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Diputados de oposición cuestionaron la propuesta de referéndum que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó este miércoles al Congreso, por las modificaciones que plantea a las funciones de la Contraloría General de la República y a la regulación de la contratación pública.
La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, advirtió de que el texto “parece ser una propuesta más enfocada en atacar la Contraloría”. Igualmente, expresó preocupación de que la iniciativa pueda debilitar la Ley de Contratación Pública.
“Las propuestas deben ser en beneficio de los costarricenses, que busquen la transparencia, un buen manejo de los recursos y que no debilite los controles internos que tiene el país”, indicó la parlamentaria.
Carballo aclaró que su bancada, conformada por nueve legisladores, no se opone a la discusión de un referendo, pero agregó que eso no quiere decir que vaya a respaldar “cualquier idea que tenga el presidente que pueda ser hasta cierto punto populista”.
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Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN, el cual cuenta con 19 diputados), dijo a La Nación que el proyecto denota una intención del gobierno de intervenir en los controles que regulan a la administración pública.
“Por lo que podemos interpretar y ver del gobierno actual, es flexibilizar controles, al punto de invisibilizar a la Contraloría, con lo cual, de antemano, debemos de pronunciarnos, considerar o manifestarnos que no estamos de acuerdo”, expresó el verdiblanco.
Diego Vargas, líder de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP, con seis diputados), también dijo tener preocupaciones de que los cambios impulsados por el presidente Chaves puedan restarle a la Contraloría las capacidades para evitar que las contrataciones públicas terminen siendo “trajes a la medida”.
“Siempre nos quedan algunas preocupaciones. En la adjudicación de contratos, han ocurrido situaciones que rayan en corrupción y la Contraloría ha tenido que ser la que está pendiente de que la ley se cumpla para no hacer trajes a la medida o adjudicaciones por amiguismo”, aseveró.
Vargas abogó por encontrar un balance entre la eficiencia y “un control sano”, para que una vez superados los filtros necesarios, los proyectos puedan ser adjudicados en tiempo y forma.
El presidente Chaves y la ministra de Planificación, Laura Fernández, negaron que el proyecto de referendo vaya a debilitar las competencias de la Contraloría. En conferencia desde la Casa Presidencial, afirmaron que los cambios más bien fortalecen al ente fiscalizador.
Análisis legal y responsable
Los legisladores destacaron la necesidad de hacer una revisión cuidadosa de la propuesta y de los efectos que podría tener para el país.
En ese sentido se pronunció el vocero de la fracción del PLN, Óscar Izquierdo. “Reiteramos que debemos tomarnos muy en serio el resguardo de la ciudadanía y de nuestro país. Por eso, es de suma importancia garantizar el respeto a la legalidad que hace el presidente y quien sea, ante el Congreso”, destacó.
De forma similar, la diputada independiente Gloria Navas mencionó la importancia de analizar el proyecto de forma profunda y responsablemente, “porque toca competencias de la Contraloría, que a su vez devienen de normas y principios constitucionales”, como los deberes y atribuciones del ente fiscalizador.
Pablo Sibaja, jefe de bancada de siete diputados del Partido Nueva República (PNR), también señaló que su fracción hará una revisión del proyecto por considerar que este “elimina” una serie de responsabilidades a la Contraloría.
Sibaja defendió la labor que realiza el órgano contralor en la corrección de errores de proyectos, lo que, en su opinión, se ha traducido en que el dinero de los costarricenses haya sido bien invertido.
Mientras, Kattia Cambronero, integrante del PLP, cuestionó que el gobierno generara expectativas sobre una propuesta para impulsar la llamada “economía jaguar”, pero que, en realidad, el plan de referendo solo incluyera reformas administrativas. El Ejecutivo tituló su iniciativa como “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”.
“El problema económico de Costa Rica no es responsabilidad de la Contraloría; sin duda, el sistema de contratación pública requiere ser más rápido y ágil, mas no debilitarse”, expresó.
Cambios promovidos por el gobierno
El plan del gobierno pretende modificar los artículos 4, 11, 12, 17, 22 y 38 de la ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR). Estas variaciones impedirían al ente contralor revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar en forma posterior.
Asimismo, el proyecto retira a la Contraloría su potestad de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecta irregularidades o ilegalidades en las contrataciones.
