Escuchar
Las fracciones legislativas acordaron este martes someter a valoración del plenario, en la sesión del miércoles, una vía para evitar que el Gobierno pierda un crédito de apoyo presupuestario de $250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Lo harían mediante moción de dispensa de todo trámite.
El país corre el riesgo de perder ese financiamiento si los diputados no lo aprueban en forma definitiva, antes del 17 de diciembre, cuando salen de vacaciones.
El contrato de préstamo, que se suscribió a través de un instrumento especial de desarrollo con el BID, el pasado 10 de julio, tiene una vigencia de seis meses para ser aprobado.
Ese tiempo vence el próximo 6 de enero, fecha en que los legisladores aún seguirían de vacaciones, por lo que el Poder Ejecutivo aceleró las gestiones esta semana en el Congreso, con la finalidad de que quede aprobado en segundo debate la próxima semana.
LEA MÁS: Costa Rica a punto de perder préstamo de $250 millones con BID: entidad niega prórroga
Luis Fernando Chacón, vocero de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que las fracciones acordaron la tarde de este martes, someter a valoración del plenario la posibilidad de votar un trámite rápido para el proyecto.
Para ello, primero se deberá presentar una moción de orden que dispense de todo trámite el expediente, este miércoles.
Si se aprueba, según el reglamento legislativo, el plenario queda habilitado para convertirse en comisión y discutir por el fondo la iniciativa de crédito.
Para acelerar su discusión, al día siguiente, el jueves 10 de diciembre, el plenario también estaría votando otra moción, en este caso de posposición, que permitiría discutir por el fondo ese mismo día el empréstito.
Enrique Sánchez, jefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), comentó que el interés del Gobierno es que se apruebe la dispensa de trámite este miércoles y, al día siguiente, pueda aprobarse en primer debate.
Si estas etapas se superan, el financiamiento quedaría aprobado en definitiva el martes de la semana entrante, calculó el rojiamarillo.
Sin embargo, el Gobierno deberá desplegar amplias negociaciones con las bancadas, dado que cada una de las dos primeras mociones se debe aprobar con 38 votos. La misma cantidad de votos se requiere para que el crédito quede aprobado en definitiva.
Chacón hizo ver que el acuerdo entre las fracciones es poder avanzar hacia un trámite rápido, sin que ello signifique un aval por el fondo a la iniciativa.
De hecho, insistió, la idea de avanzar es “ver si tiene los votos sobre el fondo”.
“Cada fracción tendrá tiempo de analizar el tema y poder definir posición el día miércoles”, indicó.
El empréstito tiene un plazo de siete años, tres de gracia y una tasa de interés anual estimada en 3,26%. El Gobierno lo requiere para atención a la pandemia y con miras a garantizar la estabilidad fiscal de Costa Rica, explicó días atrás el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Previo del acuerdo entre las fracciones, nueve diputados de la comisión de Hacendarios, decidieron abrir un espacio para que el Ejecutivo, precisamente, negociara con los diputados la posibilidad de ver directamente en el plenario el empréstito.
Sin embargo, al iniciar la sesión de este martes, la presidenta de Hacendarios, Silvia Hernández, aseveró que la “falta de previsión” de Zapote llevó a este escenario de correr a última hora, para que sea aprobado el expediente.
Ella justificó que, luego de haber entrado en el orden del día en la comisión, el 27 de agosto, se procedió a realizar las consultas de las instituciones y aprobar mociones que fijaban audiencias con jerarcas.
En 10 de setiembre, agregó la verdiblanca, se recibió en audiencia al titular de Hacienda y, en ese mismo mes, se recibieron el informe jurídico y las respuestas de las consultas de Mideplán, Banco Central y la Contraloría General de la República.
Paralelo a ese proceso, continuó la presidenta, la comisión se avocó a evaluar el presupuesto extraordinario del 2021 y otros dos presupuestos extraordinarios del 2020, los cuales tienen prioridad en la agenda por reglamento.
“La comisión tuvo que sesionar de forma extraordinaria para poder llevar a cabo las distintas audiencias requeridas en el marco de análisis de presupuesto 2021″, justificó la legisladora.
“Mi argumento sigue siendo el mismo, esto no es una discusión de falta de tiempo, lo cual sucede porque el Ejecutivo, quizás por descuido, aplica la misma receta: generar presión de última hora sin hacer el trabajo que le corresponde”.
“Pero la verdadera discusión de este tema es que no hay una ruta de consolidación fiscal, ni un acuerdo con el FMI claro. Si el PAC quiere que esto se dispense de trámite como se presentó en Hacendarios, que haga la negociación con las distintas fracciones y que a lo interno cada una decida la ruta”, comentó Hernández.
Su compañera de bancada, Ana Lucía Delgado, aseveró que, el 4 de diciembre, el BID comunicó a Hacienda que el plazo de vigencia del contrato no se podía prorrogar más allá del 6 de enero, pero esa cartera se lo comunicó a los legisladores tres días después.
“En virtud de los tiempos tan cortos que quedan para finalizar el año y la necesaria autorización que dicha prórroga requiere por parte del Directorio Ejecutivo del BID, la vigencia del contrato no se pudo ampliar”, subrayó Delgado.
Según esta diputada, Hacienda, sabiendo que la discusión de los presupuestos absorbía la mayor parte del tiempo en ese foro, debió gestionar con antelación la prórroga.
Si se avanza en un trámite rápido, Delgado dijo que planteará con firmeza en el plenario dos asuntos que son de absoluta relevancia.
Que los recursos sean exclusivamente para el canje de deuda barata por otra cara y que los ahorros por intereses sean descontados del Presupuesto Nacional.
La misma posición evidenció el diputado republicano Otto Roberto Vargas. “La condición para apoyar ese préstamo es que sea para canje de deuda y el ahorro no se incorpore al gasto”, expuso el legislador.
Rodolfo Peña, vocero del PUSC, expresó que, durante una reunión de los jefes de fracción con el presidente Carlos Alvarado, el jueves pasado en Zapote, él le advirtió al mandatario que la mayor parte de su bancada no apoyará ningún préstamo que no sea para canje de deuda.
“Y sobre todo que cada préstamo lleve una coletilla donde se indique que lo que se economice no puede ser reutilizado para presupuesto o para gasto corriente”, indicó el socialcristiano a La Nación.
Los legisladores que buscan ese objetivo deberán enfocarse en los detalles. El contrato dice que el empréstito sería para incorporarlo al presupuesto nacional, sustituyendo fuente de financiamiento.
Esa sustitución es una de las formas de canje de deuda, al utilizar en gasto un crédito externo suscrito en condiciones favorables, en vez de acudir al mercado local a financierse con tasas más elevadas.
Pero lo que Delgado pretende es que el crédito sirva para pagar deuda interna actual por la que se costean los más altos intereses.
Laura Guido, diputada del PAC, expresó que plantear una ruta de dispensa parte del reconocimiento que el financiamiento externo se obtiene a tasas más baratas que la deuda interna.
“El ahorro anual sería cerca de $10 millones, condiciones que son inalcanzables en el mercado interno. Reconociendo que el presupuesto 2021 depende de un 55% de deuda, la discusión no es si el país se va a endeudar sino a qué condiciones y dónde se pueden optimizar recursos mediante el canje de deuda”, manifestó.
