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Mientras unos reaccionan con cautela, otros se desmarcan. Así se pronunciaron los diputados de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN) ante el conflicto en que entraron Carlos Avendaño, presidente de la agrupación y jefe de la bancada legislativa, y el excandidato presidencial Fabricio Alvarado.
El choque se da en torno a los reclamos de tres empresas porque el comité ejecutivo no quiere pagarles servicios que dieron a la campaña electoral de Alvarado; este último, incluso, ha tratado de interceder en favor de una de esas firmas, la de su primo, Luis Alonso Naranjo.
La Nación logró consultarles a nueve de los 14 parlamentarios si avalan la posición de Carlos Avendaño, quien alega que no puede pagar los servicios de esas empresas porque que no hay contratos firmados ni documentos contables.
De hecho, Avendaño llevó el asunto, este lunes, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que este órgano determine si durante la campaña electoral operó una “estructura paralela” en el partido, dentro del comando de Fabricio Alvarado.
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De los 14 diputados que el PRN llevó al plenario del Congreso esta vez, los que podrían ser más cercanos a Fabricio Alvarado son Jonathan Prendas, de Heredia, quien fue prácticamente la mano derecha del excandidato durante los años que estuvo en la curul (mayo del 2014-febrero del 2018), e Ivonne Acuña, quien era la candidata a vicepresidenta de la fórmula de Alvarado.
Prendas afirmó: "Prefiero no adelantar criterio, no referirme al tema. Eso es algo que el comité ejecutivo está tratando de manera específica, ante el TSE, y hay que esperar a ver cómo avanza, si los señores magistrados aceptan la investigación, y el consecuente proceso".
"La fracción del PRN está siendo cauta en ese tema, ayer el señor presidente de Restauración, diputado de nosotros, hizo una conferencia de prensa a título de presidente, no de diputado, y a raíz de eso estamos recabando información, averiguando qué pasó.
"Nosotros no teníamos vínculo con la parte administrativa, ni con la parte de la administración de la campaña, por eso no podemos referirnos a eso. ¿A quién respondemos? Respondemos al pueblo. Nosotros tenemos una cercanía muy fuerte con Fabricio, ustedes saben que es asesor ad honorem de la fracción y tenemos una excelente relación con él. Sobre lo que se está ventilando, hay que esperar a ver qué pasa".
En tanto, Ivonne Acuña aseguró que ni siquiera a los que acompañaron a Alvarado en la papeleta presidencial, ella con Francisco Prendas, les compete resolver los reclamos de las empresas.
“Le compete al comité ejecutivo del partido y a don Carlos, en su calidad de presidente”, comentó la legisladora, y agregó que los miembros de la fracción tienen muchos temas, entre ellos el paquete fiscal y la agenda de consenso de proyectos de ley.
“No es lo más adecuado que nosotros nos metamos ahora en ese tema. Somos diputados de la República y los cuestionamientos se hacen al partido, como tal, es el comité ejecutivo el que debe responder”, indicó Acuña.
“Es que todo lo que tiene que ver con pagos de los servicios para la primera y segunda ronda, es un asunto del comité ejecutivo. No conocemos bien las declaraciones que han dado, solo un poquito, no en su totalidad”, dijo Harllan Hoepelman, diputado por San José.
El mismo argumento lo repitieron Ignacio Alpízar, Mileidy Alvarado, Eduardo Cruickshank, Marulin Azofeifa, Giovanni Gómez y Floria Segreda.
Hoepelman añadió que han visto que tres o cuatro compañías están haciendo reclamos parecidos, y que ellos como parlamentarios esperan que sea “el comité ejecutivo el que termine las negociaciones como se debe”.
“Estamos enfocados en nuestro trabajo en la Asamblea”, añadió Hoepelman y dijo que, de todas formas, es Carlos Avendaño el jefe del partido, por lo que les compete a él y al comité ejecutivo ver esos asuntos administrativos.
Ignacio Alpízar, incluso, cortó la llamada que le hizo este medio, luego de asegurar que él no se iba a referir a ese asunto y que no quería hacerlo.
De acuerdo con Mileidy Alvarado, diputada del PRN por Guanacaste, había un reglamento al que las empresas se tenían que ceñir.
“Todo trámite se hace conforme al reglamento o, si no, el TSE lo define, conforme a la ley. Hay un campo administrativo y es el Tribunal el que tramita todos los documentos, ese es el orden”, comentó la guanacasteca.
El reclamo que genera polémica en Restauración vino después de que se supo que la empresa Opol C y C remitió al Tribunal un cobro por servicios no pagados, con una factura de ¢18 millones, por servicios de la encuestadora Opol Consultores.
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Luego, la compañía Crescendo Mercadeo y Publicidad, del cantante Luis Alonso Naranjo, primo hermano de Fabricio Alvarado, demandó el pago de ¢115,5 millones por la producción de 123 videos, fotografías, la composición de la canción de la campaña, la producción de las transmisiones en vivo por Facebook y el manejo de la agenda de Alvarado.
La factura más reciente la presentó el exjefe de campaña del candidato, Juan Carlos Campos, quien reclama el pago de $300.000, a pesar de que durante la peripecia electoral aseguraba que él le daba sus servicios ad honorem a Alvarado.
Él alega que cobra para pagarles a otras empresas que contrató.
'Es asunto del partido'
El diputado limonense Eduardo Cruickshank enfatizó, primero, que es un asunto de la estructura del partido y, segundo, que él no forma parte del Directorio.
“Yo no tengo los entretelones del asunto, yo dirigí la campaña en la provincia de Limón y me dediqué a entregar la provincia ganada, en primera y segundar rondas. No puedo emitir una opinión porque no tengo parámetros para hacerlo”, argumentó el congresista.
Eso que lo resuelvan, dijo Cruickshank, las personas a las que les toca, pero adujo que él no sabe quiénes son.
Marulin Azofeifa, también de Limón, se arriesgó un poco más y afirmó que lo más conveniente es manejarlo como lo ha hecho Avendaño, pero apuntó que era más conveniente, para ella, recibir consultas por vía de correo electrónico.
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“Que el reclamo lo resuelva don Carlos, los representantes del partido como tales. Es un asunto administrativo, no me compete dar ninguna declaración”, indicó Azofeifa.
La josefina Floria Segreda explicó que ellos, como candidatos a diputados en su momento, y diputados electos luego, no tenían injerencia en los asuntos de manejo de la campaña.
“No nos corresponde opinar. Hay un proceso establecido y no es conveniente que ellos divulguen información”, apuntó Segreda.
El puntarenense Melvin Núñez respondió por vía de Whatsapp, ante la consulta sobre si avala las acciones de Avendaño, con este mensaje: "Solo el secretario ejecutivo y el presidente están autorizados para hablar de ese tema".
