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Siete legisladores de Gobierno se aferran a continuar representando al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y rechazan ser considerados como independientes, luego de que la agrupación política que los llevó al poder los expulsó este lunes al retirarles la militancia partidaria.
“Nada de independientes, absolutamente nada. Nosotros seguimos siendo la fracción oficialista por mandato del soberano, no porque el partido Progreso así lo dispuso”, argumentó la diputada Pilar Cisneros.
Cisneros reaccionó de esta forma a la determinación del Comité Ejecutivo del PPSD de sacar de sus filas a los nueve diputados que dieron su apoyo público a la agrupación política Aquí Costa Rica Manda (ACRM), por considerar que dicha manifestación constituye una doble militancia.
La salida de estos legisladores de la fracción del PPSD implicaría que perderían acceso a recursos públicos como los asesores de bancada.
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Las declaraciones de Cisneros fueron acuerpadas por los legisladores Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Paola Nájera, Daniel Vargas y Alexánder Barrantes.
No estuvieron presentes Ada Acuña, por un compromiso previo, y María Marta Padilla, cuya ausencia no supo justificar el resto de compañeros.
Manuel Morales, por su parte, indicó que solo acatarían comunicados oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la vez que reiteró que ellos siguen siendo fracción legislativa.
“Una cosa es el partido político y otra es la fracción legislativa. Nos podrán sacar o expulsar del partido político, pero seguimos siendo fracción legislativa. Para que dejemos de ser fracción legislativa, nosotros mismos deberíamos renunciar a la fracción, cosa que no vamos a hacer”, expuso Morales.
“Del partido si quieren nos echan, de eso no tenemos problema; en la fracción legislativa, nos mantenemos”, añadió.
Alegan ausencia de un debido proceso
El bloque de legisladores acusó a la cúpula partidaria de no haber gestionado el debido proceso, previo a determinar su expulsión. Alegan que no se les comunicó debidamente la convocatoria de audiencia, ni se les dio la información necesaria para hacer sus respectivos descargos.
Al respecto, Luz Mary Alpízar, presidenta de la agrupación y quien quedaría como única integrante de la fracción del PPSD, explicó que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando las evidencias sobre una doble militancia son contundentes, un partido no está obligado a seguir un procedimiento con garantías del debido proceso para suspender la condición de militante de una persona, si esta ejerce algún derecho en otra agrupación.
Precisó que, por correo electrónico, el partido instó a renunciar a los nueve legisladores, por solicitud de la Asamblea Nacional, y les otorgó dos días de audiencia la semana pasada, pero solo María Marta Padilla acudió. Los demás no contestaron.
A su vez, el bloque cuestionó que, en la decisión final, participara Luis Arturo Chavarria, secretario general y esposo de Alpízar.
“Incluso, los jueces cuando tienen un conflicto de intereses piden separarse del caso. En esta situación, el señor que es secretario del partido y esposo de la presidenta del partido, como juez y parte, decide llamarnos a cuentas y, además, insistentemente, que le firmemos una carta de renuncia, ¿no son eso señales de autoritarismo?”, cuestionó Paola Nájera.
“Nosotros lo que pedimos es seguir siendo la voz del Gobierno en la Asamblea Legislativa”, agregó.
Los legisladores también objetaron que la cúpula partidaria justificara la expulsión en una “renuncia tácita” de parte de los nueve legisladores, por considerar que dicho criterio no cuenta con asidero legal.
“¿Eso qué es? Es una interpretación porque no hay ninguna ley o norma, o reglamento del partido que lo justifique”, indicó Cisneros.
Pasos a seguir
Consultados sobre los pasos a seguir, los legisladores señalaron que aún estaban a la espera de ser notificados oficialmente por el partido, ya que se habían enterado de la decisión por medio de las noticias de la prensa.
“No hay nada que apelar, porque no hay nada que nos obligue o que les dé la razón a ellos para expulsarnos del partido; no hay ningún comunicado”, puntualizó Cisneros.
De forma similar se expresó Paola Nájera, quien indicó la necesidad de primero contar con el detalle de los decidido y lo argumentado, antes de tomar una decisión sobre la ruta a seguir
“Por ahora necesitamos que se nos comunique exactamente qué pasó, qué se decidió, en cuáles términos, para nosotros valorar la situación y definir los mejores escenarios para proceder”, acotó .
El pasado 24 de setiembre, la Asamblea Nacional de Progreso acordó pedir la renuncia a nueve diputados de los diez que integran su fracción legislativa, por considerar que incurrieron en doble militancia al participar, el 5 de agosto, en una actividad en la que anunciaron su apoyo público a ACRM, agrupación que preside Federico Cruz Saravanja, asesor del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
