secreta una sesión donde se discutió el informe de comisión que dictaminó el levantamiento de la inmunidad al entonces diputado liberacionista Jorge Angulo.
Para esa ocasión, se procedió a desalojar la barra de prensa, y la ventana de la puerta del Plenario fue empapelada para que no observara lo que ocurría en el interior.
Ante esto el Colegio de Periodistas presentó ese año una acción de inconstitucionalidad, la cual fue declarada con lugar.
"El legislativo debe ser el poder más translúcido de todos los que integran el Estado, sobre todo cuando ejerce control político", citó la Sala en su resolución.
Asimismo, los magistrados estimaron que la Asamblea Legislativa procedió de manera inconstitucional al establecer, con base al artículo 191 de su reglamento, que la sesión sería secreta, contrario al artículo 117 de la Constitución Política, que establece como regla la publicidad de las sesiones legislativas independientemente de si se ejerce función legislativa o control político.
En ese momento la Sala estableció que, para que una sesión sea declarada secreta por el plenario legislativo, deben existir motivos jurídicos que obliguen a tomar una determinación “tan extrema” y que la decisión de sesionar, deliberar y votar un asunto en secreto estará sujeta al control de constitucionalidad.
El caso de Catalina Crespo
A Catalina Crespo, quien aun no llega a sus dos años al frente de la Defensoría de los Habitantes, se le investiga por presuntamente violentar el macroproceso de investigación en la pesquisa de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
En su investigación sobre la UPAD, se extravió el audio con la declaración del presidente Carlos Alvarado, hecho informado por la defensora dos meses después de conocerlo.
También, se conoció que este audio fue grabado por el teléfono personal del jefe de prensa de la Defensoría.
Asimismo, una funcionaria interna de la Defensoría relató a los diputados que Catalina Crespo solicitó eliminar del informe de la investigación el nombre del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
En junio, el Consejo de Directores de la Defensoría le solicitó a la defensora considerar la renuncia, tras escuchar las declaraciones de los técnicos que investigan la UPAD, llevándolos a catalogar la gestión de Crespo como un riesgo para la institución.
Este concejo de altos rangos fue suprimido tras una publicación de Crespo en el Diario Oficial La Gaceta, realizada el lunes 3 de agosto, sin contar con el criterio de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Defensoría.
Incluso, el supuesto criterio de la Contraloría General en el que Crespo fundamentó su decisión fue desmentido por esta última institución.
La jerarca también publicó en La Gaceta una actualización del macroproceso , pero, a última hora, agregó un artículo que no estaba avalado y que le da la potestad de alejarse del macroproceso cuando ella juzgue conveniente.
Recientemente se informó que, en el sistema informático de correspondencia de la Defensoría, creado para velar por la transparencia en la institución, se manejaban una serie de consultas catalogadas como confidenciales.
Dentro de los oficios confidenciales se encontraba una consulta hecha por Crespo el 10 de julio de este año, donde cuestiona si la Asamblea Legislativa es o no la institución superior jerárquica de la Defensoría de los Habitantes, en términos administrativos y disciplinarios.
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