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Los diputados empezaron a correr, este miércoles, para frenar el aumento que recibirían en sus salarios este mes de mayo, después de que expiró el congelamiento establecido en la reforma fiscal de diciembre del 2018.
Las gestiones para frenar el incremento se produjeron a raíz de una publicación del Diario Extra sobre la reanudación de los incrementos salariales de los congresistas, quienes tienen un salario de ¢4 millones al mes.
De hecho, para las 2 p. m. de este miércoles, el Poder Ejecutivo metió en la agenda legislativa el proyecto firmado por 38 legisladores para frenar ese incremento y, de inmediato, el plenario aprobó de forma unánime una moción para dispensar de los trámites la iniciativa legal. Eso permitiría aprobarla este jueves.
La administración del Congreso negó que el aumento sea de ¢48.000 y alegó que esa es una interpretación de algunos funcionarios en el departamento Financiero de la Asamblea Legislativa.
De hecho, Antonio Ayales, director ejecutivo del Poder Legislativo, solicitó este miércoles un criterio de interpretación al departamento de Asesoría Legal para que haga una lectura más exacta de la ley 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El jerarca administrativo sí puntualizó que el incremento solo sería con base en la inflación entre enero y abril de este 2021, por lo que sería, según sus cálculos, como máximo de ¢9.000.
Mientras tanto, las fracciones políticas corrieron a firmar un proyecto de ley, redactado por José María Villalta, del Frente Amplio, para mantener el congelamiento de sus remuneraciones.
La iniciativa legal dice que las remuneraciones de congresistas seguirán congeladas en el escenario de una alta deuda pública, o sea, como lo dice el escenario del artículo 11 de la ley 9635, que es cuando la deuda pública supere el 60%.
El ajuste firmado por casi 40 parlamentarios hace reformas tanto en la Ley de remuneración de los diputados como en la Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Silvia Hernández: País no está en condiciones para un aumento
La presidenta del Directorio, Silvia Hernández, manifestó que no hay claridad sobre el monto del aumento, pero enfatizó que Costa Rica no está en condiciones para un aumento, sea el monto que sea. “No puede darse”, acotó.
Aunque está claro que ni los diputados ni el Directorio promovieron ese incremento, Hernández negó totalmente que se haya promovido desde el cuerpo que ella preside. Ella recordó que fue precisamente Villalta quien había promovido la moción que congeló los salarios en el marco del plan fiscal.
Tal como se lo explicó Ayales a la jerarca del Congreso, el congelamiento que hoy está vigente en la ley 9635 no dice expresamente que se pueda aplicar a remuneraciones por dietas, por lo que la liberacionista enfatizó que se hace más necesaria la reforma legal que frene su incremento.
“En el caso mío, eso no se ha llevado al Directorio en el periodo en que he asumido esta labor. Con franqueza, le digo que ese es un tema que no sabía yo”, agregó.
No obstante, el anterior presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, respondió a La Nación y lo confirmó José María Villalta que él sí había advertido a los jefes de las fracciones legislativas, días antes de dejar la presidencia, que se venía ese aumento.
Villalta no solo dijo que ese aumento se daría “sobre mi cadáver”, sino que indicó que ya tenía algún tiempo preparando el proyecto de ley.
“Hay un ambiente para que ese proyecto se vea de forma inmediata”, informó Hernández.
A la vez que firmaban la iniciativa, numerosos congresistas manifestaron espontáneamente su rechazo al incremento automático que les llegaría a final de mes. Así lo hicieron los liberacionistas Luis Fernando Chacón, Wagner Jiménez y Franggi Nicolás, por ejemplo.
Laura Guido, jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), manifestó que no hay ánimo en las fracciones de recibir ningún incremento. “Las fracciones están claras, especialmente la del PAC. Es el espíritu que percibimos. No es momento y sería una pésima señal para el país. No habrá aumento”, agregó.
La socialcristiana María Inés Solís alegó que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se había percatado, dos semanas atrás, de ese aumento y adujo que estuvieron trabajando en la redacción de un proyecto de ley que, supuestamente, las órdenes sanitarias por covid-19 habían frenado.
“No vería a ningún compañero o compañera interponiéndose para que este proyecto avance con la celeridad que se requiere”, indicó.
Nota: Artículo actualizado a las 4:30 p. m. con las gestiones hechas por el Ejecutivo y el plenario para agilizar el trámite del proyecto.
