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Los nueve diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto del Congreso exigieron al Poder Ejecutivo la salida de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, al determinar que la funcionaria recibió, durante 30 meses, un plus del 65% sobre su salario, sin contar con los requisitos necesarios.
Además, los legisladores llaman a la administración de Casa Presidencial para que se asegure la devolución del dinero que habría recibido de forma irregular la funcionaria desde que asumió labores en este gobierno, y que llega a cerca de ¢33 millones.
El informe se dio a conocer la tarde de este jueves en el Salón de Beneméritos de la Patria, en el Congreso, donde los legisladores también se refirieron a la ilegalidad en un plus similar que recibió la hoy exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos.
El documento fue firmado por Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Epsy Campbell y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Julio Rojas y Rolando González, de Liberación Nacional (PLN); Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Otto Guevara del Movimiento Libertario, Jorge Arguedas, del Frente Amplio y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense.
Los legisladores señalan a Zúñiga por haber recibido el plus salarial a pesar de no tener el título de licenciada en Derecho, ni estar inscrita en el Colegio de Abogados de Costa Rica, pese a que así lo obliga la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Redondo recalcó que no se justifica el accionar de la viceministra, pues durante el primer año del gobierno de Luis Guillermo Solís se dio a conocer la irregularidad, también en el pago por prohibición, a la viceministra de Gobernación, Carmen Quesada. Ella tuvo que llegar a un acuerdo con la Administración para devolver el dinero pagado de más.
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A criterio de los legisladores, lo sucedido era suficiente para que se hiciera una efectiva revisión de los pluses salariales, tal y como lo anunció el Poder Ejecutivo cuando salió a la luz el escándalo por los sobrepagos para Quesada.
De acuerdo con Redondo, el hecho de que los nueve diputados de siete bancadas distintas firmaran el informe refleja la contundencia política del hecho, así como el peso que esto debería tener en la reflexión de la Presidencia de la República, a la hora de valorar lo vertido allí por los congresistas.
El informe también pide que se haga una efectiva implementación de la directriz hecha pública el 23 de febrero pasado por el Ministerio de Comunicación, en el que el presidente Solís ordena la revisión de los pluses en ministerios e instituciones autónomas.
"La Directriz 065-P instruye a los jerarcas de los Ministerios y de las Instituciones Autónomas y Semiautónomas para que ordenen a las oficinas de Recursos Humanos realizar “una revisión integral de los pluses salariales recibidos por el personal de la institución, a efectos de verificar que se ajuste a los requisitos legales correspondientes", señaló Casa Presidencial al dar a conocer la orden.
El informe de la comisión legislativa sale a la luz apenas un día después de que La Nación hiciera público un informe de la Procuraduría General de la República en el cual se señala la ilegalidad del pago por prohibición para funcionarios que no cuenten con los requisitos establecidos en la Ley contra la corrupción.
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El 21 de febrero, en conferencia de prensa, la viceministra Zúñiga resaltó que no iba a "repensar el pago", que recibía, por considerar que el mismo se encontraba acorde a la ley.
"En mi caso en particular no voy a repensar el pago, insisto, el pago de prohibición está apegado a la legalidad, a lo que establecen dos normas, que son leyes vigentes de la República en este momento: La Ley de (Compensación de la) Prohibición y la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito", dijo en esa ocasión.
"No hay una resolución específica respecto de mi caso, que indique que el pago es irregular", añadió Zúñiga, con una posición que fue calificada como de "soberbia" por parte de los legisladores.
En ese momento, también indicó que si una resolución formal establecía la ilegalidad del pago, ella renunciaría al mismo.
"Si hay una administración que ha sido vehemente, contundente, congruente, con impulsar la agenda de transparencia y apertura al acceso a la información, es esta, y aquí estoy rindiendo cuentas, y seguiré rindiendo cuentas. Muchas gracias", puntualizó la funcionaria en esa ocasión.
Desde entonces, Zúñiga no se ha referido más al tema. La noche del miércoles, luego de una consulta de este diario, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, indicó que el informe de la Procuraduría sería revisado por el departamento legal de Casa Presidencial, para tomar las medidas correspondientes.
Tres casos, tres viceministras
El gobierno de Luis Guillermo Solís se ha visto enredado en escándalos por sobrepagos a tres viceministras, de tres ministerios diferentes: Gobernación, Vivienda y Presidencia.
En el caso de Gobernación, la viceministra Carmen Muñoz recibió, durante el primer año de gobierno, un plus equivalente a ¢11 millones por concepto de prohibición profesional, esto a pesar de que no cuenta con título universitario.
La exviceministra Ana Cristiana Trejos se vio en una situación similar, y si bien renunció a su puesto y se comprometió a devolver los cerca de ¢11 millones que recibió de forma irregular, el Gobierno la colocó en la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El caso de Zúñiga fue el último, y en el que se dio más resistencia por parte de la funcionaria, al punto de que aún, la Presidencia no resuelve qué hacer con ella.
